Con la probable salida de Telefónica, el operador que sacó del caos burocrático y tecnológico a las comunicaciones nacionales administradas por la antigua Telecom, que desde comienzos de este siglo se convirtió en Colombia Telecomunicaciones (COLTEL), y el eventual retiro definitivo del Estado como socio en un negocio que le resulta cada vez menos estratégico en su agenda económica y política, todo está dispuesto para que se avance con la anunciada consolidación de las telecomunicaciones en Colombia.
Puede decirse que ya hubo un primer periodo de consolidaciones cuando varios servicios, como telefonía fija, televisión e Internet, comenzaron a prestarse bajo una misma marca. Ahora, se produce una nueva fase mediante lo que probablemente será una fusión por absorción entre el segundo y el tercer operador para competir de manera efectiva en un mercado profundamente descompensado a favor de un solo jugador, el único que reporta utilidades, Claro (América Móvil).
Esto generará, además de equilibrio, sinergias que permitirán a la nueva empresa reducir costos de licencias, proporcionar la escala necesaria para impulsar mejoras en la infraestructura, como el despliegue de 5G, y transferir esos beneficios a los consumidores.
El proceso público comenzó con el anuncio de Millicom (Tigo) sobre la firma de un acuerdo no vinculante con Telefónica para la compra de su participación en COLTEL (que opera por medio de la marca Movistar); además de las ofertas respectivas por las acciones de la Nación en esa sociedad, y la mitad de propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo-UNE, donde son socios.
Según el comunicado que Millicom publicó el pasado 31 de julio, ese holding de comunicaciones planea invertir alrededor de 1.000 millones de dólares en los 3 tratos. El más avanzado es la adquisición de los principales negocios de Telefónica en Colombia, que incluyen el 67,5 % de COLTEL, con todos sus servicios fijos y móviles, así como la participación de ésta en OnNet Fibra (40 %), por 400 millones de dólares. Esto indica que la oferta para el Estado colombiano por el 32,5 % de sus acciones está en torno a los 195 millones de dólares. Lo que dejaría una valoración entre 350 y 400 millones de dólares para el 50 % más una acción de EPM en Tigo-UNE.
¿Qué viene ahora?
En el caso de Telefónica, cuya operación local tuvo el mejor EBITDA en la región el trimestre pasado, ya hay un acuerdo no vinculante sujeto a la firma de los convenios definitivos entre las compañías y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes en España y Colombia.
En una declaración pública, Telefónica Hispanoamérica, presidida por Alfonso Gómez Palacio, manifestó que desde 2019 han trabajado para rentabilizar su negocio en la región, por lo que han llevado adelante acuerdos con terceros para el despliegue conjunto de fibra óptica y la evolución de redes móviles hasta 5G a través de modelos de compartición de infraestructura, como el que actualmente tienen con Tigo en el país.
Si bien la empresa señala que estas medidas lograron estabilizar el negocio en Colombia, reconoce que el alto nivel de concentración que tiene el sector obliga a ganar escala, y para eso “el mejor camino es una integración que genere un actor con tamaño, redes y ofertas para beneficio de nuestros clientes”, concluye.
En cuanto al segundo accionista de COLTEL, el Estado, encabezado por el Ministerio de Hacienda, señaló en un comunicado que está realizando un “estudio estratégico y financiero” de la oferta. Si bien habrá voces contrarias a la venta de la participación, la propuesta llega en momentos de estrechez fiscal, lo que la hace muy atractiva, ya que probablemente no se presente una ocasión similar en un futuro cercano.
Por el lado de EPM, ya está listo lo más importante que es la voluntad política del Alcalde Federico Gutiérrez, sin embargo tendrán que cumplirse los pasos correspondientes: aprobación del Concejo de Medellín, la valoración por parte de una banca de inversión, aplicar la primera fase de la Ley 226, que reglamenta la enajenación del patrimonio público, ofreciéndo las acciones al sector solidario y a los empleados, y luego la negociación con el socio, Millicom.
