A la fecha, en 2020 se aprobaron o se modificaron 51 leyes en Colombia, las cuales ya pasaron por la su respectiva sanción presidencial. De otro lado, en el Congreso de la República (Cámara de Representantes y Senado) pasaron a debate cientos de proyectos de ley y actos legislativos, algunos se quedaron en el camino, otros fueron retirados y otros han avanzado para convertirse en Ley de la República.
No es un camino corto: en el recorrido se presentan modificaciones, avances y retrocesos –y también los conocidos ‘micos’–, y se desarrollan varios debates, que es justamente donde está la labor legislativa (leer, analizar, presentar comentarios, aportes a favor, en contra y demás). Por ejemplo, en 2020 el proyecto de Ley de Pago a plazos justos pasó de proyecto a convertirse en Ley (se reglamentó el 22 de diciembre), y pasó más de un año en ese proceso.
Las que ya son Ley:
En Tecnología, Innovación y Ciencia, la agenda legislativa ha tenido temas de interés nacional en sus manos. De hecho, una de las primeras leyes sancionadas en 2020 fue la que le abrió la puerta a la Historia Clínica Electrónica. Sin embargo, hay otras leyes que dada la urgencia hacen un tránsito más rápido, como fue el caso de la Ley 264 de 2020, que establece “la estrategia de inmunización de la población colombiana contra la COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia”.
También se hizo Ley la normalización de la cartera de los servicios de radiodifusión sonora de interés público y comunitarios y para los operadores del servicio de televisión comunitaria; y, de otro lado, se autorizó la financiación para proyectos de energías renovables, específicamente para la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación, distribución, comercialización y autogeneración, y generación distribuida con Fuentes No Convencionales de Energía Renovables (FNCER), como la biomasa, los aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar, los mares y el aprovechamiento energético de residuos.
Las que vienen en camino
A pesar de los trastornos que generó el pasar a la virtualidad, las sesiones del Senado y la Cámara de representantes, que conforman el Congreso de la República, continuaron. Los legisladores tuvieron que aprender (a las buenas y a las malas) a realizar sus funciones de diferentes maneras.
Uno de las próximas nuevas leyes que pasan a sanción presidencial es la Ley de Emprendimiento, promovida por iNNpulsa y que fue aprobada el pasado 11 de diciembre. Se trata de la Política Nacional de Emprendimiento, que busca promover su crecimiento e incentivar la creación de nuevos empleos.
Dentro de los aspectos más relevantes se destacan la reducción de cargas y trámites, mejores condiciones en el mercado de compras públicas e incentivos para el crecimiento (consulte aquí el abecé de la Ley de Emprendimiento).
Los proyectos en curso son de diversas temáticas. Por ejemplo, Medellín busca convertirse en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del proyecto de Ley 270 radicado en el Senado de la República.
De otro lado, viene la reforma del Código Electoral, que tiene 3 componentes delicados, que han generado polémica y rechazo de algunos sectores: la cédula electrónica, el voto electrónico y la elección de los aliados tecnológicos (será un secreto y a cargo del Registrador de turno). En cuanto a la primera, se presentó el documento oficialmente a comienzos de diciembre, de momento su implementación es voluntaria, y a lo que apunta la Registraduría, a largo plazo, es a la identificación biométrica. Y sobre el segundo punto, sigue estando en el centro de atención, ya que el modelo de voto electrónico no es propiamente la mejor opción. Sin embargo, está claro que para las próximas elecciones definitivamente no se implementará este mecanismo.
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Aunque Colombia ha tenido una regulación de Teletrabajo, con la Ley 1221 de 2008, ciertamente ya se quedó corta –y tal vez, obsoleta– frente a la realidad. Tanto así, que hoy sigue siendo un tema confuso, tanto a la hora de definirlo, como de plantear lineamientos para los diferentes actores. En este escenario, transitó el proyecto de Ley 352 de 2020, de trabajo en casa, que fue aprobado en su primer debate el 12 de diciembre. El proyecto de Ley establece medidas en el horario, seguridad social, derecho a la desconexión, capacitaciones, derechos salariales, afiliaciones a riesgos laborales y auxilios de conectividad, entre otros puntos.
Y si aprender a trabajar en casa, así como liderar equipos a distancia, ha sido toda una odisea, algo que dejó más que evidente 2020 fue la necesidad de avanzar en la apropiación digital de toda la población. Sin embargo, no se puede desconocer que las personas en condición de discapacidad son aún más dependientes de la tecnología, por lo que se deben redoblar esfuerzos puntuales. En octubre, la Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el proyecto que busca garantizar la apropiación digital para personas en condición de discapacidad, a través de una política pública nacional de Inclusión TIC. El proyecto continúa en la agenda.
