La crisis financiera que atraviesa Tigo-UNE, que la tiene entre la capitalización o la reorganización, es el caso de estudio ideal para analizar el impacto que puede tener en el sector de telecomunicaciones una subasta de espectro radioeléctrico mal diseñada y mal ejecutada, como la de 2019. Por lo que se convierte en una alerta para el proceso de 5G que se lleva adelante en el país.
La subasta de 700 MHz de hace cuatro años se caracterizó por el elevado precio del espectro y unas desbordadas obligaciones de despliegue de infraestructura y cobertura, además de procedimientos cuestionables de funcionarios públicos y empresas participantes.
El impacto en el sector fue tal que hoy la empresa que no participó, Movistar, está en mejor posición que Tigo-UNE, que en el primer semestre de 2023 ajustó pérdidas superiores a 439 mil millones de pesos, casi lo mismo que en todo 2022, y pasivos por más 10,32 billones de pesos.
No hay duda, los primeros responsables del naufragio son los directivos de Tigo, porque a pesar de los evidentes signos de desaceleración de la economía y de la industria de telecomunicaciones, decidieron adquirir 40 MHz en la banda de 700 MHz, por los que pagaron la altísima suma de 2,4 billones de pesos, con el delirante compromiso de cubrir 1.636 localidades.
Se trata de una cantidad de espectro que no era necesaria en una banda que por su eficiencia es muy costosa.
Por ejemplo, Claro tiene en total 135 MHz de espectro para sus 35 millones de clientes, mientras que Tigo tiene 125 MHz para 15 millones de usuarios: ¡menos de la mitad!
Una cosa es el error de estrategia de una empresa, por la que responderán los socios, que en este caso son Millicom y EPM; pero el Ministerio de las TIC, entonces en cabeza de Silvia Constaín, es responsable en buena medida de la crisis por la que atraviesa el sector.
El gobierno, sin importar las advertencias sobre el elevado precio del espectro radioeléctrico, que duplicaba lo pagado en la región, hechas por la OCDE; la GSMA, organización que agrupa a los operadores de telecomunicaciones en el mundo; la Universidad Nacional; consultores, y los operadores, siguió adelante con la política de privilegiar el recaudo sobre el bienestar social, a pesar de que la reducción del valor de este recurso fundamental para las comunicaciones móviles ya era una tendencia internacional.
Adicional al precio, los operadores pujaron por el número de localidades en las que estaban dispuestos a desplegar 4G de un listado establecido en los pliegos, es decir, las “obligaciones de hacer”, con el detalle de que muchos de esos lugares estaban en zonas tan apartadas que no conectaban a nadie, lo que significa un retorno de cero pesos.
Pero los precios también subieron debido a la presencia de WOM, que pujó duro, ya que en sus escenarios de negocio contaba con el beneficio del Roaming Automático Nacional para utilizar las redes de los operadores establecidos con un descuento del 45% por tratarse de un “entrante”, a pesar de que todo indica que ya había arreglado la compra de Avantel, lo que debía quitarle ese derecho que contempla la regulación colombiana para fomentar la competencia.
Y qué decir del bochornoso episodio protagonizado por WOM, que retiró su oferta por más de 1,7 billones de pesos por uno de los lotes en puja durante la subasta cuando esta se había realizado formalmente, bajo todos los criterios de seguridad y responsabilidad legal que se manejan en este tipo de negociaciones. Retiro que aprobó Iván Antonio Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización de la época, que dio el visto bueno para reemplazarlo por la cobertura de una póliza de seriedad de la oferta de 42.000 millones.
Mantilla también está comprometido en que se haya perdido la oportunidad de regular la dominancia de Claro sobre los mercados de voz y datos móviles, como se hizo en 2013 en el proceso de asignación de bandas para 4G; permitió la participación en la subasta de Juan Ignacio Crosta, asesor de WOM, quien había trabajado con el Ministerio TIC en su estructuración en las bandas de 700 MHz, 900 MHZ y 2.500 MHz, y realizó cambios sorpresivos de las obligaciones de los asignatarios de la subasta.
La crisis de Tigo-UNE es el lamentable resultado de malas decisiones empresariales y una desenfocada e improvisada política de asignación de espectro radioeléctrico del Estado colombiano. Impacto que también se aprecia en los estados financieros de los demás operadores pues el único que hoy reporta utilidades es el gigante Claro, que no obstante acusa falta de liquidez para encarar la subasta de 5G, como lo aseguró Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia.
Los dos borradores de la subasta de 5G publicados hasta ahora demuestran que va por buen camino, aunque hay temas por resolver, como el limitado espectro disponible para la banda de 3,5 GHz, garantías del 100% que ni las reaseguradoras pueden cubrir y gastos que no entran en las “obligaciones de cobertura”. Hay tiempo para subsanar lo que haya que corregir y asegurar que esta subasta en lugar de asfixiar las telecomunicaciones les dé aliento para recuperarse.
