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Una red compartida nacional de banda ancha para salvar la subasta 5G este año

El gobierno de Colombia está empeñado en sacar adelante la subasta de espectro para servicios móviles de 5G este año, y por eso comienza a despuntar ideas que, en teoría, por encima del beneficio económico para las arcas del Estado, privilegian los objetivos de conectividad y les quitan una carga a las empresas del sector.

El viceministro de Conectividad, Walid David, no dejó espacio a dudas durante la presentación del primer Boletín Trimestral de las TIC de 2021, junto a la ministra TIC, Karen Abudinen, y el director del diario El Tiempo, Andrés Mompotes, al afirmar: «[Con] los planes que tenemos, y con los cronogramas estrictos que me pone la Ministra, esperemos sacar la subasta para la utilización de la tecnología de 5G en diciembre de este año”.

Deben ser varios quienes desde el ejecutivo ven esta como una buena opción para captar recursos para las maltrechas finanzas nacionales, y empujan para que se lleve a cabo la billonaria adjudicación de los bloques de espectro cuanto antes y bajo las mismas condiciones que hace 2 años, con el argumento de la urgencia de contar con 5G para acelerar la masificación de la bada ancha y la digitalización en el país. 

Recordemos que la subasta de espectro radioeléctrico de 700 MHz y 2.500 MHz de 2019 significó un recaudo superior a los 5 billones de pesos (1.501 millones de dólares), es decir un tercio de la nueva reforma tributaria que se acaba de presentar en el Congreso de la República.

Ante tal apuro por llevar adelante la adjudicación del espectro para 5G, y con la presión de un crecimiento por debajo del promedio regional y mundial tanto en banda ancha fija como en móvil durante los últimos años, a lo que se suma la meta de alcanzar el 70 % del país conectado antes de que termine el mandato del Presidente Iván Duque, el Ministerio TIC diseña una estrategia que contempla la creación de una red compartida de espectro y fibra óptica, en la que el Estado tendría el 51 % y sus socios, el 49 % restante.

Con esta iniciativa, el gobierno busca enviar el mensaje a los operadores de que su intención no es sacar el máximo beneficio de la ‘gallinita de los huevos de oro’ en que se han convertido las frecuencias de espectro, sino facilitar el camino para llegar a más clientes en todo el territorio nacional.

El viceministro David reconoció al diario mexicano El Economista que la industria telco  local hoy soporta una importante inversión en fibra óptica, encara el tránsito de 2G hacia 4G , debe cubrir las zonas rurales acordadas con el Estado; «tiene que renovar el espectro en 2022 que se concesionó hace diez años y pronto, entre 2023 y 2024, tiene que renovar otras bandas. Todo eso significa una gran demanda de recursos». Y concluyó que, como el resto de la economía, estas empresas también se han visto afectadas por el embate de la pandemia.

Por eso se estudian fórmulas que le permitan al país dar el paso hacia la quinta generación de las telecomunicaciones móviles, a pesar de un contexto económico adverso como el actual. Y una de esas fórmulas es la creación de una empresa de capital mixto que despliegue y administre una red mayorista que usará bandas de 3,5 GHz y fibra óptica para ampliar la cobertura en zonas rurales donde es difícil obtener retorno de inversión, y así aliviar algo de la carga financiera de las empresas, transformando sus inversiones de capex en opex.

La idea, explica el funcionario, «es que a esta red compartida se le asigne espectro (100 MHz), que ponga infraestructura física nueva y que alquile toda esa infraestructura en un modelo de roaming automático nacional, y que vaya definiendo qué otros modelos de negocio puede emprender después».

Mientras tanto, para la subasta de diciembre —en paralelo— se pretende poner a disposición de los operadores 400 MHz de frecuencias para quienes estén decididos a mantener su modelo tradicional de despliegue privado.

Hay que revisar los antecedentes para tomar una buena decisión

Con esta propuesta, que comienzan a hacer sonar en algunos medios, en el Ministerio TIC le están prendiendo una vela a Dios y otra al diablo, porque hay algunos operadores que no quieren saber nada de una red compartida, mientras que a otros les viene bien para enfocarse en los proyectos que están desarrollando en la actualidad y no quedarse sin su parte en el 5G.

¿Esta es la mejor opción? Por lo pronto hay un antecedente inmediato y sonoro: Altán, la red compartida de telecomunicaciones de México que hace pocos días entró en ‘concurso mercantil’, es decir en quiebra, con apenas 4 años de existencia, en los que tampoco logró su fin de brindar cobertura al 92 % de la población, con el foco puesto en las áreas rurales.

Asumo que estarán revisando los casos de las redes mayoristas de los vecinos y, sin ir muy lejos, la Red Nacional de Banda Ancha, que desplegó Azteca Comunicaciones o, incluso, el costoso cable submarino a San Andrés. Ojalá el Ministerio TIC lo analice mejor que la póliza falsa que entregó el consorcio Centros Poblados para quedarse con los 70.243 millones de pesos del anticipo por el proyecto para llevar Internet gratuito a 15.000 colegios y centros digitales durante 11 años. 

Falta mucho por definir sobre la red mayorista que se quiere montar. Pero de alguna forma va en línea con lo recomendado a gobiernos y reguladores por la GSMA, la asociación que representa a los operadores móviles del mundo, en el informe  ‘La economía digital móvil 2021’, presentado durante el MWC a propósito del despliegue del 5G en el mundo.

El llamado de la GSMA es a «proporcionar adjudicaciones de espectro justas y eficientes para maximizar el acceso a servicios de banda ancha móvil asequibles, lo que a su vez puede tener un impacto importante en la economía digital (…) La evidencia muestra que los mayores ingresos estatales por precios excesivos del espectro se ven compensados ​​por las pérdidas en la economía digital». Tal parece ser el mensaje que quiere enviar Walid David.


Imagen principal: Hans (Pixabay).

Felipe Castro Cervantes
Periodista especializado en el sector TIC, con maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Y asesor de prensa y comunicaciones de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina.

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