Ad portas de cumplir 2 años de aquel 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la salud declaró el virus del Cóvid-19 como una pandemia, parece que fue ayer cuando el virus se propagó por todo el mundo y generó caos generalizado.
Después de 2 años de ese hecho que marcó la historia de la humanidad, con un total de 36.146.761 personas contagiadas y 5.953.918 muertes a nivel mundial –según cifras de la Universidad Jonhs Hopkins–, el mundo continúa batallando con el virus, con la esperanza puesta en la vacuna, y a la espera de una tregua para volver a la ‘normalidad’ tan anhelada.
Por su lado, Colombia ha superado 4 olas de contagios, ha tenido un total de 6.062.701 contagiados y 138.693 muertes; 2 variantes de preocupación como Delta y Ómicron, y una tasa de vacunación que alcanza más de 77 millones de dosis aplicadas (el 65,6 % de la población está completamente vacunada, según cifras de Our World in Data). Todo esto después de confirmarse la primera muerte por Cóvid-19 el 16 de marzo de 2020, y que días antes, el 12 de marzo, el presidente Iván Duque declaró la emergencia sanitaria en el país. Una medida que dio inicio a la cuarentena, cierre de fronteras y a restricciones de movilidad.
Por por primera vez el mundo entero se internaba en sus casas, y presenciaba desde las noticias y las redes sociales la parálisis mundial. Mirando en retrospectiva, y ante las miles de medidas que se tomaron para prevenir y seguir el virus, es pertinente evaluar y hacer un balance sobre algunas de esas decisiones, saber qué tan acertadas fueron, y hasta qué punto dieron los resultados que se plantearon.
Tecnología aplicada para rastrear el virus
La tecnología jugó un papel fundamental en la pandemia. Sin el acceso a Internet la historia sería otra, y las estrictas cuarentenas no hubieran sido posibles. Una de las iniciativas que se adoptaron fue la creación de herramientas y aplicativos que les permitieran a los gobiernos hacer un riguroso seguimiento de la propagación del virus. Este mecanismo de seguimiento se inició en países como Corea del Sur, que a través de una app hacían un rastreo juicioso de cada caso, en la que recopilaban los datos de cada contagiado y su círculo más cercano con el fin de cerrar el cerco epidemiológico. A su vez, el Gobierno coreano hacía una campaña de testeo por todo el país.
En Colombia se utilizó la aplicación CoronaAPP. En su momento el Gobierno nacional anunció que en un principio iba a ser una herramienta para dar información sobre los riesgos y cuidados del virus. En marzo de 2020, la entonces Ministra TIC, Silvia Constaín, afirmó que con esta aplicación se buscaba “controlar la propagación del virus” para “salvar vidas”.
Sin embargo, a medida que avanzaba la pandemia, la aplicación fue cambiando su función. El Gobierno decidió convertirla en una herramienta con la que los colombianos subían información personal con el fin de tener un mejor diagnóstico de la enfermedad, y las entidades de salud, a su vez, podían hacer un rastreo digital de contactos. Más adelante, se le otorgó la función de pasaporte de movilidad. Al día de hoy la aplicación se convirtió en una herramienta que conecta el sistema de salud con los ciudadanos.
[su_button url=”https://impactotic.co/coronapp-se-convierte-en-la-app-que-conecta-el-sistema-de-salud-con-los-ciudadanos-andicom-2021/” target=”blank” style=”glass” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”5″ center=”yes”] Lea también en Impacto TIC: CoronApp se convierte en la app que conecta el sistema de salud con los ciudadanos[/su_button]Datos y salud pública
Entre las medidas de urgencia que se tomaron en su momento, una de las criticas que se le han hecho al gobierno fue no haber tenido en cuenta el alcance que esta herramienta tendría en la violación a derechos humanos y fundamentales, como es el de privacidad de los datos. “CoronApp sigue en deuda con la transparencia. Es insólito que, en medio de una pandemia, frente a una crisis inminente de salud pública, el Gobierno se rehúse a transparentar la información sobre sus herramientas tecnológicas, e insista en no propiciar la confianza necesaria en sus estrategias de cara a los expertos y a la ciudadanía”, manifestó a finales de 2020 DeJusticia, entidad que ha hecho seguimiento al alcance de la aplicación desde su creación.
