Pequeños ISP: la política pública que Colombia le debe a quienes conectan lo que nadie más conecta 

Por: Nicola Stornelli García
Analista de tendencias digitales.

NAISP con la asesoría de Kalu Telecomunicaciones, un pequeño operador de Internet de Arauca, radicaron una muy interesante propuesta de reforma del sector en el Ministerio TIC. Un umbral más realista, subsidios que lleguen al hogar y un fortalecimiento empresarial que no dependa de crear otra carga parafiscal. Este artículo analiza esa propuesta y la confronta con propuestas del autor y con la Agenda Regulatoria 2026-2030 de la CRC. Hace cuatro años estaba hablando de esto.

4 gigantes y más de 1.000 proveedores diminutos

Al cierre del primer trimestre de 2026, Colombia registró 10,49 millones de accesos fijos a Internet, cerca de 950.000 más que un año antes, según el ‘Boletín Trimestral de las TIC’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC). Pero el promedio engaña. Sumando los intervalos que publica el boletín, hay unos 1.397 proveedores: 1.349 tienen menos de 10.000 accesos, 41 están entre 10.000 y 100.000 y apenas 7 superan los 100.000. Claro (3,55 millones), UNE EPM (1,85 millones), Movistar (1,56 millones) y ETB (0,59 millones) suman cerca de 7,5 millones de accesos, alrededor del 72 % del total.

Esa es la fotografía: una cúpula mínima que concentra la base de clientes y una larga cola de empresas locales (cooperativas, operadores municipales, emprendimientos familiares) que llega a barrios, veredas y cabeceras donde las cuentas no cuadran para los grandes. Son quienes hacen la parte menos rentable de la conectividad. La pregunta de política pública es qué recibe el país de ellos y qué les damos a cambio.

Una advertencia metodológica: las cifras de 2026 son preliminares y el conteo de accesos incluye líneas suspendidas y de uso interno del proveedor, de modo que no equivale a hogares con servicio activo.

¿Cuánto ingresan realmente los pequeños?

Aquí conviene ser riguroso, porque la cifra que se necesita (ingresos de los operadores del Registro Único de TIC, Rutic, desagregados por tamaño) no está publicada de forma directa. Lo que sí hay permite acotarla.

En el primer trimestre de 2026 solo 20 proveedores facturaron 10.000 millones de pesos o más por Internet fijo, y 88 estuvieron entre 1.000 y 10.000 millones de pesos. Los 4 mayores facturaron, juntos, unos 1,69 billones de pesos (millones de millones) en esos 3 meses: Claro 617.200 millones de pesos, UNE EPM 465.800 millones, Movistar 403.800 millones y ETB 201.300 millones. El boletín no dice nada de lo que queda por debajo de 1.000 millones de pesos trimestrales, que es donde vive la inmensa mayoría de los proveedores.

Como aproximación: en el segundo trimestre de 2023, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó que los 4 grandes concentraban el 67,5 % de los ingresos de Internet fijo y que todos los operadores con menos del 1 % de participación sumaban el 17,4 %. Aplicado a los cerca de 7,1 billones de pesos que el segmento facturó en 2023, eso da un orden de magnitud de 1,2 billones de pesos anuales como techo para toda la cola. Es un techo, y no la cifra de los pequeños, porque ese grupo incluye operadores medianos. Dicho de otro modo: la franja de menos de 30.000 usuarios factura, como mucho, algo menos de una sexta parte del mercado, repartida entre más de 1.000 empresas.

Otro dato revela cuán estrecho es el radar oficial. El Ministerio TIC proyectó que solo 63 operadores de menos de 30.000 accesos se acogerían a la exoneración de la contraprestación del Decreto 1373 de 2023. Frente a más de 1.000 proveedores pequeños, es una fracción mínima: o bien la mayoría no cumple las condiciones, o bien opera en una zona gris que la política ni ve ni alcanza. Mi lectura es que son ambas cosas.

