Brasil realizó en noviembre pasado la subasta de espectro más grande que se ha llevado a cabo en ese país, la cual se convirtió en referente obligatorio para cualquier proceso de este tipo en la región y el mundo, no solo porque el 90 % de los 8.700 millones de dólares recaudados se invertirán en infraestructura, sino porque va más allá de la adjudicación de bloques de espectro para cobertura móvil, y se concentra en las telecomunicaciones en su conjunto.
Por eso, vale la pena repasar 5 puntos que hacen de esta subasta de espectro 5G un caso para analizar y replicar en una futura convocatoria para asignación de frecuencias del Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) en Colombia.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) estableció diferentes obligaciones para los adjudicatarios, dependiendo de las bandas en las que obtuvieran los permisos de uso, y a partir de esto definió los precios mínimos de los bloques de frecuencias. Esto no es nuevo en este tipo de negociaciones entre Estado y privados; sin embargo, la novedad está en la variedad de las condiciones.
- Cobertura total 4G: quienes obtuvieron frecuencias en la banda de 700 MHz deben brindar conectividad 4G a las principales carreteras del país (¡más de 45.000 Kilómetros!) y a localidades donde no hay este servicio. Mientras que los signatarios de 2,3 GHz tienen que hacer lo propio en municipios y localidades que carecen del servicio.
De acuerdo con el informe The Mobile Economy in Latin America 2021 de la GSMA, para 2020 Brasil tenía una cobertura de comunicaciones móviles que se repartía en: 80% servicios 4G, 16% 3G y 4% 2G. - Fibra óptica, la piedra angular: comprendiendo que los servicios móviles no son posibles sin una sólida red fija que los soporte, lo que hace de este uno de los detalles más importantes de la subasta, los operadores que accedieron a las bandas de 3,5 GHz tendrán que desarrollar el servicio 5G en municipios con poblaciones superiores a 30.000 habitantes e instalar un backbone de fibra óptica a ciertos centros poblados.
Adicional a eso, tienen que montar una red de transporte de fibra óptica a lo largo de ríos de la Región Amazónica así como desarrollar redes metropolitanas en municipios conectados a esta red de transporte. Esto hace parte de un programa del actual gobierno que promete desplegar 10.000 km de fibra óptica en los ríos de esa compleja zona geográfica. - Red privada de la administración pública: a los compromisos de quienes se hicieron a las licencias de 3,5 GHz (entre los que se encuentran los principales operadores de Colombia), se sumó la estructuración de la red de comunicación privada 5G para la administración pública federal, cuya capacidad para el desarrollo de la digitalización y ciudades inteligentes, entre otros, es enorme.
- 5G en su máximo potencial: las bandas de 700 MHz son imprescindibles para el despliegue de 5G, mientras que su combinación con la banda milimétrica, ubicada en torno a los 26 GHz, permite llevar su potencial al máximo (dicen los que saben). Brasil es pionero en este campo, pues mientras en Europa se discute la liberación de la banda de 26 GHz, nuestro vecino ya la subastó. Y, además, los ganadores tienen el compromiso de conectar escuelas en distintas regiones del país.
- El acceso universal sobre el recaudo: quizá el punto más importante acá es que el gobierno concluyó que el beneficio será mayor para la sociedad y para la economía al hacer de lado la estrategia recaudatoria de corto plazo y priorizar la infraestructura de telecomunicaciones, tanto móvil como fija. El 10 % irá a las finanzas del Estado, mientras que el resto, 7.800 millones de dólares, tiene como destino robustecer y dar capilaridad a las redes móviles y fijas, incluso en zonas poco atractivas financieramente.
Si bien hablamos de escalas distintas, pues se trata de uno de los países más grandes del mundo, donde viven 212 millones de personas, una negociación de este activo intangible en Colombia generará millonarios recursos para el Estado. La cuestión es hacia dónde se destinan.
Colombia tenía una cobertura 4G del 45 % de su territorio en 2020, de acuerdo con la GSMA; 40 % correspondía a tecnología de tercera generación y 15 %, a 2G; mientras que el 56,5 % de los hogares en el país tiene acceso a Internet, dato que en las zonas rurales es del 23,8 %, según reporta del Dane. Es evidente que aun queda trabajo por hacer antes de montarnos en el tren de las promesas de velocidades delirantes, ciudades inteligentes, IoT, industria 4.0 y digitalización de la vida, con las que le hacen marketing al 5G.
Lo que sí está claro es que la futura subasta de 5G es la oportunidad de diseñar una ruta para el desarrollo de las telecomunicaciones hacia el futuro y, de paso, cumplir con la ley que hace de Internet un servicio público universal, llevando conectividad robusta, fija y móvil, a todo el país, incluso a zonas poco atractivas comercialmente.
Imagen principal: Rawpixel.
