Colombia entra en una legislatura clave para definir las reglas del juego de la economía digital, la Inteligencia Artificial y la protección de datos, en medio de un ciclo electoral que pone bajo la lupa a quienes aspiran a influir en estas decisiones.
En el Congreso ya cursa un conjunto amplio de proyectos sobre IA, contenidos digitales, datos personales, violencia en línea y educación STEM, liderados por figuras de distintas bancadas y con impacto directo en ciudadanía, mercado y política pública.
Las iniciativas dibujan una legislatura orientada a pasar de la expansión de infraestructura a la gobernanza de los impactos éticos, sociales y económicos de la digitalización. Los puntos en común incluyen la búsqueda de marcos integrales para IA y datos personales, la protección reforzada de menores y víctimas de violencia digital, la profesionalización de actividades económicas en plataformas, y el uso de tecnologías avanzadas para transparencia en salud, transición energética y educación.
La discusión no se centrará en “más tecnología”, sino en cómo asegurar que la economía digital colombiana sea competitiva sin sacrificar derechos, equidad y sostenibilidad, en un contexto donde la próxima legislatura definirá políticas TIC de largo plazo. Para la audiencia que seguirá las elecciones, conocer quiénes impulsan estos proyectos y cómo se alinean con estas tendencias será clave para evaluar las propuestas más allá de los eslóganes de campaña.
Índice de temas
¿Qué leyes sobre Inteligencia Artificial se debatirán en el Congreso?
La Inteligencia Artificial aparece como eje de una agenda que combina competitividad, derechos fundamentales y capacidad institucional. Han sido más de 10 los proyectos de ley relacionados y varias la iniciativas para lograr consensos. Actualmente, el Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado – 324 de 2025 Cámara busca establecer un marco integral para el desarrollo e implementación de la IA en Colombia, con un enfoque ético, inclusivo, responsable y sostenible, aplicable a todo el ciclo de vida de los sistemas de IA en sectores públicos y privados. La ponencia resalta que la norma pretende habilitar innovación, fortalecer capacidades nacionales y proteger derechos, utilizando el enfoque de riesgo como criterio para graduar obligaciones, en sintonía con debates internacionales.
En paralelo, otras iniciativas plantean una gobernanza más fina de la IA en el Estado, incluyendo propuestas para crear un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial adscrito a la Presidencia, encargado de coordinar talento digital, investigación ética y usos sectoriales en la administración pública. También se tramitan proyectos que regulan el uso de IA en la gestión de peticiones y trámites ciudadanos, con énfasis en automatización, reducción de discrecionalidad y aplicación del silencio administrativo positivo mediante validación algorítmica de requisitos.
¿Cómo cambiarán las reglas para influencers y la protección de datos?
Otro bloque central de la agenda se concentra en plataformas digitales, creadores de contenido y protección de datos personales. El Proyecto de Ley 394 de 2025 Senado plantea reglas específicas para influencers y creadores de contenido, con obligaciones de transparencia en publicidad, profesionalización del ejercicio y mecanismos de autorregulación sectorial, conservando la libertad de expresión como principio orientador. A esto se suman propuestas para controlar plataformas de transporte con sanciones elevadas a servicios no regulados, lo que abre un debate sobre innovación, competencia y derechos de usuarios.
Actualización de la Ley 1581: sanciones y tratamiento de datos a gran escala
En cuanto a datos personales, la discusión se articula en torno a dos proyectos de ley estatutaria, PLE C274 de 2025 y PLE C214 de 2025, que buscan actualizar la Ley 1581 de 2012 –una necesidad del marco normativo actual–para reforzar el rol de la autoridad de protección de datos, endurecer el régimen de sanciones y exigir evaluaciones de impacto y oficiales de protección cuando haya tratamiento a gran escala. Estas propuestas se complementan con normas ya sancionadas, como la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales seguros para menores y la Ley 2564 de 2026, que obliga a incluir medidas de prevención de violencia digital en los planes de desarrollo territoriales.
¿Por qué la ley de violencia digital genera alertas de censura?
La violencia digital genera controversia creciente, como evidenció la audiencia pública del 24 de noviembre de 2025 en la Comisión Primera de la Cámara sobre el Proyecto de Ley 359 de 2025 Cámara – 247 de 2024 Senado. Este texto, originado en exhortos de la Corte Constitucional (T-280/2022 y T-087/2023), penaliza la difusión no consentida de material íntimo sexual, pero organizaciones como Fundación Karisma y FLIP advierten riesgos de censura al eliminar el enfoque de género, usar definiciones tecnológicas obsoletas (sin cubrir deepfakes ni doxxing), amenazar el “escrache” como herramienta de denuncia y habilitar un “derecho al olvido” de doble filo.
Datos muestran que 6 de cada 10 mujeres han sufrido acoso digital en Colombia, con subregistro alto, pero el articulado actual podría criminalizar víctimas que publican pruebas contra agresores o chocar con el interés público. “Este proyecto nació a raíz de un exhorto a la Corte Constitucional […] hemos llegado hasta un proyecto de ley que era decente […] pero por su paso en el Senado el proyecto sufrió bastantes cambios para su deterioro”, señaló Catalina Moreno, co-directora de Karisma.
