Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: cuatro asuntos que el Plan TIC deja sin resolver

Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 hacen un diagnóstico sólido de la conectividad en Colombia. Pero dejan por fuera el nombre del ministerio, la independencia del regulador, la política para los pequeños ISP y la troncal de Azteca, y no miran hacia la integración digital andina.

Por: Nicola Stornelli García
Analista de tendencias digitales
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Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 hacen un buen diagnóstico de la conectividad, pero no tocan el nombre del ministerio, no blindan a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), no le dan política a los pequeños ISP, no dicen una palabra sobre la troncal de Azteca y no miran hacia el Mercado Digital Andino. Los contrasto con mis columnas y con el estudio que hice con Julián Cardona para la CAN.

Leí con lupa el componente de telecomunicaciones y TIC de las Bases del PND 2026-2030: la estrategia 5.2.5, ‘El Sistema Operativo de la Patria Milagro: Transformación digital y conectividad’, más las piezas de los capítulos de educación y de transformación del Estado. Lo puse al lado de mis columnas recientes (las catorce tareas urgentes para el Ministerio TIC, El plan que le falta al Plan TIC, la de los pequeños ISP y la de la troncal de fibra óptica) y del estudio que Julián Cardona Castro y este servidor entregamos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para ser justo con el documento: propone una “conectividad universal y significativa“, neutral en lo tecnológico (fibra, móvil, inalámbrica y satélite), con compartición de infraestructura, redes de acceso abierto e inversión conjunta. Su diagnóstico es duro y correcto: en el 70,9 % de las unidades territoriales hay menos de 10 accesos fijos por cada cien habitantes y en el 37,1 % de los centros poblados la cobertura 4G es inferior al 50 %. Reconoce la dependencia del Fondo Único de TIC (Futic) de los ingresos por espectro, con saldos sin ejecutar cercanos al 19 % entre 2021 y 2024, y promete actuar a tiempo frente a la concentración del mercado móvil.

Pero el Plan acierta en el qué y se queda corto en el quién. Estos son los cuatro asuntos, en el orden en que más me preocupan:

  1. De Ministerio TIC a MinComunicaciones: la cantaleta que sigue vigente.
  2. La CRC y su autonomía.
  3. Pequeños ISP, brecha digital y la troncal de Azteca.
  4. El estudio para la CAN y el Mercado Digital Andino.

1. De Ministerio TIC a MinComunicaciones: la cantaleta que sigue vigente

Perdonen la cantaleta, pero la repetiré mientras haga falta: el Ministerio de las TIC no puede ni debe seguir llamándose así. Lo defendí en ‘Por qué MinComunicaciones y no MinTIC’ y lo retomé en ‘El plan que le falta al Plan TIC 2026-2030’. La tesis es sencilla: las TIC son solo una parte del ecosistema digital, no su totalidad, y esa imprecisión semántica afecta la forma en que se concibe y se gestiona el sector.

No es un debate solo nominal. El nombre moldea las prioridades regulatorias y presupuestales. Un ministerio ‘de las TIC’ se piensa a sí mismo como el ministerio de la transformación digital: la Inteligencia Artificial, los datos, el gobierno digital. Un ministerio de comunicaciones se piensa, además, como el responsable de aquello que reglamenta, vigila y financia: las redes, el espectro, los servicios postales, la radio y la televisión.

Basta mirar el Plan para ver el síntoma. La estrategia que debería ocuparse de las telecomunicaciones se titula ‘Transformación Digital y conectividad’, y en ella la conectividad comparte espacio con la Inteligencia Artificial, las empresas digitales, la economía espacial, los medios públicos y la TDT.

Lectura. Cuando todo cabe bajo la etiqueta TIC, lo que hay que regular, supervisar y financiar en las redes (lo menos vistoso y lo más importante) termina como un capítulo más.

Hay además un dato comparativo que a mí me parece decisivo: ningún país de la CAN usa la denominación ‘TIC’ para el ministerio del sector, y Colombia es el caso atípico. Era justamente uno de los hallazgos del estudio que hicimos para la CAN: sin denominaciones y definiciones comunes no hay estadísticas comparables, y sin estadísticas comparables no hay política común. Si queremos sentarnos en el CAATEL hablando la misma lengua que Bolivia, Ecuador y Perú, empecemos por llamar las cosas igual. Y vale recordar la historia: el Ministerio TIC nació en 2009 como reemplazo del antiguo Ministerio de Comunicaciones. Volver a esa denominación no sería un retroceso, sino un regreso informado por todo lo que cambió después.

