Como nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro tendrá que enfrentar importantes retos en materia ambiental. La creciente deforestación (a causa de factores como la minería ilegal o la ganadería sin control), la protección de los líderes ambientalistas y su polémica propuesta de transición energética como herramienta contra el cambio climático son, según los expertos, los tres desafíos más importantes del gobierno entrante en lo que a sostenibilidad se refiere.
Tal vez el primer reto de esta ambiciosa política ambiental de Gustavo Petro será la obtención de financiamiento para llevar a cabo sus propuestas. “Detener la deforestación podría costar billones. Colombia gasta apenas el 0,5 por ciento de PIB en temas ambientales. Esa cifra en un país desarrollado alcanza hoy el 2 por ciento. Dada la alto biodiversidad de Colombia, su riesgo al cambio climático y las problemáticas por resolver, el plan ambiental que propone Petro requeriría entre 3 y el 4 por ciento del PIB del país”, dijo a El Tiempo Rodrigo Becerra, experto en temas ambientales.
En su discurso después del triunfo electoral el pasado 19 de junio, Petro se refirió específicamente al tema de la protección del Amazonas como ‘esponja’ del mundo para los gases de efecto invernadero dando a entender que el tema de los bonos de carbono podría convertirse en pieza clave para el financiamiento de su programa ambiental.
Sin embargo, el tema más polémico en materia ambiental del nuevo gobierno es, sin duda, la propuesta de transición energética que reduciría sensiblemente la dependencia de los combustibles fósiles que son la principal fuente de ingresos para Colombia.
Transición energética
La propuesta de transición energética planteada por Gustavo Petro fue durante la campaña electoral -y aún sigue siendo- uno de los puntos más controversiales de su plan de gobierno.
Y es que más allá de los importantes cambios estructurales en materia de generación de energía, transporte e infraestructura, que convertirían a Colombia en pionera en América Latina en generación de energías limpias, el cambio en el paradigma de los combustibles fósiles también acarrea un gigantesco reto para el desarrollo económico y las finanzas públicas del país.
Aunque existe consenso global en la necesidad de los países de avanzar hacia la generación de energías alternativas, en países con escasos recursos financieros como Colombia resultaría utópico reemplazar los ingresos petroleros con los recursos provenientes de la transición energética.
Aunque el programa de gobierno del Pacto Histórico (respaldado por casi 11 millones de colombianos en las elecciones del 19 de junio) plantea “dejar progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, el carbón y todo tipo de explotaciones mineras y economías ilegales”, analistas económicos y expertos en temas energéticos aseguran que esto no es viable, al menos a corto plazo.
Más aún, fenómenos como el aumento en el precio del dólar estadounidense (que superó los 4 mil pesos colombianos) y la caída de en el valor de las acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) son atribuidos a los planteamientos de Gustavo Petro en materia de exploración petrolera y transición energética.
“Nuestro compromiso (…) es realizar transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esto implica transitar hacia una economía productiva basada en el respeto a la naturaleza, dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias”, se lee en el capítulo 1 ‘Colombia, economía para la vida’ del programa de gobierno de Gustavo Petro.
“En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Respetaremos las decisiones democráticas de las consultas populares”, agrega.
En Impacto TIC contrastamos las principales propuestas del nuevo gobierno en materia energética con la opinión de expertos como el senador José David Name, autor de la Ley 2099 de 2021 de Transición Energética.
“Siempre he sido claro en afirmar que, para alcanzar los objetivos en materia de transición energética, necesitamos contar con el respaldo de la industria petrolera. Solo de esta manera podremos lograr una conversión confiable y sostenible hacia las energías renovables. Aunque reducir la alta dependencia que tenemos de la generación hidroeléctrica y los combustibles fósiles, es indispensable para lograr una transformación sostenible del sector energético, hacerlo de manera abrupta nos dejaría vulnerables en materia fiscal y energética”, dijo el senador Name.
