Se realizó la millonaria subasta de espectro de servicios móviles 5G que, además de actualizarnos al estándar de mayor crecimiento en el mundo, llevará a los grandes operadores de telecomunicaciones a pisar el acelerador de las inversiones para cumplir con el cronograma de despliegue y las ‘obligaciones de hacer’ a las que se comprometen con la firma de los contratos con el gobierno.
Sin embargo, la meta de cobertura de banda ancha del 85% de la población para 2026 depende en una pequeña proporción de este hito de las telecomunicaciones nacionales, porque las zonas no cubiertas son responsabilidad de estrategias conducidas y financiadas mayoritariamente por el Estado.
Sin ánimo de entrar en los detalles de la subasta, que mis colegas han cubierto en detalle, lo más importante es que los jugadores locales, Movistar-Tigo, WOM y Claro, accedieron a una porción de espectro radioeléctrico para 5G y que va a haber un operador entrante, Telecall.
Una gran sorpresa para un mercado tan competido que no genera altos ingresos. Habrá que ver cuál es la estrategia de negocio, pero sus representantes adelantaron que van a enfocarse en empresas y el mercado de consumo.
Es probable que los brasileños de Telecall hayan identificado una oportunidad por el bajo precio puesto sobre la mesa, considerando que en el más reciente proceso de asignación de bandas en la frecuencia de 3.5 GHz, en Argentina, se recogió un total de 875 millones de dólares por 250 MHz, sin ‘obligaciones de hacer’; mientras que en Colombia pagarán 342 millones de dólares por 330 Mhz, que se elevan a un estimado de 450 millones por las obligaciones adicionales de despliegue.
Ahora, con la histórica subasta atrás, y los operadores en carrera por ser los primeros en ofrecer el servicio a un mayor número de clientes, es momento de que el gobierno concentre sus recursos y coordinación hacia la meta de reducción del rezago en conectividad, que nos ubica solo por delante de Bolivia y Ecuador en la región, con el 73% de la población conectada a la red, según datos de diciembre de 2022.
Pero el cierre de la brecha de conectividad no se logrará con el 5G. ¿Por qué? Su implementación inicial tiende a llevarse a cabo en áreas urbanas antes que en las zonas rurales, debido a la densidad de población, costos de implementación, infraestructura existente y, por supuesto, la rentabilidad, porque no olvidemos que esto es un negocio.
Por ejemplo, de 2024 a 2027 los operadores están obligados a cumplir con unas cantidades mínimas de estaciones base con tecnología 5G a partir de 100 mil habitantes en Bogotá y 500 mil en las demás capitales de departamento. Y, a partir de 2027, iniciar con ciudades de más de 200 mil habitantes.
Mientras que el año entrante piensan hacer una exótica subasta, con el remanente de 80 MHz en la banda de 3.5 GHz, para operadores regionales (como la ETB) que, en mi opinión, están ubicados en las mismas ciudades donde para entonces ya se estará desplegando la red de quinta generación.
Lo que sí hará es elevar los estándares de velocidad, reducir la latencia y conectar un mayor número de dispositivos en áreas urbanas. Y será especialmente útil para la industria, las empresas, la salud y el agro, acercándose a los niveles de las economías más competitivas, lo que permitirá —si se aprovecha de forma eficiente—, implementar y desarrollar herramientas de última generación en los procesos productivos y de servicios.
En concreto, a pesar de que el 5G es un salto exponencial para las telecomunicaciones, no es la tecnología que universalizará en el corto y mediano plazo el acceso a Internet en Colombia.
Sin embargo, una parte crucial del proceso de adjudicación de frecuencias que se realizó en las instalaciones de Maloka, en Bogotá, son las denominadas ‘obligaciones de hacer’. Estas no se limitan únicamente a esta subasta, sino que abarcan todas las renovaciones de licencias de espectro.
Dichas obligaciones representan una de las cuatro estrategias que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha denominado Ruta de Conectividad. Su propósito es agregar, como parte de las contraprestaciones para los operadores, el despliegue de infraestructura destinada a llevar Internet a grupos sociales y áreas que carecen de una cobertura óptima.
Desde el MinTIC describen a la Ruta de Conectividad como una “estrategia habilitadora para la transformación digital del país por medio del desarrollo de diferentes proyectos que nos permitirán conectar al 85% de la población, eliminar brechas digitales y seguir impulsando la sociedad del conocimiento”.
Esta consta de cuatro iniciativas: las mencionadas ‘obligaciones de hacer’; Zonas Comunitarias para la Paz; Líneas de Fomento, y Conectividad para Cambiar Vidas.
