Faltan apenas unos días para la posesión del nuevo Gobierno de Colombia, y nuevos desafíos están por venir. Más allá de la innovación y las nuevas ideas, en el sector de TIC habrá que evaluar la evolución y el desarrollo que tendrán temas que ya se vienen trabajando y que son clave para el futuro y la transformación del país. Uno de ellos es el del impacto que las TIC tienen en la construcción y consolidación de la paz en Colombia.

Y es que en los acuerdos suscritos por la entonces guerrilla de las Farc (ahora partido político) y el Gobierno de Juan Manuel Santos hubo 3 puntos en los que el Ministerio TIC y otras entidades quedaron comprometidos desde sus campos de acción para aportar en esa construcción de paz:

Al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –que incluye al Ministerio TIC, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)– se le encargaron trabajos específicos en los puntos 1, 2 y 6 del Acuerdo Final.

Estas fueron las acciones que desde el Ministerio TIC se realizaron entre el 30 de noviembre de 2016 y el 30 de mayo de 2018, de acuerdo a su Informe de Rendición de Cuentas y que tendrán que hacer evolucionar –como parte de sus retos– la nueva ministra TIC, Silvia Constaín, y el gobierno en pleno.

Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral

Para el punto 1 del acuerdo, el sector TIC se comprometió a diseñar e implementar un Plan Nacional de Conectividad Rural, en el que se contempló la “instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a internet de alta velocidad en las cabeceras municipales y la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados”, por lo que la solución se centró en el acceso comunitario a Internet y redes de transporte de alta velocidad.

En 2016 se crearon diagnósticos sobre las necesidades de acceso público a Internet en zonas rurales y sobre la cobertura de las redes de transporte en las cabeceras urbanas del país.

Luego, en 2017 y el 2018, se implementaron validaciones técnicas, políticas y financieras sobre el alcance del Plan Nacional de Conectividad Rural, con las entidades que participan en el diseño del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final. Posteriormente, se realizaron acciones específicas para dar cumplimiento a los compromisos, y de igual manera se realizaron los reportes de monitoreo y seguimiento.

Las actividades se dividieron en 3 frentes:

1. El Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO)

Aquí la propuesta era modernizar la infraestructura de transporte para permitir que 98% de las cabeceras municipales del país contara con una autopista de información.

Partieron de una base de 287 cabeceras, que en el 2010 ya contaban con redes de fibra óptica. Se hizo el mantenimiento y la operación para 15 años de la red troncal, “que se extenderá en 788 cabeceras municipales, con un tendido cercano a los 19.000 kilómetros de fibra óptica”.

Al cierre del reporte, se contaron 786 cabeceras municipales que han sido conectadas y solo hay 2 municipios que permanecen en etapa de instalación y puesta en servicio (Primavera y Santa Rosalía, en Vichada), aunque se espera que esta actividad se ejecute antes del cierre de 2018.

2. El Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV)

Dentro de los objetivos planteados estaba el proveer una alternativa de interconexión para los municipios que no fueron incluidos en el Proyecto Nacional de Fibra Óptica –por restricciones técnicas de la complejidad geográfica de las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Chocó–; garantizar el acceso comunitario a Internet para 639 centros poblados distribuidos entre los municipios priorizados, a través de Kioscos Vive Digital, sedes educativas para abrir al público en horario extracurricular, resguardos indígenas; locales independientes y parques naturales.

Algunas de las acciones desarrolladas fueron el despliegue, la operación y el mantenimiento de la red de transporte de alta velocidad por 10 años, también “se previó la prestación del servicio de conectividad para 235 instituciones públicas; la instalación y operación por 8 años de 5 Puntos Vive Digital; la creación de 11.780 accesos de banda ancha en hogares de estratos 1 y 2 y Viviendas de Interés Social y Prioritario, y la instalación y operación de una Zona WiFi para cada cabecera municipal con una población inferior a 10.000 habitantes y 2 en las de mayor población”.

Para las zonas rurales se incluyó la prestación del servicio de acceso comunitario a Internet en instituciones educativas, mediante operación por 5 años de 953 Kioscos Vive Digital.
Al cierre de 2017, la red había sido instalada en 26 cabeceras municipales, y las restantes culminarán la etapa de instalación a más tardar al cierre de 2018.

3. Oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados

La oferta de esta infraestructura se acompañó de estrategias de uso y apropiación de la tecnología y está al servicio de las entidades públicas y actores sociales que la necesiten para el desarrollo de las iniciativas sociales derivadas de los programas para el posconflicto.

“Durante la vigencia 2017, 445 soluciones de acceso comunitario a Internet que corresponden al 70% de las soluciones programadas, han operado en los centros poblados de los municipios priorizados”.

Si bien garantizar el derecho del acceso a Internet es una obligación del Estado, no se trata del único frente de trabajo. La conectividad es solo una mínima parte del potencial que hay detrás de las oportunidades que traen la tecnología, la innovación y la ciencia. De igual manera, no solo el Gobierno trabaja en desarrollos para la construcción de paz y posacuerdo: desde la academia y otros espacios también hacen lo propio.

El informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz, en el que se presentaron los progresos alcanzados entre el 30 de noviembre del 2016 y el 30 de mayo del 2018, también incluyó los puntos 2 y 6 junto a más acciones que no estuvieron contempladas dentro del Acuerdo Final.