En otras propuestas, el Proyecto de Ley 384 de 2025 Cámara propone reglas para el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas de IA y redes, con el objetivo de prevenir acoso, manipulación de imágenes y la proliferación de contenidos falsos hiperrealistas, incluyendo derechos específicos para quienes sean víctimas de pornografía sintética o hiperrealista producida con IA. El conjunto de estas normas busca articular protección de menores, libertad de expresión y responsabilidad de intermediarios, un equilibrio que será tema de debate en la legislatura 2026‑2030.
Más allá del entorno digital inmediato, varios proyectos conectan tecnología con transición energética, salud y educación. En energía, las propuestas apuntan a redes inteligentes, integración de fuentes renovables y planificación urbana con infraestructura crítica, con la idea de que Colombia pase de exportar carbón a ofrecer servicios ambientales y energía limpia, apoyada en tecnologías de monitoreo y gestión de redes. En salud, se impulsa la historia clínica electrónica única y el uso de analítica de datos para detectar fraude en el sistema, con la promesa de mayor transparencia en el flujo de recursos y continuidad terapéutica.
En educación y trabajo, distintas bancadas promueven una agenda STEM y de reconversión laboral basada en formación modular corta, bootcamps para población joven fuera del sistema educativo y programas de reskilling para quienes enfrenten la automatización industrial.
En paralelo, congresistas han impulsado reformas para blindar el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, fortalecer el papel del Ministerio de Ciencia en el tratamiento de datos en investigación, regular la IA con enfoque de derechos, y reconocer desde la política pública sectores como los deportes electrónicos.
#CandidatosHablenDeTIC: ¿Quiénes impulsan la ciencia y la tecnología?
- Esteban Quintero Cardona: Como miembro de la Comisión Sexta del Senado ha liderado la creación de marcos legales para industrias de alta complejidad técnica. Su enfoque es la competitividad industrial a través de la adopción tecnológica. Es el impulsor de la ley de fomento para la industria de semiconductores y electrónica en Colombia, buscando aprovechar el fenómeno del “nearshoring” para atraer plantas de fabricación al país. Para la nueva legislatura, ha radicado un Proyecto de Ley integral para la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Este marco normativo busca establecer el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial (CON-IA), un órgano asesor adscrito a la Presidencia que coordinaría la formación de talento digital, la investigación ética y la implementación sectorial de la IA en la administración pública. Sus propuestas se basan en principios de neutralidad tecnológica y seguridad desde el diseño, con el objetivo de eliminar trámites absurdos mediante la automatización inteligente.
- Jennifer Pedraza Sandoval: Ha trabajado relación a la ejecución del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pedraza ha centrado su agenda en la recuperación del presupuesto para la investigación de alto impacto y también denunciado sistemáticamente lo que describe como la “desfinanciación” de la ciencia en Colombia. Su crítica principal se dirige a la transformación de los recursos de regalías destinados a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en fondos para proyectos de emprendimiento básico que no generan nuevo conocimiento, como fábricas de jabón o procesamiento de alimentos sin base científica. Para 2026, su propuesta legislativa incluye una reforma estructural al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para blindar los recursos de las presiones clientelistas y asegurar que la inversión en I+D alcance el 1% del PIB. Además, promueve el cierre de brechas de género en áreas STEM mediante incentivos para que mujeres excelentes accedan a doctorados y centros de investigación globales
- Juan Carlos Lozada Vargas: Es autor de una iniciativa que otorga al Ministerio de Ciencia un rol protagónico en la expedición de lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en investigaciones científicas e innovaciones tecnológicas. Asimismo, ha impulsado el reconocimiento de los deportes electrónicos (eSports) como disciplina deportiva, vinculándolos al desarrollo digital.
- Carlos Fernando Motoa Solarte: Ha radicado proyectos para regular el funcionamiento de biobiocos con fines de investigación biomédica. También fue ponente de la ley que establece el sistema de carrera administrativa para el personal de las entidades que integran el Sistema Nacional de CTeI.
- Pedro Hernando Flórez Porras y coautores: Junto a candidatos como Beatriz Lorena Ríos, Julio Alberto Elías, Sandra Ramírez y Sandra Yaneth Jaimes, es autor de un proyecto de ley que fomenta la investigación científica y tecnológica para combatir microorganismos multirresistentes.
- Olga Lucía Velásquez: Ha participado en la radicación de proyectos de ley para regular la Inteligencia Artificial en Colombia, enfocándose en su desarrollo ético, responsable y competitivo.
- Alfredo de Luque Zuleta: Como parte de la bancada interparlamentaria de tecnología, ha trabajado en la reglamentación de la ciencia como un derecho y en el impulso de recursos estatales para el desarrollo científico articulado con el SENA.
