Un informe publicado en marzo de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), revela con datos precisos la paradoja central del sector digital colombiano: el país ha modernizado aceleradamente su infraestructura de telecomunicaciones en la última década, pero esa modernización beneficia principalmente a las ciudades, mientras las zonas rurales se quedan con velocidades 78 % inferiores al promedio rural de la OCDE y más de la mitad de sus hogares sin acceso a internet. Al mismo tiempo, el mercado móvil camina hacia una concentración que el propio MinTIC denominó en su análisis como un ‘duopolio técnico’.
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El avance real: Fibra y 4G, una revolución parcial
El informe reconoce progresos genuinos. Colombia ha incrementado sus conexiones de banda ancha fija en 82,2 % entre 2014 y 2024, superando el crecimiento promedio de la OCDE (40,6 %). La fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que en 2014 era prácticamente inexistente, representa hoy el 48,2 % de todas las conexiones fijas, cifra comparable al promedio OCDE del 46,9 %. La penetración de banda ancha móvil pasó de 39,3 a 95,4 suscripciones por cada 100 habitantes en la misma década.
Los precios han caído de forma significativa. Los servicios triple-play se abarataron cerca del 50 % entre 2020 y 2025, y la banda ancha móvil colombiana es hoy más económica que el promedio OCDE en las diferentes canastas de consumo medidas en el segundo trimestre de 2025. Este desempeño sitúa a Colombia como un caso de éxito parcial en la región latinoamericana en materia de asequibilidad.
El 5G llegó en febrero de 2024, con la asignación de licencias de espectro de 20 años en la banda de 3,5 GHz. Sin embargo, con apenas 7,3 suscripciones por cada 100 habitantes, Colombia está muy lejos del promedio OCDE de 41,4 y detrás de Chile (28,5), México (14) y Brasil (18,7). Claro concentra el 92,2 % de los 1.433 sitios 5G activos al cierre de 2024.
| Indicador | Colombia | Promedio OCDE | Chile | México | Brasil |
| Suscripciones 5G (por cada 100 hab.) | 7,3 | 41,4 | 28,5 | 14 | 18,7 |
| Situación general | Lanzamiento en febrero de 2024 (banda 3,5 GHz) | Referencia de alto desarrollo global | Penetración regional alta | Penetración regional media | Penetración regional media-alta |
| Sitios 5G activos (cierre 2024) | 1.433 (92,2 % de Claro) | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Operador dominante | Claro | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Observación clave | Adopción rezagada frente al promedio OCDE | Base comparativa internacional | Liderazgo regional claro | Crecimiento sostenido | Crecimiento sostenido |
La fractura rural: Números que describen una Colombia desconectada
La cara oscura del avance es la brecha territorial. Según datos de Ookla citados en el informe, a finales de 2024 las velocidades de descarga en banda ancha fija en las zonas rurales de Colombia son un 43 % inferiores al promedio rural de la OCDE. Las velocidades móviles de descarga en áreas rurales son 78 % más bajas: 17,6 Mbps frente a los 80,2 Mbps del promedio rural de la OCDE latinoamericana. En términos concretos, el colombiano rural navega 4 veces más lento que su par en el promedio regional.
“En 2024, el 34 % de todos los hogares colombianos no tenía acceso a internet; en zonas rurales y remotas, esa cifra asciende al 58,1 %.” — OCDE, 2026
La exclusión digital rural es también exclusión del futuro productivo. Solo el 8,1 % de las personas en áreas rurales reportó usar herramientas de Inteligencia Artificial en 2024, frente al 18 % en el promedio nacional. El informe es contundente: el reto ya no es solo expandir el acceso básico, sino garantizar conectividad de alta calidad que permita a las regiones más apartadas participar de la Transformación Digital.
El fracaso de Troncal de Fibra Óptica (TFO) de la empresa mexicana Azteca Comunicaciones, ilustra los límites del modelo de mercado puro en territorios de baja densidad poblacional. Esta red de fibra óptica de transporte, construida con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y concesionada para conectar zonas alejadas, nunca logró viabilidad financiera. El informe señala que, al momento de su redacción, la reestructuración financiera de TFO permanecía irresuelta, y que cualquier solución de largo plazo debe equilibrar la prudencia fiscal con los objetivos de acceso digital. El caso peruano —donde una red similar fue terminada por el gobierno en 2021 ante el fracaso del modelo— es una advertencia que la OCDE no pasa por alto.