El PND no lo toca. Del nombre del ministerio no dice nada: de principio a fin habla del ‘Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’. Y eso importa, porque el Plan sí anuncia un rediseño de la institucionalidad y una revisión de las funciones de cada sector. Si se va a mover la arquitectura, que se mueva también la etiqueta que le da sentido.

Propuesta: que el articulado del Plan, o la norma que corresponda, le devuelva al sector su nombre: Ministerio de Comunicaciones.

2. La CRC y su autonomía

Mi segundo asunto es consecuencia del primero: si el ministerio define el sector, el regulador tiene que poder decirle que no al ministerio. Lo planteé en las catorce tareas y lo repetí en mi columna de gobernanza: la independencia real de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es condición de un mercado competitivo.

Propuse blindarla eliminando los dos asientos que hoy designan directamente el presidente y el ministro TIC en la Sesión de Comunicaciones, con nombramientos basados en el mérito. Era, además, una de las recomendaciones del estudio para la CAN: reguladores realmente independientes en los cuatro países.

¿Qué dice el PND? Casi nada, y lo poco que dice me inquieta. En el componente TIC, la CRC aparece solo como fuente de datos. El Plan sí anuncia un rediseño de la institucionalidad, la gobernanza y los instrumentos de financiación y, en el capítulo de transformación del Estado, un rediseño del aparato institucional ‘por sector’, con alternativas de integración, supresión y fusión de entidades.

Como criterio de análisis, dice que se revisará la separación de las funciones de política pública, planificación, regulación, ejecución y supervisión, y advierte que integrar funciones en una sola estructura no significa eliminar servicios, sino prestarlos de manera más articulada.

Lectura. Nada en el texto amenaza directamente a la CRC. Pero tampoco hay una línea que la proteja, y un criterio que mira con buenos ojos integrar funciones de política y de regulación es, para un regulador técnico, una señal de alerta. Si el rediseño blinda a la CRC, será un avance. Si la subordina o la diluye en nombre de la simplificación, retrocederemos justo cuando el mercado se reordena.

El caso Claro-Azteca muestra para qué sirve un regulador que piensa por su cuenta. En su concepto técnico a la SIC, la CRC advirtió que Claro quedaría como único proveedor de fibra en 778 de las 874 rutas de Azteca y que, en 78 municipios, el índice de concentración subiría más de 200 puntos, con riesgo de alzas de precios. El 20 de octubre, en un concepto complementario, agregó que los compromisos ofrecidos por Comcel, tal como están formulados, no bastan para proteger la competencia. Ese es el regulador que Colombia necesita: uno que pueda decirle a un gigante, y a un gobierno, lo que no quiere oír.

Hay dos caras más de la misma moneda. La primera es la potestad de fijar los topes de espectro, hoy en cabeza del presidente, con un proyecto de decreto que la trasladaría al nivel ministerial. La segunda es la dependencia del Futic del espectro, que llegó a concentrar el 92,3 % de la inversión pública TIC en un solo trimestre de 2024. El Plan admite esa dependencia, pero no le pone techo; yo comparto el 30 % de la financiación anual que ha sugerido Andrés Gaviria.

Propuesta: que el texto final del Plan garantice la autonomía técnica y presupuestal de la CRC, que sus integrantes lleguen por mérito y que cualquier cambio en la separación de funciones se discuta con el sector y con las autoridades de competencia antes de expedirse.

3. Pequeños ISP, brecha digital y la troncal de Azteca

¿Quién cierra la brecha?

El diagnóstico del Plan es la brecha: 70,9 % de las unidades territoriales con menos de 10 accesos fijos por cada cien habitantes y 37,1 % de los centros poblados con cobertura 4G inferior al 50 %. ¿Quién cierra esa brecha? Los pequeños ISP. Según mi análisis, Colombia tiene unos 1.397 proveedores de Internet fijo, pero cuatro concentran cerca del 72 % de los accesos: 1.349 tienen menos de 10.000 accesos y apenas siete superan los 100.000. Son quienes llevan el servicio a los barrios, las veredas y las cabeceras donde las cuentas no le cuadran a los grandes, y juntos facturan una fracción menor del mercado.