Y sobre uso entornos digitales, hay uno especialmente pensado para los menores. Se trata del proyecto de Ley 105 de 2020, que busca contribuir a la existencia de entornos seguros de aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes, mediante la regulación de las responsabilidades del Estado, instituciones educativas y familias, respecto al uso de las herramientas que ofrecen las TIC.
Es decir, que la inmersión de los niños, niñas y adolescentes al mundo tecnológico en los establecimientos educativos se realice en entornos seguros para ellos y de forma responsable. Según datos del Ministerio TIC (2016), 76 % de los jóvenes entre los 12 y los 17 años tiene su propio teléfono móvil con voz y datos, y 52 % de los jóvenes entre los 12 y 17 años siente algún grado de ansiedad si no sabe lo que ocurre en Internet o si está desconectado. Esas cifras, con seguridad, han aumentado notablemente en 2020, así como las amenazas y los retos en los entornos digitales. Es necesario que padres, madres y cuidadores puedan generar entornos seguros. Este proyecto pasó a segundo debate en el Senado y está concertado con el Ministerio de Educación.
Como hemos mencionado previamente, nada de esto sería posible sin conectividad. En la Comisión Sexta, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca que Internet sea un servicio público, de caracter esencial y universal.
En materia de residuos hay varias iniciativas. Por un lado, la Comisión Quinta de la Cámara aprobó el proyecto de Ley sobre el uso de plásticos de un solo uso. Si llegara a convertirse en Ley, a partir del 1º de enero de 2025 estarían prohibidos en Colombia elementos de plásticos como las bolsas utilizadas para embalar periódicos, los mezcladores y pitillos para bebidas, soportes plásticos para las bombas de inflar, envases y recipientes para contener o llevar alimentos de consumo inmediato, láminas o manteles para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, plásticos utilizados en el sector de la construcción para protección de vidrios, puertas, baldosas y accesorios de baño.
De otro lado, se aprobó en primer debate proyecto de Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor, que busca garantizar que el reciclaje se vuelva norma en el país y establecer una política económicamente sostenible.
En cuanto a energías, en noviembre se presentó el proyecto de Ley sobre transición energética, justamente para fortalecer los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
Detrás de este proyecto están el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que destacan el poder implementar nuevos medidores inteligentes de energía eléctrica en los hogares, habilitar esquemas de eficiencia energética, mejorar la calidad del servicio a través del monitoreo y control de los sistemas de distribución, dinamizar la competencia en la comercialización minorista de energía eléctrica y generar nuevos modelos de negocio y servicios, entre otros.
En ciencia, uno de los proyectos radicados es el de seguridad farmacéutica, que busca construir capacidades científicas para producir bienes públicos esenciales. A través de esta iniciativa, apoyada por 67 congresistas, “se establecen los principios que la orientan, los principales instrumentos científicos –institucionales, regulatorios y de fomento que la sustentan, así como los servicios a cargo del Estado que desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollan los derechos a la vida y la salud de la población colombiana”.
También se radicó el proyecto 371 de 2020, Hidrógeno Verde, para promover y fortalecer la investigación, la producción y el uso del hidrógeno verde como combustible y vector energético, diversificando la matriz energética, en busca de un desarrollo sostenible y consciente con el medio ambiente.
¿Y qué pasa con la regulación de las plataformas de transporte?
Para el cierre, uno de los temas de mayor interés, la regulación de las plataformas de transporte, la cual espera el país desde hace más de 8 años. No han sido pocas las iniciativas que a lo largo de los años han sido protagonistas de debate, ya se sumaban varios proyectos para el mismo propósito, con propósitos y enfoques diferentes. Entre los proyectos actuales se encuentran los de los representantes Mauricio Toro, Ciro Rodríguez y Alfredo Ape Cuello, el del senador Jorge Robledo, que en esencia propone el ‘bloqueo de las plataformas ilegales’, y el del exsenador Álvaro Uribe, enfocado en la contratación de personal por parte de estas y otras plataformas tecnológicas.
En diciembre llegó una noticia alentadora para este tema, la unificación de varios proyectos en una nueva propuesta que permita avanzar en la regulación. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó la unificación y ahora el proyecto, que defiende la economía colaborativa, nivela la cancha y representaría el final del monopolio del transporte urbano, está listo para su primer debate.
