El gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley “Internet para la equidad”, con el que busca declarar el acceso a la conectividad como un derecho fundamental y establecer nuevas bases para cerrar la brecha digital en el país. La iniciativa, sin embargo, está cargada de contradicciones que nos retroceden a los tiempos de la (por estos días) tan añorada Telecom.
Julián Molina, actual ministro de las TIC, entregó a la Comisión VI de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 193 de 2025, al que describió como una iniciativa para “convertir el Internet fijo en un servicio público domiciliario y garantizar que sea un derecho fundamental para todos los colombianos”.
Para ello, la propuesta establece que los hogares de estratos 5 y 6, junto con las medianas y grandes empresas, paguen el 30 % adicional en sus tarifas de internet fijo. Con esos recursos se subsidiaría el acceso para los hogares de estrato 1, que tendrían una tarifa especial cercana a los $35.000, según las cuentas de Molina.
Pero más allá de las buenas intenciones, la realidad es que el gobierno pretende llevar al sector a un modelo de servicio público domiciliario diseñado para monopolios o servicios estáticos; aborda la falta de acceso mediante un subsidio que cubre a una fracción de los hogares, e impacta la competitividad de las medianas y grandes empresas del país, entre otros puntos que incorporan las 31 páginas del documento.
La categorización de Internet fijo como un servicio público domiciliario esencial es una clara involución regulatoria que lleva al sector a un estado previo a la Ley TIC (1341) de 2009, el marco legal diseñado para fomentar un entorno dinámico y competitivo, desconociendo los avances logrados en materia de atracción de capital, flexibilización regulatoria y expansión de servicios.
La decisión de que las telecomunicaciones fijas dejarán de considerarse un servicio domiciliario respondió en su momento a la naturaleza del sector: una industria en permanente transformación y dinámica, cuya competitividad influye directamente en el crecimiento y renovación de la red, muy distinta a la lógica de la Ley 142, concebida para regular servicios más estables como la energía y el acueducto.
Con la Ley 2108 de 2021, Colombia ya dio un salto trascendental al declarar el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal, lo que implica una obligación del Estado para garantizar su prestación continua y prioritaria.
A esto se suma la reciente norma que declaró de utilidad pública e interés social el tendido, construcción y operación de redes TIC, (Ley 2416 de 2024, firmada por el presidente Gustavo Petro) equiparándolas en importancia a servicios como la energía eléctrica o el acueducto. En conjunto, estas dos leyes dotan al país de un marco jurídico sólido, que reconoce la centralidad del Internet en la vida cotidiana y, al mismo tiempo, elimina trabas para acelerar el despliegue de infraestructura.
Por eso es cuestionable que se insista en nuevas figuras regulatorias que son un evidente retroceso al intentar transformar el Internet fijo en un servicio público domiciliario bajo un esquema que ya demostró sus limitaciones.
El subsidio
Como ya se mencionó, el proyecto propone una sobretasa del 30 % al servicio de Internet fijo para los hogares de estratos 5 y 6 y para las medianas y grandes empresas. Según cálculos del propio Gobierno, este esquema solidario recaudará cerca de 37.500 millones de pesos mensuales, suficientes, según sus cuentas, para subsidiar más de un millón de accesos destinados a los hogares más vulnerables.
Según la Encuesta ENTIC del DANE (2024), de un estimado total de 17,5 millones de hogares en el país, 9,05 millones no cuentan con conexión fija a Internet. De ellos, el 45 % señala el costo como la principal barrera de acceso, mientras que el 55 % restante no se conecta por razones no económicas, como falta de habilidades, desconocimiento, baja percepción de utilidad, ausencia de cobertura o deficiencia en la calidad del servicio.
El subsidio propuesto, aunque ambicioso en cifras, no cubre la magnitud del problema y deja sin solución a una gran porción de la población desconectada.
Por otro lado, ¿es necesario imponer un nuevo impuesto al acceso a Internet, clave para la productividad nacional, mientras el gobierno dispone de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), creado precisamente para impulsar el desarrollo del sector y reducir la brecha digital?
Las medianas y grandes empresas, cuyos márgenes están lejos de ser tan amplios como supone el Ejecutivo, ya enfrentan una elevada carga tributaria y altos costos operativos. Gravar el acceso a Internet significa encarecer un insumo esencial para su competitividad y limitar la adopción de herramientas digitales, en lugar de impulsar la innovación y la transformación productiva.
Por último, el Artículo 14 del proyecto abre la puerta para que la CRC defina topes tarifarios en los planes de Internet fijo, bajo el argumento de garantizar la asequibilidad. Sin embargo, cualquier control de precios en un sector que ya enfrenta una crisis financiera y asume costos elevados para desplegar infraestructura en zonas apartadas, es un desincentivo para la inversión, lo que afecta justamente a las regiones donde más se necesita ampliar la cobertura.
Más que crear cargas adicionales o duplicar instrumentos, la verdadera responsabilidad es del Estado para cumplir con sus obligaciones y promesas, y hacer cumplir las normas que ya existen: optimizar el uso del FUTIC, ejecutar con eficiencia los planes de última milla, asegurar la coordinación entre Nación y territorios, y promover la inversión privada sin asfixiarla con contribuciones desproporcionadas. Con las herramientas legales vigentes, el camino hacia la universalización del Internet ya está definido; lo que falta es gestión y voluntad política para hacerlo.