El PND los reconoce en dos lugares. La gran apuesta promete condiciones para que los proveedores de Internet y los operadores móviles pequeños y virtuales puedan competir, y la estrategia 5.2.5 planea la sostenibilidad de la conectividad con los proveedores de Internet de las regiones. Pero se queda en la declaración.

No fija un umbral de fomento (yo he propuesto que cubra hasta los 50.000 usuarios), no crea una línea de fortalecimiento dentro del Futic con monto sustentado, no habla de un subsidio a la demanda de los hogares ni de acceso mayorista local. Y cuando el texto baja a las cargas económicas de entrada y permanencia, solo las revisa en el sector postal, no en Internet fijo. Las comunidades de conectividad, que he pedido rediseñar junto con quienes efectivamente operan la última milla, no las encontré en el texto.

Lectura. Reconocer a los pequeños ISP sin darles política pública es como diagnosticar la enfermedad y no recetar el medicamento.

La troncal que el Estado pagó

Aquí entra la troncal. El 4 de noviembre de 2011, el Ministerio TIC adjudicó el Proyecto Nacional de Fibra Óptica a la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (Total Play y TV Azteca) por 415.837 millones de pesos, con la meta de llegar a 1.078 municipios. Hoy esa red supera los 32.000 kilómetros, llega a cerca de 900 municipios y, según la CRC, sostiene los servicios de más de 250 operadores, entre ellos los pequeños ISP. La brecha digital está justo donde llega la troncal.

Claro, a través de Comcel, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorización para integrar la red de Azteca. Mi posición es conocida y la repito sin eufemismos: el Gobierno no debe permitir que Claro Colombia compre la troncal. Los números del regulador la sustentan: Claro administraría las 874 rutas y sería el único proveedor de fibra en 778 de ellas. Un operador dominante en el móvil que además controla la espina dorsal mayorista de cerca de 900 municipios sería, a la vez, el proveedor y el competidor de los ISP. Los asfixiaría en su propio patio, y con ellos a cientos de empresas y a miles de empleos de la ruralidad.

El expediente se ha movido desde que escribí en octubre. La CRC le dijo a la SIC que los compromisos de Comcel no bastan. A comienzos de noviembre, el Ministerio TIC le advirtió que las condiciones ofrecidas por Comcel (entre ellas, garantizar acceso por tres años) son insuficientes y le pidió evaluar condicionamientos estructurales. Esta semana, Azteca defendió la integración como salida para sostener la conectividad en regiones apartadas. Hasta donde pude verificar, la SIC aún no decide.

¿Y qué dice el PND de todo esto? Nada. Busqué Azteca, troncal y Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) en todo el documento y no aparecen. Lo único que tiene a mano es el principio de acceso abierto y de compartición de infraestructura que sí pregona: es el principio con el que habría que condicionar la cesión de un activo cofinanciado con recursos públicos. Si el Plan quiere ser coherente con su propia apuesta de competencia, la troncal es el primer examen.

Mi alternativa no es nueva: que el Estado negocie con Azteca Comunicaciones y la troncal pase a manos de Internexa, para facilitar y abaratar el acceso a Internet en los municipios de ‘la otra Colombia’, con los pequeños ISP como aliados de la última milla. Y si la integración con Claro avanza, que sea con salvaguardas verificables: acceso mayorista a precios regulados, separación funcional de la unidad de red, compromisos de cobertura medibles y auditoría independiente.

Propuesta: que el Plan fije el umbral de fomento a los pequeños ISP, cree la línea del Futic y el acceso mayorista local, y declare que la troncal construida con recursos públicos no puede quedar bajo el control del operador dominante.

4. El estudio para la CAN y el Mercado Digital Andino

Este es el asunto que menos aparece en la conversación nacional y el que más pesará dentro de diez años. Cuando Julián Cardona Castro y yo entregamos a la CAN el estudio ‘Análisis y diagnóstico del ecosistema digital de la Comunidad Andina para el sector de telecomunicaciones y TIC‘, examinamos a los cuatro países con nueve criterios: denominación del sector, estructura organizacional, políticas públicas, normatividad de telecomunicaciones, normatividad TIC, regulación, inspección, vigilancia y control en competencia y derechos del consumidor, estadísticas y estudios externos. Los hallazgos fueron incómodos.

