A 3 meses de las elecciones para el Congreso, las reglas de juego para garantizar la transparencia del proceso electoral aún no son completamente claras, al menos desde el punto de vista de la tecnología. En octubre pasado, antes de la inscripción de candidatos, en redes sociales se abrió un debate sobre el posible fraude para las elecciones de 2022; aspirantes de la oposición manifestaron que no se sentían seguros con las reglas de juego, por lo que le exigían a la Registraduría la contratación de un software de escrutinio.

Las inquietudes sobre la necesidad de un software electoral propio ya se venían manifestando desde años anteriores. Pero las polémicas alrededor de la contratación del software electoral aumentaron a finales del año pasado, al igual que las relacionadas con el proceso de contratación de la logística (registro, inscripción de cédulas, apoyo tecnológico, etc.). Todo porque Colombia era de los pocos países en la región que no contaban con un software de escrutinio propio, sino que se subcontrataba cada vez que había elecciones y lo operaba una empresa privada. Pero, ¿por qué la necesidad de que Colombia cuente con un software propio?

“Las elecciones son un momento clave de la democracia, es responsabilidad del Estado garantizar la integridad, transparencia y secreto del voto. Desde hace años el software se integró al proceso y se ha hecho a través de tercerizaciones que se contratan para cada elección. La contratación que se ha hecho engloba todo: logística, infraestructura, software. Y abarca todo para todos los procesos, por eso decimos que las elecciones están tercerizadas”.

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización que ha hecho seguimiento a la contratación del software para elecciones. 

“Es claro que la Registraduría debería tener su propio software y no subcontratar este proceso que es absolutamente fundamental. las críticas son sobre todo preventivas, para garantizar la transparencia, porque efectivamente el hecho de subcontratar hace que la Registraduría deje de controlar finalmente este aspecto”.

Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario. 

Un poco de contexto histórico

En los últimos escrutinios, especialmente en las elecciones al Congreso, las discusiones por robo de votos se han convertido en peleas judiciales por las curules. Los candidatos reclaman transparencia basados en una sentencia del Consejo de Estado, que en 2018 instó a la Registraduría a contratar un software propio, después de que en 2014 el partido Mira denunció la manipulación en el registro de los votos; entonces se comprobó que en 1.412 mesas fueron alterados los resultados. Además, cabe recordar las fotos que en 2018 circularon en redes sociales de los tarjetones E14 tachados y modificados. Estos hechos forman parte de la polémica por la transparencia en el escrutinio.

Ante las críticas de la oposición, el registrador nacional, Alexánder Vera, decidió que para las próximas elecciones sí se iba a hacer la contratación de un software propio, y en noviembre abrió una licitación que, al final, se declaró desierta al argumentar que no se presentaron ofertas. A su vez, la Registraduría anunció la creación de la comisión exploratoria electoral con el apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae), de la Unión Europea, observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro Carter y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (Ifes).

Sin embargo, el reclamo de la oposición, encabezada por el candidato a la presidencia Gustavo Petro, fue que además de los observadores internacionales era necesario un software propio.

“La decisión del Consejo de Estado se da en el 2018, y desde entonces se está pidiendo que el Estado tenga un software de escrutinio propio. Hasta el momento se declaró desierto el proceso de contratación de ese software, pero tampoco se conoce que se haya iniciado como tal un proceso similar”, dijo en su momento Malón Pabón, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), después de que la Registraduría declaró desierta la licitación.

Para Pabón, los tiempos son fundamentales para realizar este tipo de contratación, pues es un contrato que debe cumplir con las condiciones mínimas, y también debe hacerse con la mayor transparencia y con todas las garantías. 

Un contrato a última hora

Tras meses de polémicas, el registrador nacional anunció el proceso para la adquisición del software de escrutinio, que sería del Estado y podría ser auditado por los partidos políticos y los observadores electorales. Entonces, en una carrera contrarreloj para aliviar la tensión relacionada con estos proceso, la Registraduría realizó toda la gestión para adquirir un software electoral que fuera propiedad del Estado y no de privados. Dicho software se contrató el 30 de diciembre de 2021, mientras el proceso de auditoria que se requiere se anunció a mediados de enero. El contrató se le adjudicó a la empresa española Indra por un valor de 27.000 millones de pesos. El lugar en el que se instalará el software estará dividido por cubículos en los que se ubicarán los miembros de los partidos políticos y veedores internacionales.

