En días recientes, Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, señaló que el pliego de la subasta de 5G tiene inconsistencias y que por ese motivo solicitará explicaciones al Ministerio de las TIC. Para el funcionario, hay dos puntos que encienden las alarmas de la entidad: el detrimento patrimonial para la nación y “poca claridad” respecto a las obligaciones que deberán cumplir los operadores.
La primera advertencia de Zuluaga fue dirigida a la valoración del precio del espectro radioeléctrico, pues “la Contraloría considera que se fueron por el menor valor, pudiendo tener mejores dividendos y rentabilidad para el Estado”, dijo a medios.
Se entiende que la función de la Contraloría es la de velar por los recursos del Estado. Sin embargo, en esta ocasión parece desconocer el contexto internacional de la industria y, lo que es aún peor, no tiene en cuenta la Ley 1978 de 2019, que modificó el antiguo criterio de “maximización de recursos para el Estado” de la Ley 1341 de 2009, reemplazándolo por el principio de “maximización del bienestar social”. Esto último cambió significativamente dicho criterio.
¿Qué implica maximizar el bienestar social? Se trata, como lo define la ley, de buscar las mejores estrategias para reducir la brecha digital, permitir el acceso universal, el despliegue y la ampliación de cobertura. Y es precisamente Internet móvil la tecnología que más ha facilitado la democratización del servicio, que hoy cubre alrededor de 38 millones de personas en el país. Más que cualquier otro estándar tecnológico.
Entre los componentes necesarios para el despliegue de telecomunicaciones móviles, el espectro es el más costoso de la ecuación, por lo que se ha optado en la mayoría de países por reducir su precio, debido a los bajos márgenes del negocio que ejercen presión sobre la necesidad constante de inversión de los operadores. En el caso colombiano, la valoración de este recurso del Estado fue hecha por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y el MinTIC reglamentó el proceso de adjudicación.
A esto se suman las ‘obligaciones de hacer’, que en la actual subasta fueron denominadas ‘obligaciones de cobertura’: requisitos y compromisos que los operadores de telecomunicaciones deben cumplir como componente del pago por el uso del espectro radioeléctrico. Estos deberes son impuestos por las autoridades para garantizar que los operadores contribuyan al desarrollo y la eficiencia del sector, y cumplan con los objetivos de las políticas públicas dirigidas a la universalización del acceso a Internet.
De hecho, El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incrementó el límite de las “obligaciones de cobertura” como parte del pago por el arrendamiento del espectro radioeléctrico para los operadores móviles, elevándose del 60%, como se establecía en la Ley 1341 de 2009, al 90%.
En los actuales precios base, la “obligación de cobertura” va del 23,9% hasta 65% en los distintos bloques puestos a disposición para las empresas interesadas por el Estado colombiano.
La Contraloría parece no tener en cuenta la evolución de la legislación y las tendencias internacionales en el sector de las telecomunicaciones móviles, lo que podría llevar a conclusiones equivocadas que entorpezcan el desarrollo de la subasta de 5G y su impacto en el bienestar social y la expansión de servicios en Colombia.
Falta claridad
El segundo tema que preocupa a la Contraloría es una supuesta falta de precisión en los pliegos de la subasta con respecto al momento en que deben realizar las inversiones quienes se queden con los distintos bloques de espectro (y sus respectivas “obligaciones de cobertura”) que estarán en juego en la subasta del 20 de diciembre.
Sobre esto, Zuluaga afirmó: “Siguen imprecisas en los pliegos publicados el tiempo en que deben hacer las ‘obligaciones de hacer’ y las cuantías, no puede ser que por no tener eso claro el oferente que gane la subasta termine creyendo que es al final o en el último mes que tiene que invertir los recursos que por obligación de esta adjudicación se le tienen que hacer al país para incrementar la cobertura que tiene hoy el sistema de conectividad”.
En cuanto a las ‘obligaciones de cobertura’, la Resolución 03947 del 20 de octubre de 2023 determina que las estaciones base se deben instalar a partir de 2024, hasta 2030 para llevar Internet de alta velocidad a localidades específicas, cubrir distintas carreteras y conectar a instituciones educativas mediante fibra óptica.
Como se ve en el gráfico, los operadores tendrán unos mínimos para el despliegue de infraestructura en las capitales de departamento y municipios con una población superior a 200.000 habitantes a partir de 2024, pero, como lo indica el Contralor encargado, falta precisión en los periodos, para evitar que los hábiles abogados de estas empresas encuentren la forma de que se salten las obligaciones adquiridas con los colombianos o, simplemente, las pase por alto el Ministerio, como ya ha sucedido.
Es decir, en este punto es importante que el Ministerio atienda las consideraciones técnicas de la Contraloría para evitar incumplimientos de las empresas.
P.D. Una más: WOM acaba de anunciar que detiene la inversión anunciada en Colombia de 100 millones de dólares, de los cuales sólo había ejecutado 16 millones de dólares. Todo para enfocarse en su operación en Chile, donde se le vienen importantes sanciones por no cumplir con sus obligaciones de cobertura 5G, y enviar un mensaje a las calificadoras de riesgo. Esta empresa vino, desbarató el sector con una guerra de precios delirante, no cumplió desde el primer día con sus obligaciones al retractarse de lo ofrecido en la subasta de 700 MHz de 2019, se dedicó a pagar bodegas para ensuciar a sus competidores, y ahora patea la puerta al salir.
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