El pasado 24 de noviembre, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue escenario de la discusión sobre el futuro de la regulación de la violencia digital en Colombia. La Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley 359 de 2025 (Cámara) y 247 de 2024 (Senado), una iniciativa que busca penalizar la difusión no consentida de material íntimo, dejó en evidencia una profunda brecha entre la intención legislativa y las preocupaciones técnicas de la sociedad civil sobre la libertad de expresión, el enfoque de género y la realidad tecnológica actual.
Para entender la magnitud del problema, es necesario mirar los datos: la violencia de género facilitada por tecnologías (VGFT) no es un fenómeno aislado, sino parte de un continuo de violencia. Según la organización Derechos Digitales, esta se define como un acto que se comete, asiste o amplifica mediante el uso de TIC contra una persona por razón de su género.
La realidad en Colombia es crítica. Estimaciones recientes indican que 6 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de acoso digital, y aunque el subregistro es alto —solo entre el 7 % y el 10 % denuncia—, la tendencia muestra un aumento sostenido de incidentes que van desde el ciberacoso hasta la sextorsión. A nivel global, 2 de cada 5 mujeres han sufrido esta violencia, y el 85% ha sido testigo de ataques contra otras mujeres
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¿Cómo nace el proyecto de ley sobre a difusión de material íntimo sexual sin consentimiento? Un mandato de la Corte Constitucional
Durante la audiencia, Catalina Moreno, Co-Directora de Fundación Karisma explicó que este proyecto no nació de la nada, sino de un exhorto directo de la Corte Constitucional (Sentencias T-280 de 2022 y T-087 de 2023).
El alto tribunal ordenó al Congreso legislar de manera integral sobre la violencia de género digital, incluyendo prevención, protección y reparación. Sin embargo, las organizaciones advierten que el texto que llegó a la Cámara tras su paso por el Senado se ha alejado peligrosamente de ese mandato original. “Este proyecto nació a raíz de un exhorto a la Corte Constitucional de 2022 […] hemos llegado hasta un proyecto de ley que era decente, no era el mejor, pero era decente. Por su paso en el Senado el proyecto sufrió bastantes cambios para su deterioro” , compartió Moreno.
¿Protección a medias o riesgo de censura?
La coalición Libres y Conectadas (conformada por Karisma, FLIP, El Veinte, Red Nacional de Mujeres y Artemisas) presentó argumentos técnicos contundentes sobre por qué el texto actual, contenido en la Gaceta 1732, podría ser contraproducente.
A. La eliminación del enfoque de género
Aunque el título del proyecto en la Gaceta aún menciona medidas de sensibilización y protección, el articulado aprobado por el Senado eliminó referencias explícitas al género y a la violencia estructural contra las mujeres.
- El argumento técnico: La tecnología no es neutra. Las agresiones en línea afectan desproporcionadamente a mujeres y población LGTBIQ+.
- La crítica: Alejandra Miller Soto, de la organización Legalmente, señaló: “Eliminamos el enfoque de género… Señores y señoras, lo que no se nombra no existe. Debemos reconocer que no es que nosotras vengamos a decir que las mujeres somos las únicas víctimas… pero sí las sufrimos de manera particular y diferenciada”.
B. Una definición tecnológica obsoleta
El proyecto se centra casi exclusivamente en la “difusión no consentida de material íntimo sexual” y esta visión de “túnel” ignora las amenazas modernas. Es decir, no es en esencia una ley sobre el amplio espectro de violencias digitales-
- Lo que falta: No se contemplan el doxxing (publicación de datos privados), la sextorsión, ni el uso de Inteligencia Artificial (Deepfakes) para crear pornografía falsa, una modalidad en auge. “¿Qué pasa por ejemplo con las imágenes que hoy con inteligencia artificial se están creando, difundiendo sin el consentimiento de las personas?” cuestionó Miller Soto durante su intervención.
C. El peligro para el ‘Escrache’ y la denuncia pública
Uno de los puntos más críticos para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es la redacción del Artículo 16. Al penalizar la difusión sin consentimiento de quien “allí aparece“, se corre el riesgo de criminalizar a las víctimas que publican material para denunciar a sus agresores (la herramienta conocida como escrache).
“Un contenido íntimo o sensual o sensible usado como prueba o denuncia por la violencia de género, podrá ser retirado, sancionado por solicitud de terceros, especialmente con personas de alto poder” , explicaron durante la audiencia.
En consecuencia, el actual proyecto de ley se podría usar la ley para censurar denuncias legítimas de violencia sexual bajo la excusa de proteger la intimidad del agresor.
D. El “Derecho al Olvido”: Un arma de doble filo
El proyecto agrega el “derecho al olvido digital” (Artículo 5, literal e). Aunque suena positivo para las víctimas, su redacción amplia preocupa a los periodistas.
Catalina Moreno de Karisma advirtió que la Corte Constitucional ha dicho que no puede existir un derecho absoluto a borrar el historial en internet, pues esto choca con el interés público. “Es muy fácil que una ley de este tipo se convierta en una ley para censurar”, señalaron, advirtiendo que políticos o figuras públicas podrían usarla para “blanquear” su pasado.
La respuesta del legislativo
Los congresistas presentes mostraron posturas divididas, reflejando la complejidad de legislar sobre tecnología y derechos humanos.
La Senadora Clara López hizo un llamado al pragmatismo: “Las aspiraciones maximalistas acaban el proyecto… Yo creo que todo esfuerzo es mejorable y yo invitaría a la Cámara de Representantes a buscar ese tipo de consensos”.
La Representante Jennifer Pedraza expresó su temor de que el “colador” del Congreso siga eliminando los derechos de las mujeres. Fue enfática en que una mala ley puede ser peor que la ausencia de ley: “Si nos tenemos que oponer a que siga el proyecto y tumbarlo porque nos escucha, lo vamos a hacer… porque no podemos seguir pretendiendo que desde el Congreso de la República, con la excusa de protegernos, se sigan pasando leyes que después se emplean para criminalizarnos”.
Pony Sandoval, en representación del ponente Gersel Pérez, aseguró que los ponentes sí quieren mantener el enfoque de género (visible únicamente en el título) y están abiertos a regular no solo la violencia sexual, sino también el hostigamiento y la discriminación, buscando un equilibrio con los límites del escrache.
¿Qué sigue?
La audiencia del 24 de noviembre dejó claro que, si bien hay consenso en la necesidad de proteger a las víctimas de violencia digital, el mecanismo propuesto en el Proyecto de Ley 247/359 tiene fallas técnicas y constitucionales graves según la sociedad civil. Tanto así que Moreno agregó en su intervención que: “En este punto, como está este proyecto de ley, para nosotras es mejor que sea archivado si no se corrigen los 4 puntos […]. Seguir con este proyecto de ley, más que remediar la situación de las personas que a diario son víctimas de la violencia digital, empeoraría su situación“.
El reto para la Comisión Primera de la Cámara será reincorporar el enfoque de género y ampliar las definiciones tecnológicas (incluyendo la IA) sin caer en el punitivismo que termine censurando a las propias víctimas o al periodismo.