Las comunidades y juntas de internet: ¿Respuesta adecuada a una brecha estructural?
El gobierno ha impulsado una política de conectividad comunitaria a través de las denominadas Juntas de Internet o Comunidades de Conectividad. El Decreto 1079 de 2023 estableció las condiciones para proveer servicios comunitarios de internet fijo, regulando la creación de proveedores sin ánimo de lucro, constituidos y operados por comunidades locales. La propia ANE ha explorado el uso del espectro en la banda de 900 MHz para internet comunitario. El informe de la OCDE registra esta iniciativa como parte del marco normativo vigente.
¿Es suficiente? El análisis de la OCDE sugiere que estas iniciativas son necesarias pero insuficientes si no van acompañadas de inversión en transporte y backhaul, es decir, en la infraestructura que conecta las redes locales con los grandes troncales de internet. Sin esa columna vertebral, las redes comunitarias pueden ofrecer conectividad local pero no acceso pleno a los servicios globales. He criticado, constantemente, la forma en que han venido ejecutando esa iniciativa gubernamental, diciendo que deben apoyarse más en los pequeños ISP algo que no se ha hecho de manera radical y tangible. Insisto, los pequeños ISP necesitan que el gobierno les dé un nuevo marco normativo.
Más aún, el informe advierte que el FUTIC mostró tasas de ejecución de apenas el 60 % en su componente de inversión en infraestructura durante 2024, mientras que las transferencias corrientes a otras entidades del Estado se ejecutaron al 90 %. El dinero que debería conectar a los más alejados termina siendo transferido al Tesoro Nacional.
La OCDE recomienda que Colombia revise la gobernanza del FUTIC para garantizar que sus recursos se concentren en expandir la conectividad de alta calidad, con análisis de costo-beneficio rigurosos, evaluación independiente y sin desplazar la inversión privada. La política de Comunidades de Internet del gobierno Petro apunta en una dirección correcta al reconocer que el mercado por sí solo no llegará a ciertas zonas; el desafío es ejecutarla con eficacia institucional y el FUTIC ha mostrado incapacidad de lograrlo.
¿Duopolio en ciernes? El caso Tigo-Movistar y la concentración del mercado móvil
Claro (América Móvil) mantuvo durante una década una participación de entre 56 % y 64 % de las suscripciones. Movistar y Tigo operaban con cuotas de entre 13 % y 24 % cada uno. La llegada de WOM en abril de 2021 introdujo una competencia agresiva en precios y llegó al 6,2 % del mercado para el primer trimestre de 2025. He defendido públicamente esa mayor presencia de Claro Colombia porque ha demostrado un interés constante en invertir en el país. El lugar que se han ganado en el mercado colombiano ha sido a punto de inversiones.
Todo ese equilibrio se alteró a partir de diciembre de 2024, cuando Tigo (Millicom) anunció la adquisición del 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones (Movistar-Telefónica) por aproximadamente 400 millones de dólares, con opción de comprar también el 32,5 % del Estado colombiano en el mismo activo. El 13 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión con condiciones de comportamiento.
“Claro y la entidad fusionada controlarían conjuntamente más del 90 % del mercado móvil colombiano”: lo que el MinTIC denominó un ‘duopolio técnico’.
La concentración resultante es, en efecto, extraordinaria. Tigo y Movistar juntos tendrían entre el 38 % y el 43 % de las suscripciones móviles, acercándose al 52 % de Claro. Ambas empresas controlan prácticamente la totalidad del acceso mayorista para los operadores móviles virtuales (OMV): casi todos los OMV operan sobre la red de Tigo, excepto Virgin Mobile, que opera sobre Movistar. La fusión crea una dependencia del 100 % de los OMV respecto a la entidad fusionada para sus servicios mayoristas.
La propia CRC identificó riesgos de dominancia colectiva y coordinación tácita que podrían empujar los precios móviles hasta un 37 % al alza. La SIC impuso remedios de comportamiento: tarifas mayoristas reguladas, acceso garantizado para OMV, restricciones para desmantelar sitios rurales y salvaguardas de portabilidad. Sin embargo, el informe de la OCDE advierte que estos remedios solo entran en vigor cuando se complete formalmente la transferencia de propiedad, y que en el ínterin subsisten riesgos de afectación a mercados mayoristas y fijos en varias ciudades principales.
