El Plan TIC Colombia 2026-2030 detalla un rumbo ambicioso en conectividad, inteligencia artificial y soberanía digital, pero omite un componente crucial: la arquitectura institucional de gobernanza. Nicola Stornelli evalúa los vacíos críticos.
Por: Nicola Stornelli García
Analista de tendencias digitales.
El Ministerio de las TIC no puede ni debe seguir llamándose así. La tesis central es que las TIC son solo una parte del ecosistema digital, no su totalidad, y esa imprecisión semántica afecta la forma en que se concibe y gestiona el sector. Ningún país de la CAN usa la denominación ‘TIC’ para el ministerio del sector, lo que sugiere que Colombia es un caso atípico en la región.
El ministerio no puede ni debe seguir llamándose ‘de las TIC’ porque esa imprecisión incide en la forma de ver al sector, y por eso es importante corregirla desde ahí. Es decir, no es un debate solo nominal; el nombre moldea las prioridades regulatorias y presupuestales. Vale la pena notar que el Ministerio TIC nació en 2009 precisamente como reemplazo del antiguo Ministerio de Comunicaciones, así que, en cierto sentido, es un regreso a esa denominación original, pero informada por los cambios tecnológicos posteriores.
La tesis de este texto es sencilla: el Plan TIC Colombia 2026-2030, presentado por el Ministerio en ANDICOM con 8 principios, 10 ejes y 5 misiones, describe con corrección el destino, pero evita casi por completo la pregunta de quién decide, quién supervisa y quién responde cuando algo falla. Y esa omisión no es un detalle de redacción. Es, precisamente, el patrón que atraviesa buena parte de las 25 propuestas reunidas en Voces TIC: se habla de conectividad, de talento, de IA y de soberanía digital con una fluidez encomiable, pero se habla mucho menos de gobernanza (de la arquitectura institucional concreta que convierte una aspiración en una política que funciona).
No es una crítica menor ni gratuita. Vengo insistiendo desde hace meses, en columnas propias, en un conjunto de tareas concretas que el nuevo gobierno debería ejecutar desde el primer día, y en tres frentes específicos (la potestad sobre los topes de espectro, la dependencia excesiva del FUTIC frente al ingreso por espectro y la conectividad de la Amazonía) encuentro exactamente el mismo vacío entre el Plan y ese ejercicio anterior: se nombra el problema general, pero no se toca la decisión institucional que lo resolvería.
En este artículo:
Un ministerio que sabe qué quiere, pero no siempre dice quién manda
El segundo principio del Plan TIC llama al espectro «activo estratégico nacional«. El primer eje lo agrupa con conectividad e infraestructura. El séptimo eje promete «regulación y seguridad jurídica». Es un lenguaje impecable. Pero en ninguna de las páginas del micrositio aparece una sola línea sobre la discusión que de verdad está en curso: el proyecto de decreto que trasladaría la potestad de fijar los topes de acumulación de espectro desde la Presidencia de la República hacia el nivel ministerial.
Esa no es una discusión técnica menor que pueda archivarse bajo la etiqueta genérica de «regulación«. Es una decisión sobre el balance de poder entre quien diseña la política sectorial y quien fija el árbitro que limita la concentración de mercado en telecomunicaciones. Y no es la única pieza suelta de esa misma discusión: ya había propuesto blindar la independencia de la CRC eliminando los dos asientos que hoy designan directamente el presidente y el ministro de TIC en la Sesión de Comunicaciones, con nombramientos basados en mérito.
Si al mismo tiempo se traslada la potestad sobre los topes de espectro al nivel ministerial y se mantiene esa influencia directa sobre el regulador, el resultado neto es menos independencia, no más, justo en el momento en que la fusión Tigo-Movistar exige un árbitro más autónomo, no menos.
También había señalado el otro extremo del mismo problema: la dependencia excesiva del FUTIC frente al ingreso por espectro, que llegó a concentrar el 92,3 % de la inversión pública TIC en un solo trimestre de 2024, un ingreso volátil por naturaleza y sujeto además a esas mismas decisiones sobre topes y asignaciones. Limitar esa dependencia a un tope razonable (30 % de la financiación anual, como ha sugerido Andrés Gaviria) y exigir indicadores reales de ejecución, no solo de compromiso, es la contraparte fiscal de la reforma institucional que el espectro necesita.