Este centro de estudios jurídicos intervino en 2 casos ante la Corte Constitucional en los que mediante un acto de tutela le solicitan al alto tribunal que evalué la jurisprudencia actual con respecto al derecho fundamental de acceso a la información pública. Allí se pide al gobierno la publicación del código fuente de la aplicación. En el segundo caso se solicita a la Corte que el uso de estos aplicativos sea voluntario. “En agosto de 2020 le pedimos a la Agencia Nacional Digital (AND) que nos diera una copia para conocer cómo funciona CoronApp, con el fin de tener evidencia técnica sobre las funcionalidades de la aplicación (y su eventual relación con los derechos fundamentales) y para corroborar que lo que ha dicho el gobierno acerca de su funcionamiento es cierto. La Agencia no quiso entregarlo”, denuncia DeJusticia.
También se cuestiona que la obligatoriedad de la aplicación para miles de pasajeros que debían descargarla como parte del trámite para entrar y salir del país violaba el derecho de Habeas Data y, además, que usar la aplicación no servía de garantía para proteger la salud pública. Estos 2 casos siguen siendo evaluados por la Corte Corte Constitucional quien aún no ha emitido un fallo.
En estos casos, más allá de evidenciar la importancia del uso adecuado de los datos y de garantizar la transparencia, se debe evaluar el verdadero uso de herramientas tecnológicas para casos como la emergencia sanitaria, en la que se debía tener en cuenta factores como la digitalización del país y las brechas de conectividad. Igualmente de cómo se pueden integrar dentro de las políticas públicas en pro de la salud pública con miras a resultados específicos. Por ejemplo, el testeo masivo de casos que hizo en su momento Corea del Sur, que facilitaba el diagnóstico e iba de la mano con el seguimiento gracias a estas herramientas.
“Una alternativa narrativa parece imponerse: la del solucionismo o triunfalismo tecnológico. Sobre la base de esta narrativa, las aplicaciones y otras iniciativas tecnológicas de uso masivo de datos muestran un camino inequívoco de eficacia. En otras palabras, la tecnología se presenta desde sus promotores gubernamentales como una herramienta adecuada para hacerle frente a la situación actual, sin que al mismo tiempo se hagan explícitas sus limitaciones”, concluye el estudio ‘Tecnología para combatir la pandemia: consciente de sus límites, mejor en sus potencialidades’, publicado en marzo de 2021 por DeJusticia.
Más casos a nivel nacional
CoronaApp no fue la única aplicación que surgió en su momento como medida para rastrear y prevenir el Cóvid-19 en el país. La alcaldía de Medellín creó Medellín Me Cuida3; la de Cali, CaliValle Corona4, y en Bogotá se desarrolló GaboApp5; esto en las principales ciudades del país. Otros departamentos y ciudades intermedias también usaron herramientas de recolección de datos como una medida desde las alcaldías y gobernaciones para mitigar la emergencia sanitaria a través del despliegue de tecnología. Esto sin contar con unos planes de alcance y utilidad de las mismas.
Con la idea de rastrear y analizar hasta qué punto estas herramientas cumplieron con las normas del uso adecuado de los datos privados, la Fundación Karisma y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario (Isur), con el patrocinio de la alianza Índice Derechos Digitales, presentaron el informe ‘Tecnologías Digitales para la Pandemia, ¿qué hicieron las regiones?’. Allí se hace un análisis del marco normativo vigente en temas de privacidad personal, las brechas digitales y el uso adecuado de los datos. El informe se centra en 5 departamentos: Atlántico, Boyacá, Caldas, Magdalena y Risaralda.
Brechas Digitales entre regiones
Para entender cada caso, el informe inicia con una mirada a las brechas digitales, la conexión a Internet y el acceso a nuevas tecnologías en el país. Las marcadas brechas digitales entre regiones son evidentes desde antes de la pandemia, por lo que en muchos casos el alcance de las herramientas tecnológicas no era una solución en sí misma.
El informe encontró que de los 5 departamentos, solo Boyacá creó su propio aplicativo para el rastreo de casos Cóvid-19, mientras los demás optaron por los formularios web que debían llenar los ciudadanos como requisito de movilidad. En ningún departamento se tuvo en cuenta el acceso a Internet de sus habitantes para poder acceder a dichos formatos. “Se trata de preocupaciones que pueden extenderse en igual sentido a las soluciones tecnológicas de las regiones para la contención de la Covid-19, más aún si se considera que varios de los departamentos analizados tienen porcentajes de brecha digital que se diferencian entre sí y que, en algunos casos, son más profundas en comparación con el promedio nacional”, puntualiza el informe en su anexo 2 sobre ‘Brecha digital en los departemantos analizados’.
