El gobierno aseguró el futuro de la subasta de 5G con la publicación de unos precios base inclinados hacia la tendencia internacional, en los que distribuye una parte del pago a recaudación y la otra a lo que han llamado “obligaciones de cobertura”, dependiendo de la banda en donde estén ubicados los bloques. Mientras que, por otro lado, mantuvo la disposición legal para que Telefónica y Tigo participen de forma conjunta, ya sea mediante la integración de redes móviles o bajo la figura de unión temporal.
El Ministerio de las TIC, al privilegiar el acceso universal sobre el recaudo, concluyó que el beneficio será mayor para la sociedad y para la economía al hacer de lado la estrategia del ingreso económico de corto plazo y priorizar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones móviles, con un componente de fibra óptica.
Casi de forma simultánea a la publicación del segundo borrador del proyecto de resolución para la puja, Argentina hizo lo propio con la aprobación por parte del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) del llamado a subasta 5G, para el que dispuso 3 bloques de espectro de 100 MHz en la banda de 3500 MHz, cada uno a 350 millones de dólares y con la obligación de ofrecer una ‘tarifa social’ a una parte de la población; en tanto que, en Colombia, esos 100 Mhz en la misma banda, tendrán un precio base de 97 millones de dólares (con un dólar 4.100 pesos), de los que más de la mitad corresponden a las ‘obligaciones de cobertura’, es decir, el despliegue de infraestructura en determinados lugares del país y en zonas con poco atractivo comercial.
De tal manera que junto a la asignación de precios base o ‘valor de reserva’ se incluyeron cifras correspondientes a las llamadas ‘obligaciones de cobertura’, las cuales representan los siguientes porcentajes en las 5 bandas disponibles:
– Banda de 700 MHz (1 bloque de 10 Mhz), obligación de cobertura: 23,9%
– Banda 1900 MHz (1 bloque de 10 MHz), obligación de cobertura: 61%
– Banda AWS extendida (3 bloques de 10 MHz), obligación de cobertura: hasta el 65%
– Banda de 2500 MHz (3 bloques de 10 MHz): no hay obligación de cobertura
– Banda de 3500 MHz (4 bloques de 80 MHz), obligación de cobertura: hasta 61,4%.
Para los 8 bloques de 10 MHz: no hay obligación de cobertura.
A pesar de no haberse alcanzado el 90% de las ‘obligaciones de cobertura’ en la subasta realizada por Brasil en 2021, la cual se ha convertido en un referente regional para la industria, se observa un cambio sustancial en la política de asignación de espectro. Esto queda demostrado por el silencio de los operadores, quienes, más allá de algunos comentarios sobre detalles importantes pero subsanables, parecen verla con buenos ojos. En contraste, en Argentina, Personal, Movistar y Claro han señalado “obstáculos muy complejos que comprometen su viabilidad”.
Por ejemplo, algo que tendrá que modificarse es lo referente a las garantías, pues se pide un cubrimiento del 100%, el cual Fasecolda (gremio asegurador), señaló que es inalcanzable, lo que se convertirá en un palo en la rueda si el gobierno insiste en asegurar la totalidad de las obligaciones e, incluso, el espectro.
También inquieta a los operadores que se obligue a los asignatarios de la banda 3.5 GHz, a proveer de un filtro RF externo para las estaciones terrenas satelitales, y que esto no se contemple como parte de las ‘obligaciones de cobertura’.
Este segundo borrador mantuvo la escasa cantidad de espectro en la banda de 3500 MHz de la primera versión, a pesar de los comentarios hechos por los operadores, lo que no es un tema menor. Por ejemplo, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, llamó la atención sobre lo limitado del espectro que el MinTIC pretende subastar allí, el cual está por debajo del estándar (de 100 a 120 Mhz por operador) para ofrecer un servicio óptimo y aprovechar las capacidades de la quinta generación de comunicaciones móviles, a lo que el ejecutivo describió (con razón) como “un 5G criollito”.
Esos 80 MHz que faltan, y que son fundamentales para alcanzar las velocidades y latencia reales del 5G, se reservaron para una inusual subasta regional que se realizará en 2024, que tampoco cubrirá los requerimientos técnicos de quienes participen.
De acuerdo con el borrador, los operadores tendrán 90 días luego de la firma del acto administrativo para pagar el 20 % de la contraprestación económica por el permiso de uso del espectro radioeléctrico, y los pagos restantes tendrán que hacerlos, en porcentajes iguales, a partir de 2028 hasta 2044, indexados al IPC (Índice de Precios al Consumidor) de los últimos dos años.
En cuanto a las ‘obligaciones de cobertura’, deberán desplegar las estaciones base a partir de 2024, hasta 2030 para llevar Internet de alta velocidad a localidades específicas,cubrir distintas carreteras y conectar a instituciones educativas mediante fibra óptica.
De acuerdo con representantes de la industria, la supervisión del cumplimiento de las obligaciones (un tema que ha servido de argumento para criticar este tipo de subasta a quienes consideran que el foco en recaudo es una mejor opción), se simplificará y se realizará de acuerdo con los servicios prestados en los lugares donde los asignatarios deban cumplir las obligaciones adquiridas. Es decir, si hay señal y oferta comercial, cumplieron; de lo contrario, acarreará multas.
Movistar-Tigo
La firma del memorando de entendimiento entre Movistar y Tigo-UNE para explorar la integración de sus redes de acceso móvil es un salvavidas para la subasta de 5G, y así lo entendieron en el MinTIC, porque, por lo menos, una de estas dos empresas no estaría en capacidad financiera para participar en un proceso de semejante escala.
Además, acuerdos como este son cada vez más comunes en la industria, cada uno con características particulares, pero siempre en busca de mayor eficiencia para soportar la constante demanda de inversiones, como podemos ver en este proceso de adjudicación de espectro.
Ahora bien, el MinTIC parece invitar a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronuncie sobre el eventual acuerdo de compartición de infraestructura entre los dos operadores antes de que se lleve a cabo la subasta el 20 de diciembre, como establece el cronograma.
El plazo legal para el pronunciamiento de la SIC es de 3 meses, lo que indica que tendría que tomar una decisión este mes. Sin embargo, puede extender ese término por 3 meses más, hasta diciembre.
Pero las empresas tienen otro camino: la unión temporal. La cual se utiliza en las licitaciones públicas para ofrecer servicios sin que se cree jurídicamente un nuevo ente o empresa.
Por lo tanto, a pesar de las críticas de Claro, que considera que “se están cambiando las reglas de juego” y pide una “revisión más profunda”, pareciera que las cartas están echadas, porque el marco legal de la contratación pública lo permite, mientras que la revisión del impacto en la competencia está a cargo de la SIC.
