La acelerada adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión pública, la salud, la educación y la seguridad ciudadana en América Latina ha empezado a generar una brecha evidente frente al desarrollo de marcos normativos locales. Esta falta de sincronía plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad de la región para construir reglas de juego claras, éticas y seguras que impulsen el desarrollo tecnológico en lugar de ralentizarlo.
Esta discusión tuvo lugar en el marco del Live TIC ‘IA y política pública ¿Qué tan preparada está Latinoamérica?’, un espacio de análisis organizado por Cintel e Impacto TIC como antesala al congreso ANDICOM 2026. El panel, moderado por Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC, reunió a especialistas del sector tecnológico, la industria digital y la administración pública para examinar las complejidades de regular una tecnología en constante evolución.
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¿Cuál es el panorama real de la regulación de la IA en América Latina?
En la actualidad, ningún país de América Latina cuenta con una ley nacional en firme dedicada exclusivamente a regular la IA. La tendencia regional se ha inclinado hacia la formulación de directrices generales, políticas públicas y el desarrollo de normativas sectoriales específicas.
“Intentar regular con ley algo tan disruptivo como la IA ha generado que se tenga que entender que potencialmente era un marco muy estricto, o que no se tenían las capacidades realmente para hacerle el seguimiento”, explicó Mario Castaño González, director técnico de Cintel. Castaño González.
Castaño González señaló que en el caso colombiano existen normativas aplicables indirectamente, como el marco de protección de datos personales, directrices locales de la Alcaldía Mayor de Bogotá o regulaciones sectoriales en la Rama Judicial. No obstante, el especialista advirtió sobre la dependencia tecnológica externa, ya que la mayoría de los modelos más avanzados provienen de corporaciones de Estados Unidos o China, lo que complejiza el almacenamiento de información y la soberanía de los datos.
A falta de una norma unificada en Colombia, el ecosistema se apoya en regulaciones preexistentes sobre protección de datos personales y herramientas de planificación como las políticas Conpes.
La soberanía de datos y la dependencia de modelos externos
Castaño señaló que en Colombia existen normativas aplicables de forma indirecta, como el marco de protección de datos personales, directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá o regulaciones de la Rama Judicial.
Sin embargo, quien se especializa en la materia advirtió sobre la dependencia tecnológica externa. La mayoría de los modelos avanzados provienen de corporaciones de Estados Unidos o China, lo que complejiza el almacenamiento y la soberanía de los datos de la ciudadanía.
“La parte más importante es el uso crítico de la IA: desarrollar la capacidad de entender el contexto y analizar resultados, sin delegar nunca la toma de decisiones que debe estar centrada en el ser humano”, precisó Castaño.
¿Cómo equilibrar la seguridad de la información con la velocidad de la innovación?
Para las organizaciones que interactúan diariamente con la ciudadanía, la ausencia de una legislación nacional obliga a la creación de mecanismos internos de autorregulación y gobernanza. La prioridad es proteger los datos confidenciales sin paralizar el diseño de soluciones eficientes.
Desde el sector privado con enfoque social, la gestión de este balance exige una mirada transversal. “Día a día tenemos que buscar un balance entre tener muy claras esas bases que ya se vienen construyendo y cómo logramos ese balance y no perder la velocidad en la innovación o que se vuelva un freno”, afirmó Ana María Tobar, gerente corporativa de tecnología de Colsubsidio. Tobar destacó que un modelo efectivo implica la creación de comités multidisciplinarios donde colaboren las áreas de riesgos, el equipo legal, el talento humano y las divisiones de tecnología, garantizando que la IA responda a un propósito ético y de valor social.
Pruebas controladas y supervisión de datos en el sector público
En el sector público, el desafío se traslada a la confianza de la ciudadanía en la administración de sus datos sensibles. Diana Patricia Arenas Blanco, vicepresidenta de tecnología y transformación digital del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), propuso la implementación de sandboxes o espacios de prueba regulatorios para certificar la seguridad de las herramientas antes de su despliegue masivo.
“La supervisión humana con la IA y el complemento de esta son fundamentales… El criterio humano es muy importante, especialmente cuando en el gobierno se trabaja por los derechos de las personas”, precisó Arenas Blanco.
La especialista subrayó la necesidad de contar con una gobernanza sólida de datos, que incluya auditorías de ciberseguridad, cifrado de información y control estricto sobre el entrenamiento de los algoritmos para evitar la fuga de datos confidenciales.
¿Qué impacto tendrá la gobernanza regional de la IA en el corto plazo?
La necesidad de unificar criterios regulatorios y de gobernanza a nivel regional marcará la agenda de debates en el ámbito de las políticas públicas de tecnología. La falta de coherencia normativa entre países vecinos dificulta la operación de empresas multilatinas y debilita la posición de la región frente a los grandes proveedores globales de tecnología.
Las alternativas normativas y las estrategias de adopción ética de la IA serán temas fundamentales en la agenda académica de ANDICOM 2026, la cual incluirá paneles especializados con delegaciones de la Unión Europea y reguladores de toda América Latina. El objetivo de estos encuentros será definir pautas que mitiguen los riesgos asociados a la seguridad de la información y la pérdida de control algorítmico, abriendo paso a un desarrollo digital competitivo y responsable en toda la región.