Los cuatro países aparecían mal ubicados en los indicadores internacionales. Ni siquiera llamaban igual al sector. Los reguladores no tenían la independencia que exige un sector técnico y el espectro se gestionaba como política de gobierno, no de Estado. Distinguimos dos brechas, la de acceso y la de productividad, y sostuvimos que lo segundo solo lo resuelve la banda ancha fija estable. Con velocidades promedio de bajada de entre 10,5 y 11 Mbps en la región, la vara estaba muy baja.

Las recomendaciones fueron en cuatro direcciones: espectro para 5G, apagado de las redes 2G y 3G y más fibra en telecomunicaciones; agendas armonizadas, ciberseguridad, firma digital, Inteligencia Artificial y regulación de OTT y plataformas en TIC y economía digital; reguladores independientes y libre competencia en institucionalidad; y, como remate, un mercado digital regional.

Lo resumimos en cuatro pilares: banda ancha para todos los hogares, apropiación digital, confianza y seguridad digital, y asequibilidad. Los detalles están en la entrevista que nos hizo DPL News. La Agenda Digital Andina, presentada en abril de 2022, adoptó buena parte del andamiaje en cinco ejes, pero sin el mercado regional como objetivo explícito. Esa omisión es la lente con la que leo el PND.

Lo que sí coincide

El Plan quiere medir mejor: desagrega por municipios, áreas no municipalizadas y centros poblados, y mira calidad, continuidad y asequibilidad. Fortalece, además, los puntos de intercambio de Internet, una de las recomendaciones del estudio. Lo que no hace es fijar el umbral de la banda ancha de alta velocidad. Un país que no declara qué entiende por ella no puede exigirle metas verificables a nadie, y mucho menos coordinar con sus vecinos.

Lo que falta: la escala

En el componente TIC no encontré una sola referencia a la CAN ni al mercado digital regional; la sigla solo aparece en un tema de transporte de carga. Y el mercado ya se movió sin el Estado. Hoy ninguna compañía opera en los cuatro países andinos: Claro está en Colombia, Ecuador y Perú, y Millicom, con Tigo y ahora Movistar, en Colombia, Ecuador y Bolivia. Telefónica, que en 2021 era uno de los tres grandes con presencia regional, salió de Colombia, Ecuador y Perú. Lo que en 2021 era una aspiración de política pública empieza a ser una consecuencia del mercado, como conté en mi columna sobre el Mercado Digital Andino. Mientras tanto, las normas andinas del sector (la Decisión 462 de 1999 y las reglas de interconexión del año 2000) siguen siendo de otra época.

La integración Tigo-Movistar y la posible compra de la troncal por Claro son exactamente el tipo de operaciones que una ventanilla regional de competencia debería poder mirar en conjunto, con la Decisión 608 como base, hoy poco aplicada. Y el roaming andino, que la Decisión 854 limitó a los planes pospago, sigue sin llegar al prepago, que en Colombia y Ecuador es la mayoría.

Espectro, datos y gobierno digital

En espectro coincidimos en que debe ser política de Estado y en que las obligaciones de hacer deben ser verificables. Mi reserva es de énfasis: el Plan habla de flexibilizar y abaratar, pero no pide que un tercero independiente certifique las coberturas, ni menciona el 5G ni el apagado de las redes 2G y 3G. Los operadores despliegan 5G por su cuenta, sin una hoja de ruta que el Estado coordine con sus vecinos.

En confianza digital, uno de nuestros pilares, el PND se queda corto: cita el Conpes 4144 y las garantías de hábeas data, y menciona la ciberseguridad sobre todo como énfasis en la asistencia a las empresas. No propone actualizar la ley de protección de datos ni crear una autoridad de ciberseguridad. Los sandboxes regulatorios aparecen en el capítulo general de mejora normativa, no para las telecomunicaciones ni para las plataformas. Y nada sobre los flujos transfronterizos de datos que una integración regional haría inevitables.

El frente donde el Plan más se acerca a nuestro enfoque es el del Estado digital. La Carpeta Ciudadana Digital con credenciales verificables, GOV.CO y el principio de no pedirle al ciudadano lo que el Estado ya tiene son coherentes con lo que planteamos sobre firma digital, cédula y pasaporte y aduanas digitales. Falta el paso siguiente: que esas credenciales se reconozcan al otro lado de la frontera. Una identidad digital que no cruza el puente de Rumichaca es un avance a medias.

