El reciente anuncio del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre su intención de enviar al Concejo de la ciudad el proyecto para vender la participación de EPM en el operador Tigo-UNE, no solo confirma que el sector de telecomunicaciones en Colombia atraviesa una etapa de reacomodamiento, sino que también muestra cómo esta dinámica está directamente vinculada con reconfiguraciones empresariales de escala transnacional.
Desde hace varios años está planteada la idea de que la empresa de servicios públicos paisa salga de su participación en Tigo-UNE, donde tiene el 50 % más una acción, de una operación que hace tiempo no produce dividendos y, por el contrario, en 2023 tuvo que capitalizar con 300.000 millones de pesos para evitar la dilución de sus acciones o incluso la quiebra.
A pesar de ese consenso tácito, el Concejo, que tiene la última palabra, negó la venta en varias oportunidades por desconfianza sobre el manejo que pudieran darle a los recursos durante la alcaldía de Daniel Quintero. Pero en esta ocasión, las cargas políticas indican que habrá luz verde para llevar adelante por fin el proceso de enajenación.
Para cerciorarse de que en el futuro pudieran concretar su salida definitiva de EPM de la fusionada Tigo-UNE (que era la idea inicial pero se descartó por presiones al interior del cabildo municipal y de los sindicatos), los negociadores paisas, en 2014, acordaron con los representantes de Millicom (holding dueña de Tigo) la incorporación de una cláusula que da la opción a EPM de vender su parte a su socia luego de una valoración externa. O, en caso de que esta no lo acepte, tendrían que vender forzosamente la totalidad de la compañía a un tercero.
La llamada cláusula de Protección del Patrimonio Público, que en un principio iba hasta agosto de 2024, se extendió al 31 de diciembre de 2026, como resultado de las negociaciones tendientes a la capitalización de la compañía el año pasado.
Pero mientras acá hablamos de la posible salida del capital público de uno de los 3 grandes operadores de telecomunicaciones del país, en Europa, Atlas Luxco, que ya cuenta con el 29,03 % del holding de telecomunicaciones, presentó una OPA (Oferta Pública de Adquisición) de 24 dólares por acción de Millicom International Cellular, que la valora en 4.100 millones de dólares. Cifra que, inicialmente, un comité independiente del Consejo de Millicom consideró que infravalora a la multinacional. No obstante, se mantiene la oferta en pie.
Además de Colombia, Tigo ofrece servicios convergentes en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Guatemala, donde tiene su segunda mayor operación.
Según la oferta de Atlas Luxco, el interés en Tigo surge por la “posición como líder del mercado regional en América Latina y su sólida posición en América del Sur, sus activos de alta calidad y sólida marca”, las cuales desea seguir ampliando en capacidad de redes, alcance y distribución, para hacer crecer la base de clientes, señala en el comunicado.
Ahora bien, una eventual compra local de UNE es clave para ‘embellecer’ a Tigo de cara a esta u otra negociación (van 3 ofertas en un año por su casa matriz), pues Colombia es su centro regional y mayor operación, donde ocupa el segundo lugar por usuarios en servicios de Internet móvil y fijo, y televisión por suscripción.
Además, Tigo-UNE recibió una mejora en su calificación por parte de Fitch Ratings y BRC S&P Global, gracias a los ingresos obtenidos de la venta de torres y a su capacidad demostrada para acceder a financiamiento mediante deuda bancaria.
En el comunicado de la oferta, Atlas Luxco da a entender que hay negociaciones en curso que involucran a Millicom y otras subsidiarias en América Latina. Por lo que todo indica que esas discusiones se estarían dando en Colombia y, más precisamente, en Medellín.
No obstante, hay analistas locales que descartan un interés real de Atlas Luxco por tener una operación en esta región, y plantean que el Gobierno Nacional tendría que comprar la participación de Millicom para mantener el servicio a sus millones de clientes.
Análisis del que difiero por varios motivos: primero, en Medellín es políticamente inviable la voltereta de un día pretender vender una empresa con el argumento de que no está en el core de EPM para luego salir a comprar la parte del socio. Pocos lo aceptarán.
En segundo lugar, el Gobierno Nacional ya advirtió que el mercado se tendrá que acomodar por sí solo, que no inyectará recursos públicos para salvar a nadie y menos en el contexto macroeconómico actual.
En tercer lugar, la cláusula estipula que, de no llevarse a cabo la venta entre los socios, se obliga a Millicom a salir a vender en conjunto, es decir, el 100 % de las acciones.
Además, esta es una excelente oportunidad para ingresar o afianzarse en un mercado de 50 millones de personas, donde no solo Tigo-UNE está disponible, sino también lo está la emproblemada Wom con sus 6 millones de clientes. Una movida en esta dirección convertiría al comprador en un peso pesado de las telcos locales, con la capacidad de generar un entorno más competitivo gracias a una posible consolidación empresarial y las economías de escala que esto implica.
Por último, no es un detalle menor el acuerdo de compartición de redes de acceso móvil entre Movistar y Tigo-UNE, pues con este, costosas inversiones como el uso del espectro y despliegue de infraestructura se asumen entre los dos. Esto la hace más atractiva aún.
A pesar de la compleja situación financiera que atraviesan las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones en Colombia, y que Tigo-UNE hoy probablemente tenga una menor valoración que hace 10 años, lo que suceda con la venta de la mitad más una acción de EPM y, de carambola con Wom, será clave para la recuperación del sector en los próximos años.
