Varios años han pasado desde cuando el despliegue de redes de telecomunicaciones móviles dependía de las determinaciones ‘macondianas’ de las autoridades de cada uno de los 1.103 municipios que tiene Colombia.
Se daban casos como en Bucaramanga e Ipiales, donde no podía haber antenas en zonas residenciales; en Cali, solo podían instalarse en corredores viales principales y secundarios; en Barranquilla, no podía haber una antena a menos de 800 metros de otra (técnicamente imposible, por la densidad poblacional y la capacidad de las celdas que cubren largas distancias) y, en Itagüí, la obligación de que los operadores, en el momento de requerir la expansión de la red, firmaran un acuerdo en el que esa infraestructura pasara a ser propiedad del municipio.
Los gobiernos locales tienen el poder de definir su Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Es decir, los alcaldes y concejos cuentan con la potestad para decidir cómo se da el crecimiento ordenado de sus municipios. Pero fue precisamente este poder el que generó una muralla para el desarrollo de las telecomunicaciones móviles, que en algunos lugares aún persiste.
Por esto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó hace unas semanas la actualización del ‘Código de buenas prácticas al despliegue de infraestructura’. Un trabajo bien logrado que, además de explicar la regulación sobre la instalación de equipos de comunicaciones móviles, desmitifica falsas creencias sobre riesgos de estos para la salud e ilustra de forma muy clara cómo es el funcionamiento de los teléfonos celulares. De hecho, este sería un buen documento de consulta académica.
Pero el fin principal del código es ser una guía técnica para que alcaldes y concejos identifiquen si en sus municipios hay barreras para la instalación de infraestructura, que generen desgaste administrativo y operativo tanto de la administración como de las compañías que solicitan permiso para hacerlo, perjudicando la cobertura y calidad del servicio y afectando especialmente a sus ciudadanos.
El documento se convierte en la guía para que las autoridades territoriales cumplan con su obligación de eliminar barreras al despliegue de infraestructura, como lo indica la Ley 1753 de 2015, pues su incumplimiento podría acarrearles sanciones de carácter disciplinario.
No obstante, este año el Ministerio TIC identificó 40 municipios en los que persisten más trabas para el despliegue, entre los que sobresalen capitales como Bogotá, Cali, Montería, Cartagena y Barranquilla.
Mucho se ha avanzado desde los días en que no podía haber celdas de telecomunicaciones cerca a colegios o se exigía el aval de la comunidad, pero es necesario que se respeten las normas de carácter nacional promovidas por el Ministerio TIC, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la CRC, para que la urgente inversión en infraestructura de telecomunicaciones se desarrolle de forma correcta.
En Colombia hay 46.816 estaciones base (según datos de diciembre de 2019), de las que 32,8% son 4G; 39,5%, 3G, y 27,6%, 2G.
Como se ve, la tecnología 4G no es aún la de mayor despliegue a pesar de su relevancia estratégica para reducir la brecha digital. Sin embargo, con la subasta de espectro de diciembre de 2019, los operadores se comprometieron a cubrir 3.658 localidades en zonas rurales antes de 2025, de las que para este año tienen que estar listas 954, en su gran mayoría cubiertas por el recién llegado, Novator Partners.
Otra de las obligaciones a las que se acogieron las empresas que arrendaron el espectro electromagnético en la banda de 700 MHz fue la de actualizar a tecnología 4G los municipios con menos de 100.000 habitantes.
Lo que hace de este código especialmente oportuno para la ampliación de cobertura y calidad, particularmente del servicio de Internet móvil, en momentos en que el acceso a Internet se vuelve fundamental para la salud, educación y trabajo de las personas.
Además, es clave para el futuro despliegue del estándar 5G, sobre el cual que el gobierno ya comienza a hablar de una subasta para diciembre de 2021. Amanecerá y veremos. Por ahora hay que pensar en el despliegue de 4G.
Lo cierto es que hay que reconocer, con este ‘Código de buenas prácticas al despliegue de infraestructura’, el trabajo hecho por las autoridades para reducir las trabas absurdas para las empresas del sector.
Alcaldes y autoridades necesitan ‘otras guías’
Los obstáculos surgen de todos lados, no solo de los alcaldes y los concejos con sus permisos de despliegue de infraestructura: las empresas responsables de ampliar la cobertura de telecomunicaciones en Colombia han estado expuestas a que en cada reforma tributaria o actualización de los impuestos les impongan mayores obligaciones o aranceles a la importación de equipos, por ejemplo.
Ahora, la Alcaldía de Bogotá decidió hacer un incremento en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), en el marco del llamado ‘Plan Marshall’ para la reactivación económica, del 9,66 por mil al 11,6 por mil, bajo el cuestionable argumento de que esta ha sido una industria que ha ganado durante la pandemia, de acuerdo con lo manifestado por Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda del Distrito.
Juan Carlos Archila, presidente de Claro, dijo que no extraña que los gremios se hayan opuesto a esta decisión, pues, según él, va en contra de la Transformación Digital, acelerada por la pandemia.
Por supuesto que todos deben colaborar para poner a funcionar a la capital y al país, pero gravar a quienes invierten enormes recursos en la masificación de Internet no es una decisión coherente si tenemos en cuenta el retraso en el que nos encontramos frente los vecinos y los miembros de la Ocde en materia de acceso al servicio.