La cifra exacta (ingresos por tamaño, hasta 30.000 y hasta 50.000 usuarios) se construye cruzando el formato T.1.3 (accesos) con el T.1.1 (ingresos) por NIT del Rutic. El Ministerio TIC debería publicarla cada año. Mientras no exista, cualquier subsidio o fondo se diseña a ciegas.

Hay, además, una presión de márgenes. Con los datos del estudio de contraprestaciones del Ministerio TIC, el ingreso real de Internet fijo pasó de 7,65 billones de pesos en 2021 a 7,05 billones en 2023 (pesos constantes de 2023), mientras los accesos subían de 7,83 a 8,91 millones. El ingreso real por acceso cayó cerca del 19 %, de unos 81.000 a unos 66.000 pesos mensuales. Quien más sufre esa compresión es el que tiene menos escala para negociar tránsito, equipos y capital.

Por qué el umbral debe ser de 50.000 usuarios

La Ley 1341 de 2009 (art. 35, num. 23) fija en 30.000 usuarios el límite para el fomento y fortalecimiento de los proveedores de Internet fijo residencial minorista, y el Decreto 1373 de 2023 usó el mismo corte para exonerar la contraprestación por 5 años. He sostenido que el límite debe subir a 50.000 usuarios, por 4 razones.

Primera, el efecto escalón. Un corte duro premia quedarse justo debajo. Quien se acerca a 30.000 enfrenta a la vez el pago de la contraprestación (1,9 % de los ingresos brutos, según la Resolución 903 de 2020), el fin de los apoyos y la necesidad de profesionalizar facturación, centro de operaciones y cumplimiento. Esa combinación desincentiva crecer, que es justo lo que la política dice querer.

Segunda, la escala de la migración a fibra. Pasar de redes inalámbricas o coaxiales a fibra hasta el hogar (FTTH) exige un capital que a 30.000 usuarios todavía no se financia con caja propia. El boletín muestra que la fibra ya suma 6,2 millones de accesos y crece el 4 % trimestral, mientras xDSL cae el 37 %. Quien no migra sale del mercado.

Tercera, el costo fiscal es acotado. El intervalo de 10.000 a 100.000 accesos reúne apenas 41 proveedores en todo el país. Subir de 30.000 a 50.000 incorpora solo a un subconjunto de ese grupo. No abre una compuerta: corrige una frontera.

Cuarta, coherencia con la realidad estadística. El estudio sectorial advierte que el boletín clasifica por accesos mientras la ley habla de usuarios reportados, y que la elegibilidad exige verificación individual. Un umbral de 50.000 con beneficios decrecientes entre 30.000 y 50.000, en lugar de un corte abrupto, elimina el incentivo perverso sin multiplicar el gasto.

Un matiz jurídico: modificar el numeral 23 requiere ley. Entre tanto, los programas de subsidio a hogares, que se estructuran con reglas propias, podrían adoptar el criterio de 50.000. Es una lectura que conviene validar con abogados antes de plantearla formalmente.

Lo que propone el estudio sectorial, y dónde voy más lejos

El estudio técnico elaborado para el sector en 2026 organiza la agenda en 4 líneas: trazabilidad de la cadena de distribución, información sectorial integrada, subsidios a hogares y fortalecimiento empresarial.

Su mayor virtud es la sobriedad jurídica: parte de lo que ya existe (ColombiaTIC, el Rutic, la función de la Ley 1341 que habilita al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Futic, para financiar a los pequeños proveedores de servicios de Internet, ISP) y evita prometer lo que exigiría una ley nueva. También es honesto sobre sus límites: es una primera versión, parte de experiencias aportadas y no representa a todo el gremio.

Comparto esa ruta. Voy más lejos en 3 puntos. Primero, el umbral, como expliqué. Segundo, la cuantificación: el estudio no fija todavía un porcentaje del presupuesto del Futic, y sin monto la línea de fortalecimiento es una aspiración. Tercero, la verificación independiente. El estudio plantea seguimiento de las actuaciones frente a prestadores irregulares; yo pediría, como con las obligaciones de hacer de los grandes operadores, que quien verifica no sea quien ejecuta ni quien paga.