De acuerdo con lo establecido por el Gobierno en la resolución de la subasta 5G de este 20 de diciembre, como parte de las ‘obligaciones de hacer’ u obligaciones de cobertura, los operadores se comprometieron a cubrir con 4G a 34 carreteras primarias y secundarias, que suman 700 Km, es decir, 1.414 km menos de los proyectados por el MinTIC; conectar mediante fibra óptica a 1.191 de las 2.326 instituciones educativas propuestas, y brindar cobertura a 77 localidades que hoy no cuentan con servicio móvil de ningún operador, 52 más que lo inicialmente dispuesto. Todo esto con unos altísimos costos de inversión y bajo retorno para los responsables.
Las otras 3 iniciativas
La segunda iniciativa desarrollada por el ministerio que lidera Mauricio Lizcano es el programa Zonas Comunitarias para la Paz, que tiene como objetivo conectar a Internet al menos 1.180 comunidades rurales golpeadas por la violencia por medio de zonas Wifi.
La inversión destinada a este proyecto es de $205 mil millones hasta julio de 2026. El plan busca beneficiar, durante ese periodo, a 162 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 19 departamentos del país, priorizando la instalación en sedes educativas rurales oficiales que carecen actualmente de servicios de conectividad.
La tercera iniciativa es el programa Líneas de Fomento, diseñado con el objetivo de asignar recursos a los Proveedores de Servicios de Internet locales que estén registrados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC. Esto se realiza a través de convocatorias, con el fin de fortalecer el acceso a Internet fijo residencial en áreas que cuenten con menos de treinta mil usuarios.
Esta iniciativa, planteada por el Presidente Gustavo Petro y creada en octubre pasado, busca conectar a 21.417 hogares de bajos recursos en 10 departamentos del país.
Esto, mediante el trabajo articulado de las ISP locales y las denominadas Comunidades Organizadas de Conectividad, para que estas últimas reciban acompañamiento, transferencia de conocimientos y capacitación en cuestiones técnicas, con el propósito de que las comunidades puedan operar la infraestructura de conexión desplegada en sus áreas y así prestar el servicio de Internet fijo.
Llama la atención que en la Convocatoria No. 001 del 8 de noviembre de 2023 se establezcan velocidades mínimas de bajada de 25 Mbps y 5 Mbps de subida para accesos fijos en hogares de estratos 1 y 2, que si bien son los mínimos establecidos en el país para ser considerados banda ancha, sabemos que están desactualizados y muy lejos del promedio nacional de 110,5 Mbps de bajada y 42,5 Mbps de subida.
Por su parte, la Asociación Nacional de Proveedores de Servicio de Internet (NAISP) parece no estar satisfecha con los avances, pues dijo en su cuenta de X (Twitter) el 10 de diciembre: “Se está acabando el año. Hemos recorrido mucho camino por lograr la inclusión de los pequeños ISP en los planes y proyectos del MinTIC pero todavía no vemos con claridad el apoyo que debemos recibir para mantener arriba a estás pequeñas empresas”.
Es prematuro hacer juicios sobre el alcance del programa de Líneas de Fomento, más allá de advertir que el subsidio de las Comunidades Organizadas de Conectividad se puede convertir en una pesadilla en términos administrativos por la cantidad de participantes.
El programa más ambicioso en materia de conectividad, que cierra la ‘Ruta de Conectividad’, es Conectividad para Cambiar Vidas, el cual se desarrolla en colaboración con la firma privada Internexa y está destinado a llevar conectividad a 175 municipios de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia (Urabá Antioqueño) y la Guajira.
El MinTIC planea invertir alrededor de $2,2 billones durante 10 años en este proyecto, es decir que en este periodo presidencial se invertirá menos de la mitad de ese presupuesto, con el que se pretende conectar en una década a 384.000 hogares de estratos 1 y 2, así como a comunidades con las mayores dificultades de conectividad que hay en el país.
También se busca mejorar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones fortaleciendo las redes existentes y creando nuevas en municipios donde no las hay actualmente. Esto es clave, porque se va a llevar más fibra óptica a los lugares que lo necesitan tanto para llevar Internet al hogar como para la operación del 5G.
En conclusión, la llegada de 5G se da como resultado de la inercia de la industria telco mundial. En lo que interviene el Estado es en el modo cómo lo hace y en el marco regulatorio, lo que ha estado dirigido de forma correcta, aunque se extraña la ausencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y queda con un remanente de 70 MHz en distintas bandas, que mientras no se estén usando son plata perdida para la Nación.
Las estrategias que hacen parte de la Ruta de la Conectividad están enfocadas a los sectores donde tienen que llegar, pero pareciera que no todas están destinadas a perdurar más allá del actual periodo de gobierno, además de enfrentar desafíos financieros y logísticos significativos, como es el caso de las Líneas de Fomento.
El desafío para Colombia radica en encontrar un equilibrio entre la adopción de tecnologías como 4G, 5G, satelital y, ojalá, mucha más fibra óptica, para garantizar la inclusión digital equitativa y de alta calidad en todo el país.