“La crisis energética mundial ha confirmado que, si seguimos manteniendo un estancamiento en las reservas petroleras, una limitada producción, así como una alta dependencia hacia los hidrocarburos, estaremos expuestos a la pérdida de la autosuficiencia. También, se ha ratificado lo que venimos afirmando, de tiempo atrás, que no es conveniente eliminar de tajo los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y que está es la industria llamada a lograr, en unos años, una conversión confiable y sostenible hacia las energías renovables”, agregó Name.
El senador Name reiteró que “sería un grave error es prohibir la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, y que se detengan los proyectos de yacimientos costa afuera”.
“Aumentar la participación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (Fncer) en Colombia de manera gradual, así como seguir potenciando los recursos de crudo y gas con el propósito de contar con energía de respaldo e ir ampliando la canasta exportadora, es crucial para evitar un desbalance y sus nefastas consecuencias. La crisis energética mundial nos está recalcando la importancia de diversificar la matriz energética y lo inconveniente que resulta eliminar de tajo los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos”, puntualizó.
Según el senador Name es urgente implementar nuevos proyectos que garanticen un crecimiento sostenible de la industria petrolera y gasífera a la par que se avance con el desarrollo de nuevas tecnologías y energías más amigables con el medio ambiente.
Lucha contra la deforestación
La acelerada pérdida de bosques es una grave problemática ambiental que debe enfrentar Colombia. Y es que según cifras del Ideam, desde 2015 anualmente se pierden, en promedio, cerca de 170.000 hectáreas de bosque, principalmente en la Amazonia.
“Para enfrentar la deforestación Colombia debe desarrollar estrategias integrales en los territorios con acciones de tipo preventivo, correctivo y educativo más que de carácter coercitivo, que permitan abordar los motores directos e indirectos para lograr reducir o, en el mejor de los escenarios, detener la tasa de deforestación en el país”, señala la organización ambiental WWF al hacer una evaluación del problema.
En el mismo sentido, Juan Pablo Sierra Suárez, codirector de la ONG PactoXElClima, aseguró que existen 4 desafíos para el nuevo gobierno en lo que tiene que ver con la lucha contra la deforestación:
“Primero, la militarización de la gestión forestal: el acercamiento a este problema no debe ser únicamente un asunto de seguridad. Todo lo contrario, debe ser un acercamiento económico. A las actividades que hoy deforestan se les debe combatir por medio de una política seria de reconversión económica”, señaló.
“Segundo ordenamiento territorial: actualmente la inseguridad jurídica sobre la propiedad rural es la que permite que no exista control alguno sobre la deforestación. En Colombia contamos con un rezago muy grande en cuanto a actualización de herramientas tan fundamentales como el Catastro Multipropósito y los Planes de Ordenamiento Territorial que no permiten tener información suficiente sobre la tierra y por tanto se permiten dinámicas de acaparamiento y uso insostenible de los suelos (como las principales causas de la deforestación en Colombia)”, agregó Juan Pablo Sierra.
“Tercero la administración de los Parque Nacionales Naturales: es necesario replantear el rol de las áreas protegidas como estrategia de conservación. Estos modelos han traído muchos problemas de DDHH y no se han mostrado como una solución a la deforestación ya que al revisar los focos de este fenómenos se presentan en los PNN (Ej. Picachos, Tinigua y Macarena). El gobierno Petro debe apostarle a otras figuras de ordenamiento y gobernanza que se han mostrado mucho más eficiente como los territorios colectivos, resguardos indígenas y zonas de reserva campesina”.
“Y cuarto la sustitución de cultivos ilícitos: la guerra contra las drogas además de traer más violencia a los diferentes territorios del país lo que hace es incentivar aún más la deforestación ya que desplaza geográficamente el problema y no trae solución a los campesinos cocaleros para tener alternativas productivas. La implementación de los PNIS es fundamental”.
“Adicionalmente, existe una alerta importante que tiene que atender el gobierno Petro y es la regulación de los mercados de carbono, necesitamos que el Estado entre a ponerle la lupa a los contratos que se están llevando a cabo entre empresas y resguardos indígenas para la adquisición de bonos de carbono que es un problema que está creciendo y puede contribuir a la inacción”, remarca Sierra.
