A lo largo de mi ejercicio como analista e investigador independiente de políticas públicas para las telecomunicaciones y las TIC, pocas veces he salido a confrontar o discrepar por lo escrito o dicho por algún periodista o por algún medio de comunicación en estos mismos temas, pero creo que la reciente denuncia del muy respetado periodista Daniel Coronell, acerca de irregularidades en el programa Computadores para Educar (CPE) del mal llamado Ministerio de las TIC (MinTIC), merece la pena de aclarar algunas cosas.
Quiero recordarle al colega que no soy defensor de oficio de la actual ministra del sector ni de las ejecutorias para el mismo del gobierno nacional, como lo podrá ver en algunas de mis recientes columnas. Por cierto, Daniel, investigue cuál es el afán de Carina Murcia para que el presidente de la República le delegue totalmente la función de asignar porciones de espectro a los operadores reconocidos.
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Vamos al grano
En el acreditado espacio radial ‘El Reporte Coronell’, en la voz de uno de los periodistas más respetados de este país, si no el más respetado, se denuncia un contrato mediante el cual se han entregado computadores en mal estado, afectando la educación de niños y jóvenes. La ministra Carina Murcia y el exministro Mauricio Lizcano le responden en la red social X que esa noticia, presentada como una investigación, corresponde en realidad a una denuncia que el anterior director, Felipe Olaya, había interpuesto ante las autoridades competentes por las irregularidades encontradas en dicho contrato, tal como lo registró la misma cadena radial hace dos años. Aquí está el enlace de la noticia publicada por Caracol.
Cuando la ministra y la exministra le responden a Daniel, él contesta diciendo: “…la orden de compra por 45.000 millones fue fechada en diciembre de 2022 y ampliada en febrero de 2023, es decir, en este gobierno…”. Así es, Daniel, pero hay dos detalles que no son menores y frente a los cuales faltó, por lo menos, algo de sindéresis. El primero es que el director de CPE que venía del gobierno de Iván Duque, Alejandro Linero de Cambill, permaneció en el cargo hasta el 26 de junio de 2023. El segundo es que fue él quien firmó el contrato en cuestión, pese a todas las anomalías encontradas.
Esto no exime al gobierno actual de su responsabilidad, pero en un investigador periodístico de la talla de Coronell con una voz tan poderosa en la opinión nacional, su denuncia, prácticamente, coloca en la caneca a un programa que pese a sus falencias le ha servido al país, omitiendo el aclarar eso.
Por lo anterior, me atrevo a decir que la ‘investigación’ es un refrito de la nota de Caracol de hace dos años, en la que se recoge una denuncia hecha por la misma entidad que, para ese momento, ya había comenzado a corregir los errores encontrados en ese contrato y en la forma en que se realizaban las compras de computadores en el país para CPE. Al mejor cazador se le va la liebre. Y es ahí donde falla Daniel: en afirmar que fue el primer director del programa CPE nombrado por este gobierno quien denunció ese contrato.
¿Qué ha hecho CPE en sus 25 años de funcionamiento?
Mis críticas a CPE nunca me han nublado la visión de las cosas buenas del programa. Estudios rigurosos, hecho por diferentes entidades, entre ellas la Universidad de los Andes, muestran que CPE ha ayudado a disminuir la tasa de deserción escolar, ha incrementado los puntajes en pruebas estandarizadas y aumenta la probabilidad de ingresar a educación superior, con efectos que crecen cuantos más años lleva la escuela como beneficiaria. Ese es un activo real e importante.
Este escándalo, revivido por ‘El Reporte Coronell’, revive, también, el fantasma de los mismos problemas con los equipos entregados que han acompañado a la entidad desde que fue creado el programa en 2001 con el propósito de recibir y reacondicionar equipos dados de baja en las entidades.
Si, nuestros chicos, en los colegios oficiales, recibían lo peor de lo peor. En esa época los equipos de cómputo estaban por las nubes y esta era una buena manera de hacerles llegar algo de tecnología. El programa cambió y ahora compra equipos ensamblados en el país y la firma más beneficiada es Compumax que ha encontrado no solo cómo ganarse las licitaciones sino cómo hacer los equipos a unos costos competitivos.