El Plan TIC dice que quiere un espectro «bien gestionado» y un «FUTIC ordenado y orientado a resultados». No dice quién debería tener la última palabra sobre esa gestión, ni cómo evitar que el fondo dependa de un ingreso tan errático como el propio espectro que se está reformando.
Tampoco en Voces TIC encuentro una columna dedicada a esta pregunta específica. Hay una defensa sólida de reformar el Fondo de Comunicaciones en general, y varias voces piden reglas claras y seguridad jurídica para atraer inversión. Pero la reforma del fondo, la independencia del regulador y la reforma de la gobernanza del espectro son tres caras de la misma moneda: de poco sirve un fondo mejor administrado si, al mismo tiempo, se debilita el mecanismo que evita la concentración excesiva del recurso más escaso del sector.
Mi propuesta aquí es la misma que ya había planteado, ahora aplicada al lenguaje del Plan: cualquier reforma al régimen de espectro debería mantener, como mínimo, el mismo nivel de control político y transparencia que hoy exige un decreto presidencial, acompañada de una CRC realmente independiente y un FUTIC con techo de dependencia del espectro.
Ciberseguridad «por diseño», pero ¿supervisión de qué exactamente?
La Misión 5 del Plan –»Proteger a Colombia«– y su correspondiente eje de «ciberseguridad, confianza y soberanía» tienen la virtud de nombrar la soberanía digital como un objetivo explícito. En Voces TIC, la columna de Carolina Botero y Pilar Sáenz, del K+LAB de la Fundación Karisma, plantea con precisión el dilema geopolítico: Colombia necesita una política propia de soberanía digital que no la deje atrapada entre Washington y Pekín. Y Jorge Fernando Bejarano habla de convertir la ciber resiliencia en una «capacidad país que genera confianza«. Ambas coinciden con el espíritu del Plan.
Pero de nuevo aparece el mismo patrón: se habla de proteger infraestructura crítica y de generar confianza, y no se dice una palabra sobre la supervisión de las herramientas concretas que el Estado colombiano ya está usando para vigilar, correlacionar y decidir. Ya había propuesto crear una autoridad nacional de ciberseguridad y fortalecer el ColCERT, entre otras razones porque Colombia sigue apenas en el nivel intermedio del Índice Global de Ciberseguridad de la UIT. Esa autoridad, sin embargo, no puede limitarse a la defensa perimetral. He documentado en detalle cómo opera la infraestructura del NUSE 123 en Bogotá (el C4, el Centro Estratégico de Movilidad, la integración de cámaras y bases de datos) y cómo se han señalado fallas de supervisión por parte de la Personería, así como los riesgos de desplegar herramientas como las de Palantir sin un marco robusto de rendición de cuentas: qué datos se cruzan, quién autoriza cada consulta, qué trazabilidad queda de cada decisión asistida por algoritmos.
«Ciberseguridad por diseño» no puede significar solamente blindar los sistemas contra ataques externos. Tiene que significar también que los sistemas de vigilancia y respuesta que el propio Estado opera (empezando por el sistema de emergencias) tengan, desde el diseño, supervisión independiente.
Mi propuesta concreta es que la futura autoridad nacional de ciberseguridad tenga, además del mandato defensivo frente a ciberataques que hoy golpean hospitales, colegios y empresas como Ecopetrol, un mandato explícito de auditoría sobre las herramientas de vigilancia y analítica que usan las entidades territoriales y nacionales de seguridad, con mecanismos accesibles al control político y ciudadano.
La misión que sí tiene un hueco perfecto para llenar
Si hay una parte del Plan TIC donde mi trabajo encaja sin fricción, es la Misión 4: «Transformar al Estado», con su promesa de interoperabilidad, GovTech, datos e IA pública. El Plan acierta en el diagnóstico: el Estado colombiano ha construido activos digitales valiosos (lo señala también Alexánder Ricardo Andrade en Voces TIC al hablar de Cédula Digital, Carpeta Ciudadana Digital y el Marco de Interoperabilidad) pero sigue funcionando de manera fragmentada, exigiéndole al ciudadano que demuestre una y otra vez lo que el Estado ya sabe.
