Los diarios económicos y de información general, como es costumbre en esta época del año, publican sus respectivos informes con tablas, rankings, gráficos y análisis sobre los resultados financieros de las grandes empresas del país, entre las que siempre están las principales representantes de las telecomunicaciones. Y, a juzgar por los fríos números, se confirma el difícil momento por el que atraviesa el sector.
El diario La República registra a 28 empresas de telecomunicaciones entre las 1.000 más grandes del país, de las cuales 11 reportaron pérdidas en 2022. Y no solo eso, El Tiempo ubica a Wom como la compañía con mayores pérdidas durante el año pasado en Colombia.
Obvio, el operador del fondo de inversión británico Novator Partners apenas inició operaciones a finales de 2021, cuando comunicó un plan de inversiones por mil millones de dólares, por lo que buena parte de los números negativos corresponden al despliegue de infraestructura y redes. Pero los estados financieros muestran que en 2022 Telecom Partners Colombia (Wom) tuvo ingresos operacionales por $569.431 millones y una pérdida neta de $1,463 billones.
Mientras tanto, Tigo-UNE sigue acumulando años en rojo, con un 2022 que cerró con $5,44 billones en ingresos operacionales (5,9% más que en el año precedente), pérdidas por $474 mil millones y deudas financieras que sumaron $2,91 billones, que generan incertidumbre sobre su viabilidad en un futuro cercano.
La ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) registró ingresos por $1,38 billones en 2022, 1,83% más que un año antes. Y una utilidad neta que cayó 64% a $47.751 millones. Sin embargo, la compañía del Distrito Capital carga pérdidas acumuladas por $408 mil millones y la responsabilidad de llevar adelante el tristemente célebre proyecto de ‘Centros Poblados’, que se ha convertido en un lastre.
Movistar, por su lado, mantuvo el segundo lugar en el ranking ‘telco’ con ingresos operacionales el año anterior que ascendieron a $7,86 billones, con un aumento del 33% frente a 2021 el cual incluye el efecto del acuerdo con KKR (de la conformación de una empresa de fibra óptica); sin dicha negociación los ingresos provenientes de clientes ascendieron a $6,74 billones, con un sólido incremento del 16,4%. No obstante, reportó una pérdida de $79 mil millones, debido a las cuantiosas inversiones que realiza en el despliegue de FTTH, pago de espectro y depreciaciones.
En contraste, Claro obtuvo $14,8 billones en ingresos, lo que representó un incremento de 1,6 % respecto a 2021. En cuanto a utilidades, obtuvo $3,6 billones el año pasado, con un incremento interanual del 4%. Posición dominante que le permite a la empresa mexicana estar al margen de los problemas de los demás operadores y, paradójicamente, reforzar su posición en el mercado colombiano así como los problemas actuales y futuros de competencia.
Con estos datos no pretendo aburrir a los lectores sino contextualizar de forma sencilla que el sector no está funcionando bien y los problemas se van a profundizar, es decir, habrá competidores que se fundirán y otros que se irán del país, si no se toman medidas que corrijan el rumbo actual: una ‘mexicanización’ de las telecomunicaciones colombianas, donde los estímulos ni el retorno son suficientes para invertir, por la enorme concentración que hay en un solo operador.
Lo que tampoco le conviene a Claro, y seguro preocupa a sus directivas
Todo en el marco de una durísima competencia de precios en los distintos servicios que ofrecen estas compañías en Colombia, precipitada por Wom, que ha llevado a la disminución del ARPU (indicador que representa el ingreso promedio generado por cada usuario); a lo que se suman una alta inflación, devaluación del peso, incremento en las tasas de interés y elevados precios del espectro, que ejercen presión sobre los márgenes de todos en la industria.
Desde 2009 se definió la existencia de una falla de mercado en la telefonía móvil debido a la dominancia de Comcel, hoy Claro, la cual se volvió a declarar en enero de 2021 en voz y datos móviles, sin que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tamase hasta ahora ninguna medida para intentar corregirlo.
