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El futuro incierto de la Red Troncal de Fibra Óptica de Colombia



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El gobierno colombiano considera comprar la operación de Azteca Comunicaciones, encargada de la Red Troncal de Fibra Óptica, ante el fracaso de modelo de concesión y dudas sobre su eficacia y estado actual. ¿Una buena idea o un negocio ruinoso para el país?

Publicado el 18 de ene de 2024



Fibra óptica


Comenzamos el año con la noticia de que el gobierno nacional estaría interesado en comprar la operación de la compañía Azteca Comunicaciones Colombia, encargada del despliegue, mantenimiento, administración y comercialización del Proyecto Nacional de Fibra Óptica desde su inicio en diciembre de 2011, que se denominó Red Troncal de Fibra Óptica. Esta iniciativa ha tenido poco brillo, a pesar de su envergadura y relevancia para la conectividad del país.

El analista y columnista Nicola Stornelli García reveló que fue el propio presidente Gustavo Petro quien dio el visto bueno para explorar la posible compra de la operación de la Red Troncal de Fibra Óptica, la cual tiene una extensión de 20.000 Km, llega a 788 municipios de los 1.102 que tiene el país, y se contrató con la empresa mexicana por medio de la Unión Temporal Fibra Óptica Colombia hasta 2028 (17 años y 6 meses). Una vez concluido ese período, el Gobierno Nacional tendrá que realizar una nueva licitación o decidir si el Estado asume el control.

Este fue un proyecto que nació en el marco del Plan Vive Digital del Ministerio TIC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para el cual se llevó a cabo una licitación que culminó con la adjudicación a las empresas Azteca Comunicaciones y Totalplay, del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, el cual se firmó con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), por el que dicho fondo desembolsó $415.837 millones, a los que se agregaron otros $18.000 millones en 2013 para aumentar el número de municipios pasados por la red WAN de fibra óptica.

Fue así como Azteca Comunicaciones se comprometió a diseñar la configuración de la red de transporte óptico para operar y conectar los municipios propuestos, lo que en el papel ha cumplido. De igual forma, asumió la responsabilidad de asegurar libertad de acceso, transparencia y trato no discriminatorio para las empresas interesadas en conectarse a la troncal, es decir, que fuese una red neutra. Y, además, debió asumir todos los riesgos y costos asociados con el proyecto.

Precisamente, en 2017, el Grupo Salinas tuvo que capitalizar a Azteca Comunicaciones Colombia por 100 millones de dólares, a lo que acompañó con el mensaje de que respetará sus obligaciones, pero una vez concluyan este proyecto abandonará el sector ‘telco’.

En total, este proyecto ha requerido de una inversión de más de 630 millones de dólares, de los que 235 millones provienen del Estado.

Analistas de la industria como Joaquín Guerrero, director de la consultora NAE para Centro y Suramérica; Gabriel Levy, consultor TIC, y Nicola Stornelli, coinciden en distintas publicaciones en que el modelo aplicado en este caso es un fracaso. Esto se debe, en gran medida, a que los grandes ISP, tales como Movistar (hoy, por medio de la empresa On Net Fibra, de la que es socia), Claro y Tigo-UNE, optaron por desarrollar sus propias redes, a pesar de ser sus principales clientes. A esta situación se le agrega el crecimiento de otras redes, como las de Internexa (filial de ISA), ETB, Ufinet y Andired, entre otras.

Esta opción de una Red Troncal de Fibra Óptica resulta ser costosa para los pequeños ISP. Además, surgen dudas sobre la robustez del cable, ya que tiene menos fibras que las 96 inicialmente planeadas. Cuando se contrató el servicio, se acordó la conexión de 720 instituciones educativas en los municipios cubiertos por la red. Sin embargo, esto implica que no todas las instituciones de estas regiones han accedido a Internet gracias al proyecto; específicamente, 2 tercios de ellas quedaron excluidos.

Los informes financieros de TV Azteca indican que esta inversión está arrojando resultados negativos año tras año. En otras palabras, esta operación representa una carga para el grupo mexicano, que, además, enfrenta una considerable deuda tanto con el Servicio de Administración Tributaria de su país como con acreedores en Estados Unidos.

Por otro lado, sorprende la falta de información que hay sobre el estado de la red troncal de fibra. Por ejemplo, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de Perú, también desplegada por Azteca Comunicaciones desde 2013, operaba al 5,8% de su capacidad en 2021, por lo que el gobierno canceló su concesión.

Mientras tanto, en Colombia se desconoce, al menos públicamente, tanto la capacidad utilizada como el estado de la fibra y los nodos. Sería bueno que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la incluya en alguno de los juiciosos informes que realiza.

Ahora que el gobierno está interesado en negociar con Azteca su salida del país para asumir el control de la red WAN de fibra óptica, es el momento de conocer la condición real de esta, porque se estaría embarcando al Estado en un negocio de cientos de millones de dólares para anticipar el fin de la concesión que, como ya se mencionó, va hasta 2028.

¿Quién asumiría el control? ¿Internexa? Recordemos que Saúl Kattan, consejero presidencial de Transformación Digital y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, viene sonando para asumir la presidencia del Grupo ISA, propietario de esta firma.

Y fue Kattan quien embarcó en 2013 a ETB en los costosos proyectos de despliegue de Fibra Óptica al Hogar (FTTC) y las licencias de espectro 4G, de forma simultánea, que representaron la inversión de 57% de los ingresos de la compañía, nivel 2 veces mayor al estándar de prudencia que usan las empresas de telecomunicaciones, lo que llegó a poner en duda la viabilidad de la empresa bogotana por varios años.

Ahora bien, la elección entre una red troncal de fibra óptica pública o privada depende de la estrategia y las políticas nacionales, considerando factores como la libre competencia en el mercado, la fuerte inversión en infraestructura que se requiere y el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones.

Este modelo de concesión fracasó, no solo en Colombia, sino también en Perú y México. Pero cuando los Estados asumieron el control el resultado no fue mejor, y el ejemplo son estos mismos países.

Ojalá el ministro TIC Mauricio Lizcano tenga en cuenta estas experiencias a la hora de asesorar al presidente Petro, así como valorar la conveniencia de comprar la operación a pesar de que en pocos años se acaba la concesión. Y que recuerde que hay otros modelos que subsidian a los hogares y estimulan a pequeños y grandes ISP.

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