Ya había señalado que el verdadero reto de la Carpeta Ciudadana Digital (CCD), con una ejecución presupuestal superior al 83 %, no es de plata sino de interoperabilidad real entre salud, educación y justicia en ese repositorio único. El sistema de emergencias es el caso límite de esa misma fragmentación, porque ahí la falta de interoperabilidad no cuesta un trámite repetido: cuesta minutos que, en una emergencia real, importan.
He estado investigando cómo el filtrado de llamadas asistido por Inteligencia Artificial y la integración de fuentes (policía, tránsito, salud, bomberos, defensa civil) podrían reducir los tiempos de respuesta y disminuir la carga de llamadas falsas o mal enrutadas que hoy saturan el sistema. Es exactamente el tipo de «IA pública con resultados verificables» que la Misión 4 dice perseguir. La CCD no ha avanzado por los celos de los titulares de ministerios y entidades del Estado. Ahora bien, Gobierno Digital debe preparar un mapa de lo que falta por hacer en muchas entidades del gobierno para, realmente, modernizarse y aprovechar las bondades que ofrece la tecnología hoy en día. Conozco un estudio que muestra que la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) se toma hasta 100 días para sacar un registro de una escritura, cuando la ley le da cinco días. No me imagino los retrasos que se van a ver en la reconstrucción y recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto
Mi propuesta aquí es operativa y conecta ambos frentes: convertir el NUSE/123 en un piloto explícito de interoperabilidad de la Misión 4 (tan prioritario como la propia Carpeta Ciudadana) con metas medibles y públicas: tiempo promedio de respuesta, tasa de llamadas correctamente enrutadas, reducción de duplicidad entre entidades. El propio Plan pide «resultados verificables para el país» como condición de éxito. No hay mejor terreno de prueba que un sistema que ya opera, que ya tiene fallas documentadas y que, bien rediseñado con la supervisión de la sección anterior, puede convertirse en el caso de éxito que el Plan necesita mostrar antes de 2030. Bogotá es la capital del país y bien puede el ministerio trabajar con la Alcaldía Distrital para hacer ese piloto.
El piloto del NUSE/123 resolvería un problema para la capital del país. Revisar lo que pasa la SNR resolvería el agilizar la resolución de problemas en la recuperación y construcción de las viviendas y predios afectados en el terremoto del suroccidente del país, pero, también, serviría para modernizar una entidad crucial para el sector de infraestructura civil y construcciones que son un gran motor de la economía, en un país que necesita que sus locomotoras estén a todo vapor. Tiene una tarea enorme la Dirección de Gobierno Digital con un presidente que está hablando tanto de utilizar la tecnología de punta.
El Ministerio TIC tiene que comenzar a señalar en dónde la tecnología puede llegar a facilitarle la vida al ciudadano y las entidades del Estado tienen que hacer caso. El Presidente no ha nombrado un consejero presidencial para las TIC y las Telecomunicaciones, pero creo que el equipo del ministerio basta. Hay una muy buena profesional al frente de la cartera y tiene dos buenos coequiperos. Y a la dirección de Gobierno Digital llegó un profesional de muchos kilates.
El territorio que nadie nombra: la Amazonía
El eje 10 del Plan («territorio, inclusión y pobreza digital«) y la Misión 1 («Conectar Colombia») insisten en superar la vieja lógica de medir éxito por cobertura y empezar a medir «conectividad pertinente». Es el mismo argumento que despliega Sandra Milena Urrutia en Voces TIC cuando habla de convertir la «conectividad significativa» en política de Estado, o el que usa Ricardo Munévar al hablar de «territorios que gobiernan con datos«. El diagnóstico regional es consistente: hay dos conversaciones digitales que no se escuchan entre sí, la del centro, que discute IA, y la del territorio, que todavía discute si la conexión que llegó seguirá ahí el año entrante.