Los expertos coinciden en que es necesario que el próximo gobierno logre frenar la apropiación ilegal de tierras que estaría propiciando la transformación de bosques en potreros para ganadería o cultivos de uso ilícito.
Protección de la Amazonia
En su primer discurso, luego de su victoria electoral del 19 de junio, Gustavo Petro se refirió a temas prioritarios para su gobierno y dentro de estos destacó la protección del Amazonas.
“Para ser una potencia de vida Colombia asumirá compromisos ambientales como la protección integral del Amazonas y para esto concertaremos con países como Estados Unidos para lograr la preservación de este que es el pulmón del planeta. El Amazonas es como una esponja que absorbe los gases efecto invernadero y por lo tanto toda la humanidad debe protegerla”, dijo Petro.
Además, su programa de gobierno dice: “Promoveremos dentro de la agenda de la política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad, financiable con la obtención de dividendos por absorción con carbono”.
Juan Pablo Sierra asegura que: “los dividendos por absorción de carbono pueden verse reflejados tanto en ponerle tarifas más altas al impuesto al cabrono, por ejemplo, o en regular el mercado de carbono del país mejorando tanto las condiciones de negociación entre privados y comunidades como la contabilidad de la reducción de emisiones que dicho mercado está generando. A pesar de que esta es una herramienta importante para proteger la Amazonia, no es sufidiente. Es necesario apostarle a traer más inversión para la investigación, el turismo sostenible, y siempre dar prioridad en lo que se haga a las comunidades que habitan el territorio”.
Cabe destacar que la deforestación afecta especialmente a la región amazónica. En 2020, conforme lo revelan cifras del Ideam, el 63 por ciento de la deforestación de Colombia se concentró en esta zona. Sumado a ello, esta región enfrenta graves amenazas como los incendios que afectan significativamente la conectividad ecosistémica, y una crisis de seguridad sin precedentes por la intensificación del acaparamiento de recursos y de las actividades económicas ilegales, que pone en riesgo a los defensores ambientales.
Garantías para los líderes ambientalistas
Según cifras de Indepaz, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta 2021, 611 líderes ambientales fueron asesinados y en lo que va de 2022 ese número asciende a 96. Así las cosas, el riesgo que corren los líderes en los territorios es uno de los mayores desafíos para el nuevo gobierno en materia de protección ambiental.
Según WWF una herramienta clave para avanzar en dicha protección será la aprobación de la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado regional de protección integral del medio ambiente que dentro de sus capítulos establece la protección por parte del Estado para las personas que trabajan por la protección ambiental.
“Con Escazú el país tendría un instrumento que permitiría contener gran parte de las afectaciones sociales ocasionadas por proyectos y megaproyectos, así como la violencia sistemática que sufren las comunidades”, señala WWF.
Actualmente el Congreso de la República avanza en dicha ratificación. Recientemente el Senado aprobó el Acuerdo de Escazú, pero todavía faltan dos debates en la Cámara de Representantes y la promulgación por parte del presidente para entonces sí convertirse en ley de la república.
“Es necesario que la protección a los líderes ambientalistas sea una prioridad para el próximo gobierno, si no se protege la vida de quienes protegen los ecosistemas más estratégicos del país entonces ningún compromiso climático que Colombia tenga se podrá cumplir”, asegura Sierra.
“Ahora, para asegurar la protección del liderazgo socioambiental es necesario ratificar (y reglamentar) el Acuerdo de Escazú que fortalece un conjunto de derechos de acceso con los que que en la práctica Colombia no cuenta. Estos derechos de acceso son: el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones, y por último en el acceso a la justicia para asuntos ambientales. De esta manera se fortalece la democracia ambiental y se disminuye la conflictividad que eventualmente trae consigo el desplazamiento, las amenazas y la muerte de los y las defensoras del ambiente en el país”, agrega.
“Por otro lado es necesario mejorar y fortalecer los mecanismos e instituciones ya existentes, entre esos el Sistema de Alertas Tempranas y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Que la atención sea más oportuna”, puntualiza Juan Pablo Sierra.
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