Tal vez sea ahora el momento para llevar adelante acciones, no sólo referentes a la dominancia, porque la sostenibilidad del sector está en juego, justo cuando estas empresas son uno de los componentes fundamentales para alcanzar las metas del gobierno de llevar conectividad a las zonas más remotas del país, alcanzar un 85% de cobertura y cerrar la brecha digital que profundiza las desigualdades en el país. Pero pareciera que las autoridades no se han enterado.
¿Qué pasa con la CRC?
Tampoco se han preocupado en nombrar al representante del gobierno (junto al ministro) en la sesión de la Comisión de Comunicaciones de la CRC. Cargo que permanece vacante desde la salida de Sergio Martínez en agosto del año pasado. ¿Qué opinará el señor Saúl Kattan, consejero de Transformación Digital?
De igual forma, llama la atención que el anuncio del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, sobre la conformación de un “equipo estructurador (para la subasta de espectro de 5G), liderado por tres reconocidos expertos internacionales y apoyado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”, deje por fuera a la CRC, la entidad que tiene toda la información sobre la industria.
De acuerdo con la Ley 1979 de 2019, las funciones de la CRC en materia de comunicaciones son: promover la competencia en los mercados, evitar el abuso de posición dominante, regula los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, y garantiza la protección de los derechos de los usuarios. Sin embargo, como lo comentó un exmiembro de la junta, “pareciera que quieren dejarla en la completa irrelevancia”.
Al no contar con el regulador, el mensaje que envía el gobierno es que la solución a la crisis está en la subasta de espectro. Ojalá que los meses de análisis y trabajo se plasmen en una visión integral que incorpore entre las obligaciones de hacer un componente de fibra óptica; que se habilite la compartición de espectro en zonas rurales, y que haya un riguroso monitoreo de los avances en los compromisos adquiridos por las empresas.
Una subasta para calmar la tormenta…
Si bien el MinTIC determinó acertadamente que en la subasta de 5G las obligaciones de hacer corresponderán al 90% del costo del espectro y el 10% será para recaudo, en línea con la tendencia internacional de privilegiar el despliegue sobre el ingreso, su éxito no estará asegurado mientras que Wom, Tigo y la ETB tengan al agua al cuello, y adquirir financiamiento les resulte (a todos) cada vez más costoso para invertir en una tecnología que no ha generado los retornos esperados en los países donde ya se implementó.
La tecnología 5G no ha tenido el impacto en la industria que se anticipaba, como sí lo tuvo la LTE (4G), y los operadores que deseen tener ventaja sobre los demás deberán ofrecer una experiencia superior al cliente (que serán empresas), servicios con valor agregado y soluciones personalizadas, todo lo cual requiere de más inversiones.
En medio de las dificultades, un salvavidas para la subasta, y para la industria, es la firma de un memorando de entendimiento entre Movistar y Tigo-UNE para explorar la integración de sus redes de acceso móvil, con el objeto de evaluar la creación de una nueva compañía de infraestructura que haga más eficiente la gestión de las redes actuales y que sea el vehículo de despliegue de nuevas tecnologías móviles como 5G, con operaciones comerciales independientes, según lo manifestaron ambas empresas en un comunicado.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene que evaluar y dar luz verde a la integración, para que luego el Ministerio de las TIC proceda con las respectivas aprobaciones.
Sería grave una negativa a un acuerdo de este tipo, en primer lugar porque es una decisión empresarial cada vez más usada en el mundo ‘telco’, que responde a la necesidad de llevar adelante operaciones eficientes en cada eslabón de la cadena; sentaría un precedente contrario a la línea del ejecutivo sobre compartición de espectro radioeléctrico (que hacía parte del Plan Nacional de Desarrollo pero se cayó en el Congreso); y en tercer lugar, porque sería catastrófico para el futuro de Tigo-UNE, y ningún gobierno quiere ver naufragar una empresa con participación pública durante su gestión, menos uno de izquierda.