Subsidio al hogar: lecciones de la discusión estadounidense

El estudio propone un subsidio que reduce de forma visible el valor de la factura, que el hogar elige entre los ISP habilitados en su domicilio y que el programa reconoce al proveedor tras verificar la prestación, con una ayuda única de instalación separada de la mensual. Es un diseño sensato, y coincide con el debate que hoy sacude a Estados Unidos.

A 30 años de la Telecommunications Act de 1996, IEEE Spectrum recoge las propuestas para una versión 2.0. El Fondo de Servicio Universal depende de un recargo sobre una base (la telefonía) que se evapora: el factor de contribución pasó del 8 % en 1996 al 42 % hoy. Entre las salidas que discuten los expertos hay 2 útiles para Colombia.

Adam Thierer propone prueba de medios por hogar, a la manera de los cupones de alimentos, para que las familias “compren con sus dólares”. Scott Wallsten advierte que un subsidio que solo puede ganar la fibra es una decisión del gobierno sobre quién compite, y pide neutralidad tecnológica.

De ahí, 3 ajustes al diseño colombiano. Un subsidio portable, asignado con el Registro Universal de Ingresos, para que el hogar pueda cambiar de proveedor sin perderlo. Neutralidad tecnológica real, porque los pequeños ISP llegan a la ruralidad con inalámbrico y las ‘otras tecnologías’ aún suman cerca de 400.000 accesos. Y un reconocimiento de que la demanda sola no basta: el programa estadounidense de conectividad asequible cerró en 2024 al agotarse su financiación, una advertencia sobre subsidios sin fuente sostenible.

Fondo solidario: qué dicen los modelos análogos

La idea de un fondo solidario para pequeños ISP se inspira en el Fondo de Protección Solidaria (Soldicom). El estudio recuerda lo esencial: ese fondo se financia con el 0,5 % del margen del distribuidor por galón, nació de una ley y la Corte Constitucional (Sentencia C-437 de 2011) reconoció su carácter parafiscal.

No es un descuento al subsidio del consumidor. Replicarlo en TIC exigiría una contribución obligatoria nueva, y esta solo puede crearla el Congreso. Tampoco es un fondo comparable (el de fomento hortofrutícola, el cinematográfico o el Fondo Nacional de Turismo, Fontur), porque todos separan el recaudo, la dirección y la administración.

Mi propuesta es un orden de prelación. Primero, una línea identificable de fortalecimiento dentro del Futic, apoyada en la función legal vigente y en un ajuste a la Resolución 3689 de 2023, con monto sustentado en costos. No requiere ley y puede arrancar en el próximo ciclo presupuestal.

Segundo, fuentes que no castiguen a los más débiles. El Futic se nutre de un porcentaje de ingresos brutos que se encoge: el ingreso real del sector cayó en promedio el 2,2 % anual entre 2014 y 2023. Cargar a los ISP minoristas una contribución adicional sería cobrarles a quienes menos pueden.

Mejor mirar hacia arriba, donde Estados Unidos discute ampliar la base de contribución a las plataformas que dependen de la banda ancha (la propuesta de Carol Mattey) o financiar con ingresos generales (la de Wallsten). En Colombia, esa base ampliada es hoy un debate abierto que merece estudio, no una decisión.

Tercero, canalizar hacia los pequeños una parte de los recursos de las subastas de espectro bajo y de las obligaciones de hacer, con verificación independiente. Subastar las bandas bajas sigue siendo, a mi juicio, la mayor palanca de competencia y recaudo disponible; destinar una fracción a redes abiertas y a ISP locales sería un uso coherente.