«El software no será operado por ninguna empresa. Nosotros hemos hecho un trabajo arduo con el equipo de informática para que todas las fuerzas políticas puedan acceder a este plan de auditoría”, afirmó el registrador durante la presentación del software a los partidos políticos. Además, dijo que el código fuente también podría ser auditado para garantizar la transparencia en las elecciones de 2022.

En diciembre, el Registrador anunció que el proceso del software estaría a cargo de la Organización de Estados Iberoamericanos, organismo multilateral con experiencia en laboratorios de software y tecnología. Con el tiempo tan corto, se espera que esté listo unas semanas antes de las elecciones legislativas del 13 de marzo. Sin embargo, un aspecto que llamó la atención es que el contrato se hizo el 30 de diciembre, por lo que la Fundación Karisma denunció en sus redes sociales que la Registraduría había adelantado la firma del contrato para el software, a la vez que había subcontratado toda la logística y tecnología para las elecciones.

Para la Fundación, se firmaron 2 contratos con 2 empresas –uno para la logística y otro para el software de escrutinio–, lo que implicaría un doble trabajo en el proceso de auditoria de la elecciones: “Se adquiere el software para ‘el Estado’, pero no se crea capacidad en @Registraduria y @CNEcolombia. La logística, los equipos y el personal que se requieren para manejar el software y usarlo también quedan metidos dentro del contrato. Seguimos en manos de terceros”, puntualiza Karisma. Y agrega que ahora que todo se duplica «quedan muchos más interrogantes. Hay contratada una auditoría externa sobre el primer sistema de escrutinio, pero no abarca este otro. ¿Se queda sin auditoría externa el software nacional de escrutinio?”

Aunque la Registraduría anunció que sí habría una auditoria del software, las dudas sobre el proceso en la contratación y en la adaptación de este tipo de tecnologías en tan corto tiempo sigue generando suspiacias, teniendo en cuenta el proceso de escrutinio con el que cuenta Colombia, que requiere de mayor pedagogía para garantizar transparencia. Además del uso y acceso a los datos electorales de los colombianos.

¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

En 2018, la MOE presentó un protocolo sobre la adecuada auditoría del Software de escrutinio, en la que proponía una herramienta que permitiera la efectiva transparencia en el proceso, que contara con los mecanismos adecuados al momento de hacer la auditoría teniendo en cuenta los casos de éxito y los estandares a nivel internacional. De acuerdo con el documento, existen diferentes tipos de procesos electorales. El colombiano es híbrido, es decir que incluye en su proceso electoral tecnologías, pero que no se ajustan a los estándares de transparencia. 

Sumado a ello, está manejado por terceros, impidiendo el acceso a los datos y a la posibilidad de hacer un proceso de auditoria. «El principal problema es que las elecciones en Colombia sean organizadas y que el núcleo central del proceso electoral esté en privados, evidentemente impide que se realice unos procesos de auditoría integral», reitera Pabón.

También puede ver: Tecnología, innovación y seguridad para el proceso electoral.

En la adjudicación del contrato firmado el 30 de diciembre, como lo denuncia la Fundación Karisma en sus redes sociales, Colombia queda con 2 herramientas de escrutinio –una del proceso logístico (registro, inscripción de cédulas, apoyo tecnológico, etc.) y el software a nivel nacional–. Este último no cuenta con los aspectos clave para una auditoría externa por parte de los partidos políticos y grupos de ciudadanos, como lo propone la MOE en su informe y como indican los estandares internacionales.

