Los acontecimientos de los últimos días destaparon la compleja situación por la que atraviesa el tercer operador de telecomunicaciones de Colombia, Tigo-UNE, que se vio obligado a convocar a la asamblea de accionistas para solicitar la capitalización de la empresa debido a sus deudas por vencer y pérdidas operacionales, a lo que se suma que en el primer trimestre del año encabezó el listado de portabilidad móvil, con el mayor número de usuarios que abandonaron su red, a pesar de las cuantiosas inversiones en las que ha incurrido.
La relación entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Millicom data de 2006, cuando esta última compró el 50 % más una acción de Colombia Móvil (Ola) propiedad a partes iguales de la ETB y EPM. Luego, en 2014, cerraron un acuerdo de fusión entre el negocio de telecomunicaciones de la empresa paisa y el operador móvil, que incluyó el pago de 743 millones de dólares a EPM así como alrededor de 150 millones de dólares por el control y administración de la compañía.
Hoy, ese matrimonio pasa por su peor momento. Por un lado, el alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, Daniel Quintero, acusa falta de claridad en la información de la empresa; mientras que Millicom mantiene silencio, aunque sus estados financieros hablan por sí solos.
Años de números negativos en sus balances, con un reciente cierre de 2022 marcado por pérdidas que sumaron 474 mil millones de pesos y un primer trimestre igualmente negativo, así como deudas financieras que contabilizaron 2,91 billones de pesos con vencimientos a la vuelta de la esquina, precipitaron la inevitable crisis.
La situación de Tigo-UNE se enmarca en el contexto de una agresiva competencia de precios en los distintos servicios que ofrecen estas compañías en Colombia, que ha llevado a la disminución del ARPU (indicador que representa el ingreso promedio generado por cada usuario) y la influencia de un operador dominante en el mercado (Claro); a lo que se suman una alta inflación, devaluación del peso, incremento en las tasas de interés y elevados precios del espectro, que ejercen presión sobre los márgenes de todos en la industria.
Uno de los detonantes de la situación actual estuvo en la apuesta de Tigo por aumentar su espectro radioeléctrico y el consiguiente incremento de la deuda financiera a pesar de los evidentes signos de desaceleración de la economía y de la industria de telecomunicaciones.
En la subasta de 2019 se quedó con 40 MHz en la banda de 700 MHz, por los que pagó 2,4 billones de pesos, con el compromiso de cubrir 1.636 localidades. Una cantidad de espectro que, según personas del sector, no era necesaria en una banda que es eficiente pero costosa.
Tigo es el segundo operador por cantidad de espectro, con un total de 125 MHz y alrededor de 15 millones de clientes en telefonía móvil, mientras que Claro tiene 135 MHz pero ronda los 35 millones de abonados. Si bien esto ha permitido que lo reconozcan como el proveedor que ofrece las mayores velocidades de descarga de datos, le está pasando una costosa factura.
El mayor gasto de amortización e intereses asociados a la adquisición de espectro de 700 MHz de 2019 y el incremento en los costos de endeudamiento financiero de las emisiones de bonos y deuda externa cuya liquidación está atada al desempeño de la inflación (IPC) y el Indicador Bancario de Referencia, respectivamente, están subiendo la presión sobre los 1,59 billones de pesos que suma la deuda con entidades financieras nacionales e internacionales y los 1,55 billones de pesos de los compromisos con los tenedores de bonos.
La calificadora Moody’s reportó en marzo que está analizando la rebaja en la calificación de Tigo-UNE (Bbb 3), centrada en “la capacidad de la compañía para reforzar su posición de liquidez, los planes de gestión de pasivos, así como su estrategia para mejorar su posición competitiva y capacidad para expandir los márgenes operativos”. Y recalcó que “la revisión también tendrá en cuenta la capacidad y voluntad de los accionistas de Tigo-UNE para respaldar el plan estratégico de la compañía y los esfuerzos de gestión de pasivos”.
Buscar acuerdos
Se dice que “los trapos sucios se lavan en casa”, pues este no es el caso. En este matrimonio, cada vez que pasa algo se entera toda la cuadra. Claro, estamos hablando de recursos públicos cuyas cuentas deben ser transparentes y estar disponibles para el control fiscal. Pero el modo como lo lleva el alcalde Daniel Quintero afecta la imagen de la compañía.
Tras la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, para la “revisión de la situación financiera y proyecciones para definir las acciones a ejecutar, entre ellas, iniciativas de generación de caja, créditos y capitalización”, el 30 de mayo (que se aplazó un mes), Quintero reveló que se buscará capitalizar la empresa en 750 mil millones de pesos, conseguir un crédito por 850 mil millones y, supuestamente, autorizar la venta de la red de fibra óptica.
El alcalde también dijo que las opciones que recibió EPM de parte de Millicom fueron proceder con la capitalización conjunta o la dilución de sus acciones si no participa.
Ante la beligerancia de Quintero Calle, se podría dificultar aún más la relación, así como una eventual inyección de capital, lo cual no solo traería más problemas a la empresa sino que impactaría a sus millones de clientes, los planes del gobierno en materia de conectividad rural y la subasta de 5G, que se debe realizar este año.
Motivo por el cual el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, se vio obligado a interceder para buscar un acuerdo entre los socios antes de la asamblea del 30 de junio.
Este no es el único operador que pasa dificultades en la región, el gigante brasileño Oi enfrenta desde 2016 una compleja situación financiera debido a altos niveles de deuda y dificultades para hacer frente a sus compromisos, que requirió de la capitalización de sus socios, entre los que se encuentra el Estado. A pesar del rescate, hoy siguen los problemas y busca financiamiento de emergencia por casi 800 millones de dólares y renegociar la deuda.
La mexicana TV Azteca, por su lado, afronta la quiebra por el impago de los intereses de un bono por 400 millones de dólares de su filial Azteca Comunicaciones (presente en Colombia), que la tiene enfrentada con sus acreedores, quienes buscan la declaración de bancarrota en una corte de Estados Unidos.
Con este panorama, es crucial que se encuentren soluciones rápidas y efectivas para garantizar la viabilidad de la compañía, proteger los intereses de los accionistas y salvaguardar la conectividad y los planes de desarrollo del gobierno en materia de telecomunicaciones. La colaboración entre los socios, la transparencia en la gestión y la búsqueda de acuerdos se presentan como elementos claves para superar esta crisis y garantizar un futuro sostenible en el sector en Colombia.
Por último, no puedo dejar de ver con preocupación que -como se advirtió hace tiempo- la fuerte competencia y el precio del espectro, tienen un rol importante en la situación de Tigo-UNE. Ojalá que no sea contagiosa.
