El resultado de la dinámica por el precio del espectro es la consolidación, venta de activos y, en el peor caso, cierre de operaciones, como lo acaba de hacer Digicel en Panamá, y podría suceder en Ecuador con uno de los tres competidores.
El operador de comunicaciones móviles Digicel anunció a sus clientes el fin de su operación en Panamá, luego de dos intentos frustrados por adjudicar las licencias para explotar los servicios de telecomunicaciones y venta de activos. Decisión que tomó la empresa en abril de 2022 al declarar la inviabilidad financiera de su presencia en ese país y luego de la aprobación del gobierno a la fusión Cable & Wireless Panamá (CWP) y Claro, que las dejó con el 56% del mercado.
Los inversionistas de Digicel Group decidieron enfocar los recursos a otras regiones del Caribe y Centroamérica, así como dirigirlos hacia nuevas inversiones en espectro en territorios franceses de ultramar, donde el precio de este recurso es más asequible, a diferencia de Panamá, donde calificaron el precio de las renovaciones como “exorbitante”.
De esta forma, Panamá queda solo con dos grandes competidores: CWP (49 % propiedad del Estado) y Tigo, que conforman un oligopolio que puede traer retrasos al despliegue de infraestructura móvil por la falta de competencia. Esto justo cuando el país centroamericano planea llevar adelante el proceso para asignación de espectro de 5G a finales de este año.
Algo similar puede suceder en Ecuador, donde hay tres operadores con espectro radioeléctrico: Claro (52,03 % de los usuarios), Movistar (30,53 %) y CNT (17,44 %).
Tanto Conecel, filial de América Móvil que opera Claro Ecuador, como Otecel (Telefónica-Movistar Ecuador) están negociando la renovación de sus contratos de concesión, que fueron prorrogados el año pasado para que el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa pudiera llevar adelante el proceso.
Pero la negociación ha sido difícil, pues el Gobierno se inclina por el recaudo, como lo dejó ver en su presupuesto nacional de 2024, el cual estima ingresos de 410 millones de dólares por las renovaciones de ambas empresas y una eventual subasta de 5G. En lugar de priorizar en la balanza la maximización del bienestar social mediante mayores obligaciones de hacer o acuerdos que permitan destinar los recursos para reducir la brecha digital mediante despliegue de redes y ampliación de cobertura, en un país donde hay 17,7 millones de usuarios de los que el 60 % cuenta con conectividad 4G.
Ecuador es el segundo país de América del Sur, después de Bolivia, con la menor asignación de espectro radioeléctrico: 290 MHz para los tres operadores. La estatal CNT tiene 100 MHz, Claro, 95 MHz y Movistar 85 MHz. Y ese espectro es caro.
Por ejemplo, Uruguay, con una población de 3,5 millones de habitantes, asignó 200 MHz en la banda de 3.5 GHz para el despliegue de 5G a Claro y Movistar en 2023. Ambas empresas pagaron 56 millones de dólares por el derecho de uso durante 25 años.
Guatemala, un país con 17 millones de habitantes, la misma población que Ecuador, asignó 120 MHz de espectro para 5G a Tigo y Claro el año pasado por 48 millones de dólares durante 20 años.
Mientras que en Colombia (51 millones de habitantes), Claro, Tigo/Movistar, WOM y Telecall pagaron 342 millones de dólares por 330 MHz para 5G en diciembre pasado, más obligaciones de despliegue, por dos décadas de uso.
Si bien estos ejemplos se refieren a asignaciones para 5G, dan una idea de la desproporción con la que, desde algunos gobiernos como el ecuatoriano, manejan los montos de las renovaciones o adjudicaciones de nuevas frecuencias.
Argentina es un caso emblemático en el cual se recaudaron 875 millones de dólares por el arrendamiento de 250 MHz de espectro, sin imposición de obligaciones de hacer y motivado por la urgencia del gobierno de obtener divisas. Pero se trata de un mercado de 47 millones de habitantes, con una distribución de usuarios casi equitativa entre Personal, Claro y Movistar. No obstante, es diciente que Movistar solo adquirió 50 MHz, la mitad de lo obtenido por sus competidores.
Pero el mercado ecuatoriano no está en la misma condición: tiene a un operador en posición de dominancia que acapara más de la mitad de los usuarios, otro es público y luego viene Movistar, que está reduciendo su exposición en la región, como ya lo hizo en México al entregar las frecuencias por sus altos costos, o en Colombia, con el acuerdo de compartición de la red de acceso móvil con Tigo. Además de la venta de torres por todo el continente.
En la búsqueda de eficiencia en sus negocios, la multinacional española no dudará a la hora de tomar decisiones radicales. Su CEO, José María Álvarez-Pallete, lo dejó claro en una entrevista que concedió al Diario Financiero de Chile en febrero pasado: “Si la rentabilidad de una operación es muy mala no descartamos que se tome la decisión de vender”, dijo.
En un entorno regional donde el precio del espectro radioeléctrico ejerce una influencia determinante en la viabilidad financiera de las empresas de telecomunicaciones móviles, la postura de los gobiernos al fijar su valor puede tener repercusiones significativas en la industria. Es clave que se encuentre un equilibrio entre la maximización de los ingresos y la promoción de la inversión y la competencia, para garantizar un desarrollo sostenible y conectividad de alta calidad para las personas.