El problema estructural que la OCDE señala con más insistencia es otro: Claro, el operador dominante declarado como tal por la CRC en 2021, no ha recibido medidas asimétricas de regulación ex ante derivadas de esa declaratoria. Mientras la fusión queda sujeta a condiciones, el operador más poderoso del mercado sigue sin regulación específica proporcional a su posición. La OCDE recomienda explícitamente que la CRC evalúe con urgencia medidas sobre Claro para restablecer el equilibrio competitivo.
¿Qué es lo mejor para el futuro de la CRC?
La CRC emerge del informe como una institución con avances institucionales reales, pero con independencia incompleta y capacidades aún en construcción. La Ley 1978 de 2019 la convirtió en el regulador convergente de telecomunicaciones, radiodifusión, servicios postales y contenidos audiovisuales —un modelo sin precedente en los países de la OCDE—, pero mantuvo la representación del ejecutivo en su junta: el Presidente de la República y el Ministro de TIC designan dos de los cinco comisionados de la Sesión de Comunicaciones.
El informe es directo: esa representación gubernamental compromete la independencia regulatoria y debe eliminarse. La OCDE recomienda que todos los nombramientos de comisionados sean independientes, transparentes y basados en méritos, sin asientos reservados para el ejecutivo ni para las entidades reguladas. El modelo actual de dos juntas paralelas —una de Comunicaciones y otra de Contenidos Audiovisuales— no tiene precedente en ningún país miembro de la OCDE y puede generar conflictos de mandato. Otro punto en el que he sido insistente. La CRC actual no es autónoma.
El Plan Estratégico 2025-2029 de la CRC, adoptado en marzo de 2025, muestra una institución más madura y proyectada hacia afuera: sus 4 pilares incorporan derechos de usuarios y audiencias, prospectiva sectorial, mercados y competencia, y fortalecimiento institucional. La agenda regulatoria 2025-2026 incluye 33 temas, entre ellos el desarrollo de un marco para ISP comunitarios fijos y la revisión de mercados en 170 municipios identificados con oferta limitada de infraestructura de transporte.
Para que la CRC cumpla su mandato en el entorno que se avecina, la OCDE plantea un camino claro: blindar su independencia política; fortalecer la coordinación con el MinTIC, la ANE y la SIC para evitar vacíos y duplicidades; implementar con rigor las evaluaciones ex post ya obligatorias; desarrollar regulación proporcional para los servicios OTT (streaming, mensajería, redes sociales) que ya determinan la demanda de infraestructura; y garantizar que el acceso mayorista a redes de fibra y el marco de roaming nacional sean herramientas reales de competencia, no compromisos formales incumplidos.
La OCDE también señala que la pesada carga fiscal del sector —las empresas de telecomunicaciones pagan un total de impuestos y contribuciones equivalente al 39,8 % de sus ingresos, incluyendo el 4 % de IVA adicional sobre servicios móviles— inhibe la inversión y la adopción, especialmente entre usuarios de bajos ingresos. Reducir esa carga es parte integral de la agenda de conectividad, no solo de la política tributaria.
Conclusión: El cruce de caminos digital
Colombia está, en palabras del propio informe, en un cruce de caminos. Ha construido cimientos sólidos —fibra creciente, 4G extendido, precios más bajos, un regulador convergente— pero enfrenta simultáneamente una profundización de la brecha urbano-rural, una concentración de mercado que puede derivar en duopolio y un regulador cuya independencia sigue siendo incompleta. La política de Comunidades de Internet del gobierno Petro es un reconocimiento correcto del problema, pero requiere ejecución presupuestal que el FUTIC no ha demostrado. La fusión Tigo-Movistar puede traer eficiencias o puede consolidar un mercado donde dos actores acuerden tácitamente no competir. Todo depende de si los remedios aprobados por la SIC se cumplen y de si la CRC actúa con la autonomía y la contundencia técnica que el momento exige.
El informe de la OCDE no es un diagnóstico pesimista: es una hoja de ruta. Colombia tiene los instrumentos normativos, el fondo universal, el regulador convergente y una demanda digital creciente. Lo que falta, según la organización, es la voluntad de hacer que las reglas funcionen para todos, no solo para quienes ya están conectados.
(*) (*) Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de ImpactoTIC. Antes en Portafolio. Ha sido colaborador de El Tiempo, Razón Pública y DPL News
(**) Este artículo fue construido con apoyo en una investigación con IA