Cuarto, un mecanismo privado y voluntario, a modo de central de compras y de servicios compartidos (software de gestión, equipos, asistencia jurídica y contable), que el estudio contempla como alternativa. Y quinto, las comunidades de conectividad que he defendido: Gonsalves, citado por IEEE Spectrum, recuerda que 16 estados estadounidenses todavía bloquean las redes locales. Colombia no debería repetir ese error.

Mayorista y espectro: sin eso, el subsidio se fuga

Si el hogar recibe un subsidio, pero el pequeño ISP compra capacidad a un mayorista que lo discrimina o cuya falla no se compensa, el beneficio se queda en la cadena. Por eso la línea de trazabilidad del estudio, con ajustes a la Resolución 5050 de 2016 sobre relaciones mayoristas, reportes y reclamaciones, es tan importante como el subsidio mismo.

La agenda regulatoria 2027-2028 de la CRC abre la puerta con el acceso mayorista local de FTTH, que permite a un ISP asumir la relación con el hogar sobre la fibra de otro, y con la compartición de infraestructura. Mi posición es que esa apertura debe llegar de verdad a los pequeños: que el ingreso de un nuevo operador con red 5G independiente, como Telecall, y que la fibra hoy discutida en operaciones de concentración no termine en manos de un solo grande, preserven alternativas de capacidad para quienes no tienen red propia. Y si la CRC revisa la simplificación normativa de la Resolución 7811 de 2025, debe asegurarse de que simplificar no signifique borrar las obligaciones que protegen al pequeño comprador.

En paralelo, Estados Unidos debate cómo acelerar los permisos de fibra y enlaces de microondas. Una lección para los municipios colombianos: los trámites territoriales pesan más sobre quien despliega con pocos recursos.

Hoja de ruta: 6 acciones concretas

• Publicar la cifra: que el MinTIC divulgue anualmente ingresos y usuarios por proveedor, agrupados hasta 30.000 y hasta 50.000 usuarios, a partir del Rutic y ColombiaTIC. Los pequeños ISP deben definirse como aquellos con hasta 50.000 usuarios.
• Probar el umbral: impulsar el ajuste legal de 30.000 a 50.000 usuarios, con beneficios decrecientes, y usar 50.000 en los programas de subsidio si el análisis jurídico lo permite.
• Crear la línea Futic: solicitar un monto sustentado para fortalecimiento empresarial y ajustar la Resolución 3689 de 2023.
• Lanzar un piloto de subsidio: hogares identificados con el Registro Universal de Ingresos, portabilidad entre proveedores, ayuda única de instalación y neutralidad tecnológica.
• Cerrar la fuga mayorista: ajustes puntuales a la Resolución 5050 y acceso mayorista local abierto a los pequeños.
• Verificar sin conflicto: auditoría independiente de obligaciones de hacer y de resultados, con destinación parcial a redes abiertas y comunidades de conectividad.

Estados Unidos se pregunta, a 30 años de su ley, cómo financiar la conectividad cuando la base que la sostenía desapareció. Colombia tiene una ventaja: su ley es más joven y su fondo todavía puede reformarse sin traumatismos. Los pequeños ISP no piden caridad; piden que se los mida, que se les reconozca su función y que las reglas dejen de castigar el crecimiento.

El Ministerio TIC debe hacer un barrido entre los inscritos en el Rutic. ¿Cuántos de los que hoy tienen registro en el Rutic para operar como ISP son, verdaderamente, pequeños operadores de Internet o comunidades de conectividad formalizadas? ¿Por qué la norma les permite a empresarios privados, sin redes propias, registrarse en el Rutic? ¿Cuántos de los inscritos en el Rutic están al día con todos sus compromisos legales y tributarios? Empezar por publicar los números, subir el umbral y abrir la línea del Futic es la ruta más barata, más rápida y justa.

Para finalizar, el Ministerio TIC debe promover la asociatividad de los pequeños ISP con honestidad y transparencia. No debe permitirse la asociatividad con ISP ilegales o informales.

(*) Analista de Telecomunicaciones y TIC para Impacto TIC.

Nota: Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Impacto TIC.i

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