El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a todos los pagos realizados a través de medios electrónicos ha desatado una ola de críticas en el sector tecnológico y financiero, encendiendo las alarmas sobre el futuro de la inclusión digital en Colombia y la recién lanzada plataforma de pagos inmediatos Bre-B.
La medida tiene como objetivo principal igualar el trato fiscal entre las transacciones hechas con tarjetas de crédito o débito —que ya tienen esta retención— y otros sistemas digitales como Bre-B, Nequi, Daviplata, o pagos con código QR. Sin embargo, líderes del sector alertan que esta homologación, en lugar de generar equidad, podría provocar un #FrenoDigital en el país.
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Bre-B: La promesa de inmediatez podría diluirse
Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, diseñado para revolucionar la manera en que se mueve el dinero en Colombia. Su valor radica en permitir transferencias en tiempo real, 24/7, entre diferentes entidades financieras y billeteras digitales, de forma fácil, segura y sin costo para el usuario final. La plataforma nació con la meta de masificar los pagos inmediatos, reducir la dependencia del efectivo y formalizar miles de comercios a través de la interoperabilidad.
La preocupación generalizada se centra en que la retención afectará directamente el flujo de caja y la rentabilidad de los micro y pequeños comercios, que son la base de la economía popular y los principales adoptantes de sistemas como Bre-B.
Baudo Pineda, CEO de Refácil –fintech colombiana–, enfatiza que la retención, aunque descontable a largo plazo, representa una reducción inmediata del 1,5 % en el flujo de caja de negocios con márgenes de ganancia que oscilan entre el 3 % y el 7 %.
Pineda considera que la medida castiga la formalidad, ya que muchos de estos microcomercios tienen una renta líquida mínima, convirtiendo la retención en un saldo a favor eterno y de difícil devolución por parte de la DIAN. Explica que esta medida castigaría la formalidad, premiando al efectivo, además, advierte que los comercios podrían “trasladar el costo al cliente, cobrando un valor adicional por pagar con Bre-B u otros canales electrónicos”. Y finalmente, en cuanto a efecto en la base, “cuando el tendero vea que cada pago digital le deja menos, no va a pensar en política tributaria ni en inclusión financiera; va a decir con toda la razón: llévese ese datáfono, que prefiero el billete arrugado, ese al menos no se me va en retefuente“.
De otro lado, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se suma al rechazo, argumentando que cualquier ruta regulatoria que encarezca los pagos digitales es inconveniente para el ecosistema. Para el gremio, equiparar la retención con las tarjetas de crédito y débito perpetúa un tratamiento “anti-técnico” que ha frenado la inclusión financiera históricamente.
La CCCE critica que el proyecto tiene una “visión de corto plazo centrada únicamente en el recaudo fiscal“. Menciona que lo que se plantea al igualar estas cargas para todos, “va en contravía de los objetivos de inclusión y digitalización“. Agrega que este tipo de medidas desincentiva la adopción tecnológica, la formalización y la inclusión financiera, “además de encarecer la digitalización de miles de micro y pequeñas empresas que aún no aceptan pagos digitales debido a sus altos costos fiscales”.
Rodrigo León, CEO de Kamin, coincide en que la retención afecta la propuesta de valor de Bre-B, cuya meta era ofrecer una experiencia similar a la facilidad e inmediatez del efectivo. Subraya que el impacto es mayor en comercios con márgenes estrechos.
León sostiene que la solución no es incrementar las cargas, sino eliminarlas, y que la imposición de la retención es una “respuesta natural” que incentiva a los comerciantes a volver al efectivo. Explica que –de aprobarse– la medida generará que se pierda el incentivo, pues: “Bajo la idea de incluir medios de pago digitales y novedosos estos comercios no cuentan siempre con el 100% de su flujo para cubrir sus gastos diarios y en la medida que se vean afectados, no tendrán incentivos para su adopción“.