El programa, también, ha encontrado resistencia en docentes, alegando diferentes razones y entre ellas, el mal uso de los equipos y la posibilidad que se ‘pierdan’ o, mejor dicho, que los usuarios, docentes y alumnos se apropien de los equipos y no los devuelvan. No sé cómo están entregando los equipos hoy, pero ojalá no esté pasando que los guarden en una bodega, nuevos y sin usarlos, como los encontré en un colegio al que fui a brindar una conferencia.
¿Por qué hay necesidad de un programa como CPE?
El argumento más poderoso para sostener CPE no es que los computadores mejoran el aprendizaje. Eso depende de cómo se usen. El argumento es que, en Colombia, la privación digital está perfectamente correlacionada con la privación educativa general, y ambas se concentran en los mismos territorios y poblaciones que ya son los más excluidos. Un niño que nace en zona rural dispersa no tiene solo menos internet: también tiene menos maestros, peores vías, mayor riesgo de vinculación a grupos armados y menor probabilidad de terminar el colegio.
El 79,8 % de las sedes educativas rurales colombianas no cuentan con Internet, el 18,1 % ni siquiera tienen servicio de energía eléctrica, y el 61,5 % de los estudiantes rurales deben desplazarse a pie por territorios muy extensos.
El 44 % de los estudiantes colombianos no cuenta con acceso a Internet, y en departamentos como Chocó la conectividad es prácticamente inexistente. En zonas rurales de Colombia, solo el 8,5 % de los hogares posee algún dispositivo como computador o tableta, siendo el alto costo y la falta de conocimientos las principales barreras.
La brecha digital es un reto crucial: mientras el 41,9 % de los hogares rurales tiene acceso a internet, en zonas urbanas la cobertura alcanza el 72,5 %.
Lo que implica no tener acceso en el rendimiento escolar es medible: Los estudiantes que contaron con computador e internet en sus hogares obtuvieron diferencias en el puntaje global superiores a 10 puntos respecto a quienes carecían de ellos, y durante la pandemia esta brecha se amplió considerablemente.
Los estudiantes de zonas rurales obtienen, en promedio, puntajes inferiores a los de las zonas urbanas, con una diferencia de 26,4 puntos en las pruebas Saber 11. El 11,8 % de la población urbana cuenta con título universitario, frente a apenas el 1,8 % de los habitantes rurales. Y la deserción refleja la historia más dura: de una cohorte que en 2016 cursaba sexto grado en colegios rurales, conformada por 201.991 menores, en 2021 solo 96.604 llegaron a grado once. Es decir, más de la mitad de los estudiantes se quedó en el camino.
El argumento prospectivo es igualmente sólido: Colombia enfrenta una brecha estructural entre la oferta de formación y la demanda real de talento digital que se mantendría hasta 2030 si no se ajustan las políticas de formación, empleabilidad y articulación productiva, con un déficit proyectado de 85.000 perfiles digitales. Un país que no alfabetiza digitalmente a sus generaciones más jóvenes desde la escuela pública no podrá cerrar esa brecha de talento, y esa será una ventaja competitiva que se perderá irreversiblemente.
En síntesis: CPE existe porque el mercado no va a llevar espontáneamente tecnología a Vaupés, Guainía, La Guajira o la Serranía del Perijá. Donde la rentabilidad privada no llega, la acción estatal es la única alternativa. El debate legítimo no es sí debe existir el programa, es cómo hacerlo mejor.
CPE y la Alfabetización Mediática e Informacional
El otro lado de la moneda es queno se trata de llevar dispositivos electrónicos por llevarlos y convertir a los chicos en zombis digitales. El Ministerio de Educación, el MinTIC y el Gobierno nacional están en mora de implementar de manera profunda la cátedra de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI). CPE debe entregar sus equipos acompañados de programas de AMI, además de las iniciativas de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que viene implementando con relativo éxito.
¿Qué hacer?
Lo primero es lo primero. Hay que llevarle energía y luego Internet y equipos a los colegios rurales. Podría pensarse en una asociación pública privada para hacer un programa que sea sostenible en el tiempo. Y, definitivamente, el gobierno nacional debe replantear, totalmente el esquema de compra de los equipos. ¿Y si hacemos una compra, gobierno a gobierno, con China?
(*) Analista de Telecomunicaciones y TIC para Impacto TIC. Antes en Portafolio. Colaborador de El Tiempo, Razón Pública y DPL News
X : @Nico_Stornelli
Nota: Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Impacto TIC.