«El software para todas las instancias de escrutinio en 2022, excepto la nacional, fue contratado antes (contrato SA06/2021), pero no el nacional. El contrato que conocimos el 30 de diciembre es nacional. No sabemos por qué se hizo esa separación ni cómo está pensando la Registraduría que esto funcione, pero no tiene mucho sentido y sí genera dos instancias para auditar. Una auditoría es un proceso complejo; 2, en tan corto plazo… peor”, señala Carolina Botero. 

Una auditoría va más allá de la observación, es clave que se pueda acceder a la información y al código fuente. En una reciente columna en el periodico El Espectador, la directora de la Fundación Karisma explica cómo es el proceso electoral en Colombia, y enfatiza en todo el proceso posterior al conteo de los votos, que es donde se requiere de una mayor revisión y atención para no repetir los errores de las elecciones pasadas.

Sin embargo, nadie sabe cómo se está desarrollando ese software, su diseño, su arquitectura y las especificaciones; hasta el momento la Registraduría no ha hecho pública dicha información, no se hizo en la presentación pública de la herramienta el pasado 1º de febrero. A pocas semanas de las elecciones, el tiempo es muy corto para que partidos políticos, entes de control y observadores electorales tengan acceso al código fuente para realizar la auditoría, según lo estandares internacionales y citando el informe de la MOE; “la entrega del software se debe hacer con suficiente tiempo para garantizar un análisis exhaustivo previo a las elecciones”, algo que ya está muy encima.

Otros mecanismos para garantizar transparencia

Ante los hechos y con las elecciones encima, la solución por el momento es seguir con las reglas de juego que se vienen utilizando en los últimos años. En el país se han ido incorporando nuevas tecnologías al proceso electoral, y con la modificación en las normas se ha podido de cierta manera dar seguridad y transparencia en los resultados.

No obstante, hay otros factores que se deben tener en cuenta en estas elecciones, que van más allá del escrutinio y que afectan de igual manera la transparencia.

Para Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, un tema fundamental dentro de este proceso es la financiación de las elecciones. Pese a que se ha legislado al respecto, la reglas están claras especialmente para las presidenciales, pero no tanto para las Legislativas.

Basset afirma que en las campañas a Congreso no cuenta con los medios adecuados para verificar realmente de dónde provienen los fondos: «No lo pueden hacer porque el voto preferente tiene demasiadas campañas que controlar en la práctica, y el Consejo Nacional Electoral no tiene dientes ni la capacidad material para hacer este control. Mientras Colombia tenga este sistema electoral con voto preferente, en la práctica siempre habrá miles de compañías por controlar».

Con respecto a los conflictos judiciales y las disputas políticas, estas elecciones no serán la excepción en prácticas comunes como el fraude electoral, la compra y trasteo de votos, etc. «A pesar de la presencia de más observadores electorales –que les da siempre tranquilidad a los partidos políticos y a la ciudadanía–, estos procesos de observación internacional no son algo nuevo. Y pese a que no es nuevo, siempre se han dado controversias: problemas de corrupción electoral, compra y venta de votos, disputas frente a los resultados, cuestionamientos por falta de imparcialidad de las autoridades electorales», aclara Pabón.

En el caso especifico de los resultados y de la auditoria que es necesaria dentro del proceso de escrutinio, Carolina Botero (de Fundación Karisma) ve como una posibilidad que la Registraduría publique los datos del preconteo y se puedan comparar. «En resultados de escrutinio esto se podría hacer solo si se pueden extraer los datos de los E14 y los E24, que la Registraduría publique los datos y que haya forma rápida de comparar y alertas sobre las diferencias entre preconteo y escrutinio, o alertas entre las diferencias en los resultados de los totales a medida que se pasa a una comisión escrutadora de nivel superior. Eso no existe, aunque conocemos una iniciativa ciudadana para esto en 2022 habrá que ver qué tanto consiguen».

Hasta ahora se está iniciando este año electoral, y todavía falta camino por recorrer. Por el momento la intención del gobierno para facilitar e incorporar nuevas tecnologías al proceso ha tenido problemas en su ejecución como en la comunicación, así lo evidencia la inscripción de cédulas que terminó con la caída constante del sistema, y muchos cuestionamientos en su transparencia.


Foto Principal: Registraduría Nacional