Propuestas, que caben en el texto del Plan sin alterar su arquitectura:

La CAN, por su parte, tiene que dejar de ser un espectador cortés. Si el Plan colombiano incluye estos compromisos, el CAATEL tendrá un socio con mandato político para actualizar normas que llevan veinticinco años sin revisión seria.

    El balance en una tabla

    AsuntoLo que he propuestoLo que dice el PNDBalance
    Nombre del ministerioMinComunicaciones, como en los demás países de la CAN.Conserva ‘Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’.Vacío
    Autonomía de la CRCNombramientos por mérito, fuera los dos asientos designados, topes de espectro y de Futic blindados.La CRC aparece solo como fuente de datos; revisión de la separación de funciones y rediseño institucional por sector.Riesgo
    Pequeños ISPUmbral de fomento hasta 50.000 usuarios, línea del Futic subsidio a la demanda, acceso mayorista local.Los reconoce, sin umbral, sin línea y sin acceso mayorista.Parcial
    Troncal Azteca-ClaroQue no pase a Claro; negociación con Azteca y Internexa; salvaguardas verificables.No aparece; solo el principio de acceso abierto.Vacío total
    Mercado Digital AndinoObjetivo explícito, cláusula andina y ventanilla regional de competencia.Ausente del componente TIC.Vacío total
    Banda ancha y mediciónDefinición común de alta velocidad.Medición diferenciada y puntos de intercambio; sin umbral.Parcial
    EspectroPolítica de Estado, 5G y verificación independiente.Gestión flexible y compromisos verificables; sin 5GParcial
    Datos, ciberseguridad y gobierno digitalAutoridad de ciberseguridad, protección de datos e identidad digital regional.Conpes 4144, Carpeta Ciudadana y GOV.CO; sin dimensión regional.Coincide solo en gobierno digital

    (Fuentes: Bases del PND 2026-2030, estrategia 5.2.5 y capítulos de educación y transformación del Estado; mis columnas en Impacto TIC; entrevista a los autores del estudio en DPL News.)

    Tienen la palabra

    Las Bases del PND son, en telecomunicaciones y TIC, más lúcidas en el diagnóstico que audaces en las decisiones. Aciertan al reconocer la concentración del mercado móvil, la volatilidad del Futic y la necesidad de medir calidad y no solo cobertura. Aciertan también en una conectividad tecnológicamente neutral, con satélite incluido, y en un gobierno digital que se acomoda al ciudadano y no al revés.

    Pero no se atreven con las preguntas de fondo: cómo se llama el sector, quién lo regula con independencia, quién llega a la última milla y quién controla la espina dorsal mayorista. Cuatro silencios: el nombre, la autonomía de la CRC, los pequeños ISP con la troncal de Azteca, y el Mercado Digital Andino.

    Todavía hay tiempo. Las Bases son un documento de trabajo que pasará por el Consejo Nacional de Planeación y por el Congreso, y esos son los espacios para pedir lo que falta. Los mercados se mueven antes que las normas, y la decisión de la SIC sobre Claro y Azteca puede llegar antes que el Plan.

    Propongo cuatro pasos concretos: primero, devolverle al sector su nombre, MinComunicaciones; segundo, blindar la autonomía de la CRC en el texto final del Plan; tercero, fijar la política para los pequeños ISP y declarar que la troncal construida con recursos públicos no puede quedar en manos del operador dominante; y cuarto, incluir la cláusula andina que lleve el Mercado Digital Andino al CAATEL.

    El Ministerio TIC (que con otro nombre sería mejor), la CRC, la SIC, el Fondo Único TIC, el CAATEL, la CAF y los operadores con presencia andina tienen la palabra.

    Lo que el Plan calla lo dirá el mercado. Falta que el Estado decida si lidera la integración digital andina o la mira pasar.

    (*) Analista de Telecomunicaciones y TIC para Impacto TIC.


    Nota: Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Impacto TIC.

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    Sandra Defelipe
    Sandra Defelipehttps://sandradefelipe.wordpress.com/
    Periodista, comunicadora estratégica e investigadora con enfoque territorial y de género. Cofundadora de culturaenvivo.co y editora en Impacto TIC, cuenta con más de una década de experiencia explorando la intersección entre tecnología, derechos digitales, educación y apropiación social del conocimiento.

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