Pero el término brecha va más allá de contar con conectividad. Precisamente las habilidades tecnológicas de cada persona pueden ser un impedimento. De ahí que el informe tome como referencia las brechas motivacionales, de acceso, de habilidades y de uso. Citando cifras del Ministerio TIC en su ‘Índice de Brecha Digital Regional’, los 5 departamentos mencionados evidencian tener marcadas brechas. Por ejemplo, Caldas, Risaralda, Atlántico y Boyacá en 2018 tenían un acceso fijo a Internet apenas superior al 40 %; en Magdalena, no llegaba al 30 %.
Ante los resultados y lo rezagadas que están varias regiones del país, la Fundación Karisma en su informe puntualiza que “el despliegue de tecnologías digitales por autoridades regionales para la contención de la covid-19, sin importar su funcionalidad, debe poder considerar entre los análisis sobre su viabilidad, necesidad, proporcionalidad y legalidad, los de impacto en la ampliación o cierre de la brecha digital de la población a la que dichas tecnologías digitales se dirigen”.
Protección de Datos
Otro tema de análisis y discusión es la protección de datos. Al igual que el informe de DeJusticia, la Fundación Karisma encontró que la recolección masiva de datos por parte del gobierno durante la emergencia sanitaria no fue claro para proteger o almacenar la información personal de los usuarios. Tampoco se estableció un tiempo de alcance y vigencia de la herramienta, pese a que el marco legal actual en protección de datos está vigente desde antes de la pandemia.
Por ejemplo, Boyacá a través de su aplicación móvil recopiló datos de los usuarios como: nombres y apellidos, ubicación, documento de identidad, número de celular, información de salud, etc. Aunque el departamento cuenta con un marco regulatorio en protección de datos, en ningún momento detalla cuál será el uso de la información, ni advierte sobre la entrega de datos sensibles como la ubicación geográfica.
Por su parte Caldas, Risaralda, Atlántico y Magdalena, que no tienen una política de tratamiento de datos específicamente, recopilaron información a través de formularios web en los que los ciudadanos debían dar sus datos para poder obtener un permiso de movilidad. Sin embargo, al igual que las aplicaciones, no se advierte cómo será el tratamiento de los datos. “Dichos departamentos hicieron obligatorio el registro a través de regulaciones de rango infralegal, con la advertencia de la imposición de multas en caso de que la circulación o tránsito de la persona no estuviera certificada o autorizada en un pasaporte de movilidad gestionado por esta previamente”, detalla el informe.
Pese al esfuerzo de cada administración por hacer uso de herramientas tecnológicas como un mecanismo útil para combatir la pandemia, estos 2 informes –el de DeJusticia y el de la Fundación Karisma– evidencian que este tipo de iniciativas deben ir acompañadas de todo un plan que se integre con políticas públicas que generen impacto y resultados a corto y largo plazo.
No siempre la tecnología llega a responder todas las preguntas: “Hay mucho por hacer, sin duda, para que las tecnologías digitales sean herramientas verdaderamente útiles y efectivas para apoyar las acciones del cuidado de la salud. Lo primero que debería poder tenerse en cuenta a la hora de evaluar la conveniencia sobre su uso y despliegue, tiene que ver con el análisis sobre el impacto que tendrá dicha medida para la población desconectada a la que se dirige”, concluye la Fundación Karisma en su informe.
En las próximas semanas, el Ministerio de Salud y Protección Social hará el lanzamiento oficial del aplicativo Minsalud Digital, que reúne todos los servicios de atención al usuario, y desde el que los ciudadanos podrán descargar el certificado de vacunación. Esta será el reemplazo de CoronApp y de acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz,”toda la información que se presenta en la App es información que el Ministerio de Salud y Protección Social pone a disposición del ciudadano para su beneficio sin ningún costo”. Por otro lado queda pendiente el fallo de la Corte Constitucional sobre hacer publico el código fuente de CoronaApp y su obligatoriedad.
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