Además, agregó que la retención debería “eliminar de cualquier medio de pago, como se maneja en la mayoría de los países con gran penetración del uso de medios de pago digitales“.
En términos generales, el sector alerta sobre tres consecuencias directas si el decreto se aprueba en sus términos actuales:
- Retorno al efectivo y pérdida de confianza: La desconfianza y la percepción negativa del pago digital llevarían a los tenderos a rechazar los pagos electrónicos, privilegiando el efectivo. Esto revertiría años de esfuerzos en bancarización y formalización. Un caso similar ocurrió en Brasil, donde el rumor de un impuesto al sistema PIX provocó una caída del 22 % en los pagos presenciales en pocas semanas.
- Costo para el Microcomercio: Para las micro y pequeñas empresas que no tienen mecanismos de descuento (como ICA), el 1,5 % retenido se convierte en un costo definitivo y una afectación directa a su liquidez. Además, como agentes de retención, las plataformas (adquirentes/agregadores) deberán asumir una carga operativa y tecnológica considerable para el cálculo y reporte de cada transacción, cuyos costos podrían trasladarse a los modelos comerciales.
- Distorsión en la competencia: Existe un riesgo técnico de que las transacciones entre cuentas del mismo banco o billetera digital (ecosistemas cerrados) queden por fuera de la retención al ser clasificadas como simples transferencias, mientras que sistemas abiertos e interoperables como Bre-B sí tendrían que practicarla. Esto podría distorsionar la competencia y debilitar el objetivo de la interoperabilidad en el mercado.
Las precisiones del Ministerio: ¿Quién Queda Exento?
Ante la polémica, el Ministerio de Hacienda y la DIAN han salido a precisar el alcance de la norma, buscando aclarar que esta no implica un nuevo impuesto, sino un ajuste al régimen de retención existente.
Según las entidades, la retención del 1,5 % se aplicará solo a las operaciones electrónicas que constituyan un ingreso gravado por la venta de bienes o servicios. Las precisiones clave son:
- Exención P2P: Las transferencias entre personas naturales o por plataformas como Nequi, Daviplata o Bre-B que no representen ingresos comerciales (como dividir la cuenta o enviar dinero a un familiar) no estarán sujetas a retención.
- Exención para NO responsables de IVA: Tampoco se practicará retención a las personas naturales que no sean responsables del IVA (Impuesto al Valor Agregado), conforme al Estatuto Tributario.
- El comerciante asume la retención: No son las personas que efectúan los pagos las que se verán afectadas; en cambio, el comerciante o receptor del ingreso comercial es quien asumiría la retención.
A pesar de estas aclaraciones, que buscan diferenciar la transacción comercial de la transferencia personal, el rechazo del sector persiste, argumentando que la medida sigue siendo un obstáculo para la formalización de los microcomercios. Previamente, Asobancaria ya había alertado que la medida encarecería las transacciones digitales frente al efectivo, aumentando la informalidad.
¿Qué alternativas hay?
Los voceros coinciden en que la medida necesita un diálogo urgente con el Gobierno. Las alternativas propuestas se centran en proteger a la economía popular:
- Excepciones y umbrales: Establecer excepciones o regímenes especiales para los microcomercios. Se sugiere un umbral mínimo exento, por ejemplo, para ventas con ingresos inferiores a 20 millones de pesos mensuales o transacciones menores a 200.000 pesos.
- Mecanismos de devolución: Implementar mecanismos automáticos de devolución o compensación desde las propias plataformas para evitar que los pequeños negocios dependan de trámites complejos ante la DIAN.
- Retenciones diferenciadas: Proponer retenciones diferenciadas o esquemas de exclusión gradual según el tamaño del comercio.
La postura general es clara: la política fiscal debe ser un aliado de la inclusión digital, no un obstáculo. El proyecto recibió comentario hasta el pasado 25 de octubre, de momento, el riesgo de frenar la digitalización y la formalización logradas con plataformas como Bre-B continúa presente.