Ninguna de esas columnas, sin embargo, menciona dos piezas que considero centrales para cerrar esa brecha en los territorios más apartados. La primera es normativa: ya había planteado que hace falta actualizar el rango que define a un «pequeño ISP» hasta 50.000 usuarios, porque hoy operan en un vacío jurídico pese a ser, de facto, el verdadero segundo operador de telecomunicaciones del país en muchas regiones. El programa de comunidades de conectividad debería rediseñarse de cero junto con ellos –no con juntas de acción comunal ni cabildos indígenas como interlocutores técnicos, sino con quienes efectivamente operan la última milla–. Es difícil imaginar una «conectividad pertinente» en el trapecio amazónico sin que el Estado primero les facilite la vida a estos operadores.
La segunda pieza es de infraestructura y la he documentado en detalle: el trazado técnico que permitiría extender fibra óptica, hasta Leticia, aprovechando infraestructura de América Móvil ya tendida en lugar de construir desde cero un backbone nacional hasta uno de los puntos más aislados del país. Es un ejemplo perfecto de «conectividad pertinente» en el sentido que el Plan reclama: resolver un problema específico con la solución de ingeniería más eficiente disponible, así implique cooperación transfronteriza en lugar de un despliegue puramente nacional.
Ese matiz (la cooperación con infraestructura vecina como atajo legítimo) tampoco aparece en el Plan ni en Voces TIC, que en general asume que la solución a la brecha rural es siempre doméstica. Mi propuesta: que el eje de «conectividad global» del Plan incluya explícitamente la interconexión de infraestructura fronteriza como estrategia formal, empezando por un cronograma público para la conexión con América Móvil que ya está en Leticia, ejecutada en la última milla por los pequeños ISP ya reconocidos y regulados. Estoy enterado que el Ministerio TIC piensa manejar este tema del Amazonas con la CAF. Sería bueno que Sergio DiazGranados se entere que ya hay un cable de fibra óptica en Leticia que viene del Perú y pasa por Putumayo.
Lo que el Plan hace bien y por qué eso no basta
Sería injusto no reconocer los aciertos. El Plan TIC tiene el mérito de reconocer que la conectividad y la adopción tecnológica son condiciones necesarias, pero no suficientes, y que el verdadero desafío es convertir esa base en productividad, empleo y bienestar. Es la misma transición de la que habla José Caparroso en Voces TIC cuando dice que Colombia no puede seguir midiendo su avance solo por el acceso, y la que defiende Giovanni Stella al hablar de un pacto para que la IA no sea privilegio de pocos. El diagnóstico compartido por el Ministerio y por buena parte del ecosistema que escribe en Voces TIC es, en lo esencial, correcto.
Lo que falta (y esto vale tanto para el Plan TIC como para el conjunto de propuestas reunidas en Voces TIC) es el siguiente nivel de concreción: no el qué, sino el quién y el cómo. Quién nombra a los reguladores y quién fija los topes de espectro. Quién supervisa las herramientas de vigilancia que el Estado ya está usando. Quién audita los resultados de la interoperabilidad prometida en el sistema de emergencias. Y quién construye, con quién (incluidos los pequeños ISP y los vecinos de frontera), la conectividad de los territorios que ni siquiera el propio ecosistema digital colombiano parece tener plenamente en el radar.
El formulario que el Ministerio habilitó durante ANDICOM 2026 pregunta, literalmente, cuál es «el principal problema que debemos resolver» y «la decisión más importante que debemos tomar«. Son las preguntas correctas. Mi respuesta, con las tareas concretas que ya he planteado y los tres casos que he documentado en detalle, es la misma en todos los frentes: el problema no es la falta de visión, es la falta de mecanismos concretos de gobernanza y rendición de cuentas alrededor de cada gran promesa del Plan. Colombia no necesita un noveno principio ni un undécimo eje. Necesita que los 8 principios y los 10 ejes que ya existen digan, en cada caso, quién responde si no se cumplen.
(*) Analista de Telecomunicaciones y TIC para Impacto TIC.
Nota: Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Impacto TIC.