La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se mantuvo fuera del ángulo de visión del Presidente Gustavo Petro –y del público– hasta este mes, cuando el Consejo de Estado le ordenó que limite el uso “inadecuado y desproporcionado” que el Jefe de Estado le está dando a las alocuciones presidenciales.
La CRC asumió las funciones de regulación, inspección, vigilancia y control sobre los contenidos audiovisuales tras la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) en el año 2019. La ANTV, a su vez, había surgido como resultado de las modificaciones hechas a la muy cuestionada Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Desde entonces, el regulador audiovisual no estaba en el ojo del huracán como ahora.
Pero en tres días, la Comisión pasó de ser un asunto de interés casi exclusivo para los sectores de telecomunicaciones y audiovisual, a convertirse en tema de conversación nacional, tras emitir un desconcertante requerimiento de información sobre los contenidos periodísticos y noticiosos de los canales nacionales, con toda la pinta de control editorial y limitación a la libertad de prensa, que luego –casi de inmediato– moderó a lo que sería un “trabajo colaborativo”, con “enfoque pedagógico y de promoción de buenas prácticas”.
Mientras esto ocurría, el Consejo de Estado le ordenaba a la CRC abandonar su posición pasiva frente al uso reiterado e indebido de la figura de la alocución presidencial por parte del mandatario. En consecuencia, el regulador negó la primera solicitud enviada desde la Casa de Nariño, lo que provocó la ira de Petro, quien hasta entonces ni siquiera había designado a su representante en la junta. No sorprende: la última cartera en la que nombró ministro fue la de comunicaciones.
Aunque el Gobierno muestre indiferencia hacia el sector, la CRC goza de independencia administrativa y no está sujeta a control jerárquico en el cumplimiento de sus funciones. Las dos sesiones que la conforman han continuado ejerciendo sus responsabilidades, pero han perdido buena parte de la influencia que tuvieron en el pasado. Lo cual puede ser tanto positivo como negativo.
La CRC ha llevado a cabo durante el actual periodo de Gobierno medidas importantes como la actualización y depuración de las reglas que rigen los servicios audiovisuales y de comunicaciones, buscando eliminar trámites superfluos para los operadores, adaptar la regulación a la convergencia tecnológica y facilitar una provisión más eficiente de los servicios. También reguló los paquetes que combinan TV, telefonía fija, Internet y servicios móviles para evitar que operadores dominantes trasladen o refuercen su poder en otros mercados.
Además de su labor regulatoria, cumple un rol fundamental como generadora y difusora de conocimiento sobre el ecosistema TIC nacional. Por medio de su portal Postdata, la entidad pone a disposición pública estudios, informes y tableros de datos sobre el comportamiento del sector, los servicios de comunicaciones, audiovisuales y postales, así como sobre hábitos de consumo y tendencias tecnológicas. Este espacio es una fuente de referencia para la toma de decisiones públicas y privadas, al ofrecer información técnica, abierta y actualizada que contribuye a entender la dinámica del mercado y orientar políticas basadas en evidencia.
Sin embargo, hay algunas asignaturas en las que la Comisión sigue en deuda, como la solución definitiva al acoso telefónico constante al que están expuestas las personas por parte de empresas de telecomunicaciones y entidades bancarias. Por ley, la CRC está obligada a combatir estas prácticas mediante el Registro de Números Excluidos, una herramienta que, en la práctica, resulta casi inservible.
Su falta de acción ante la concentración del mercado móvil la hace corresponsable de la crisis que hoy atraviesa el sector y de su inevitable consolidación, que hoy está en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sus medidas han sido insuficientes, inocuas y tardías, a pesar de las evidencias de la dominancia de Claro.
Por otro lado, aunque la CRC no influye directamente en las subastas de espectro para comunicaciones móviles, su labor regulatoria es clave para su éxito. A través de la expedición de normas sobre calidad y servicio, la evaluación de las condiciones del mercado y el establecimiento de reglas técnicas para el uso del espectro, la Comisión crea el marco que determina en buena medida el valor que los operadores otorgan a las frecuencias y las dinámicas de competencia que las subastas buscan modelar.
Por eso resultó llamativa su escasa participación en la subasta de 5G de 2023, posiblemente relegada por el entonces ministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Una licitación que, a día de hoy, puede calificarse como un fracaso, pues solo la mitad de los adjudicatarios ha cumplido con sus obligaciones, algo nunca antes visto.
Esta actitud distante del ejecutivo hacia la CRC no es casual, recordemos que es una de las 3 entidades reguladoras de servicios públicos, junto a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible (CREG), que han tenido una relación difícil con el Gobierno desde hace tiempo.
Ahora, las fricciones con Petro hacen pública la vacancia en el cargo del comisionado que representa al Presidente junto al Ministro de las TIC o su viceministro delegado –tema del que se ha hablado reiteradamente en esta columna–, para el que ahora insiste en nombrar a Javier Gutiérrez Afanador, quien según los estatutos de la Comisión no cumple con las condiciones necesarias para asumirlo.
A pesar de la indiferencia del Ejecutivo y sus propias limitaciones internas, que la llevaron a cometer el error de pedir información sobre los contenidos noticiosos de los canales nacionales, el Consejo de Estado le ha devuelto el peso institucional necesario para contener los abusos presidenciales. Ojalá se replique en su interior para que pueda garantizar reglas de juego equilibradas en todo el sector TIC.