La última palabra, particularmente en la fusión de Tigo y Movistar, la tendrá la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a cargo de Cielo Rusinque.
Si bien los reguladores son escépticos sobre los acuerdos que eliminan a un competidor, el contexto de la industria, tanto a nivel local como internacional, tiende hacia esta dinámica, la cual se produce para lograr sinergias que permitan reducir costos y compensar la caída en los ingresos de estas empresas.
Además, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, ha manifestado en repetidas ocasiones una opinión positiva hacia la recomposición de la industria mediante fusiones y adquisiciones que le devuelvan la solidez perdida. Esto demuestra que el gobierno comprende que, después de años aplicando medidas regulatorias inocuas, esta es la última opción, para evitar situaciones como la panameña, donde un operador abandonó el país por la inviabilidad de su operación.
Como sucede en México, donde hay 2 principales operadores privados de red móvil, América Móvil (Telcel) y AT&T, Colombia tendrá sus 2 grandes operadores, con Claro como el de mayor tamaño (ya que, aun sumando a los clientes de Tigo y Movistar, no lo superan), además de varios competidores más pequeños que dinamizarán la industria. Mientras tanto, las redes fijas, al igual que en México, tendrán un mayor número de incumbentes.
La fusión dejaría al mercado móvil con un total de cuatro operadores en posesión de espectro radioeléctrico: Claro, Tigo-Movistar, WOM y Telecall. Estos dos últimos, independientemente de su situación financiera o tipo de negocio, tendrán espacio para nuevas inversiones. Además, con un competidor menos, se dinamizará la búsqueda de clientes no solo por parte de estas empresas, sino también de los Operadores Móviles Virtuales, facilitada por políticas como la portabilidad numérica.
La OPA que está por encima de todo
Millicom International Cellular ha acaparado la atención de los inversionistas del sector telco europeo durante varios meses. Después de descartar dos ofertas de compra, el multimillonario Xavier Niel, dueño de Atlas Luxco, quien ya posee el 29.03 % del holding de telecomunicaciones, presentó una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de 24 dólares por acción, valorando la empresa en 4.100 millones de dólares. Sin embargo, el comité de la Junta Directiva considera que la oferta está muy por debajo de su precio real, aunque esta sigue en pie.
Simultáneamente, Millicom se concentra en fusiones y adquisiciones (M&A), como la fusión de operaciones con Liberty en Costa Rica y las que lleva adelante en el país.
En respuesta a estas movidas, el 2 de agosto, previo a la presentación del informe financiero del segundo trimestre e impulsado por el aumento del valor intrínseco de la empresa gracias a las negociaciones que se adelantan en la región, Xavier Niel elevó la oferta en un 7.29 %, a 25.75 dólares por acción.
Según expertos analistas, se está creando mucho más valor con los negocios que se desarrollan particularmente en Colombia, y los buenos resultados en el desempeño de la compañía ya son suficientes para incrementar el precio de la acción. Por lo tanto, consideran que la oferta sigue estando por debajo de su valor real.
Conclusión de la operación Tigo-Movistar
Al igual que en la industria de la aviación, donde la consolidación mediante fusiones y adquisiciones fue esencial para reducir los altos costos operativos y de infraestructura, aprovechando las economías de escala para mejorar la eficiencia y estabilizar los precios, evitando guerras de precios destructivas, las telecomunicaciones en el mundo siguen un camino similar para sostener las inversiones necesarias y asegurar la sostenibilidad.
En Colombia, se está produciendo una transformación estratégica crucial para el sector de las telecomunicaciones. La desaparición de Movistar, un hecho histórico debido a su presencia en todo el país durante más de 20 años y por ser la heredera de Telecom, creará un nuevo escenario que requerirá la actualización de la regulación para adaptarse a esta nueva etapa.
