El presidente Iván Duque sancionó la ley que da luz verde a la justicia digital en Colombia. La Ley 2213 de 2022 establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 que abrió el camino para la digitalización del sistema judicial durante la emergencia sanitaria por la pandemia. 

Esta ley entra en vigencia desde el 13 de junio, y tiene como objetivo implementar el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales. Además, busca agilizar los trámites judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo y jurisdicción constitucional y disciplinaria. 

Esta norma establece una serie de parámetros para garantizar la adecuada ejecución de los procesos judiciales de manera digital, sin necesidad de asistir presencialmente a los despachos judiciales. Sin embargo, no especifica cómo se logrará esta digitalización de la justicia en todo el territorio nacional. Así mismo, tampoco toma en cuenta a regiones apartadas y con problemas de conectividad. 

En su artículo 2, por ejemplo, habla sobre la adopción de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos judiciales, pero no es claro qué tipo de herramientas se usarán. Esto además de excluir un determinado grupo poblacional: “la población rural, los grupos étnicos, las personas con discapacidad y las demás personas que tengan alguna dificultad para hacer uso de los medios digitales, podrán acudir directamente a los despachos judiciales y gozarán de atención presencial en el horario ordinario de atención al público”, afirma la norma.

Brechas de acceso a la justicia y de conectividad

Aunque el Decrero 806 fue un salvavidas para la justicia en tiempos de pandemia, la continuidad de esta norma debe abarcar problemas más amplios para su adecuada implementación. Este tipo de consideraciones fueron expuestas por la Fundación Karisma y la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia y el Semillero de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes que a través de una carta enviada a los senadores y representantes manifestaron su preocupación frente a la extensión del Decreto 806. 

En los comentarios hechos al entonces proyecto de ley, las 2 entidades identificaron 5 preocupaciones para romper con las barreras de acceso al sistema judicial que no están consignadas ni tenidas en cuenta dentro de la ley:

  1. No tiene en cuenta datos sobre el impacto del Decreto 806/2020, un decreto que surge en medio de la pandemia. 
  2. Concepto limitado de brecha digital.
  3. Poca preocupación por problemas de aplicación del proceso.
  4. Poca preocupación por infraestructura.
  5. No hay políticas de seguridad digital ni de protección de datos definidas.

Frente a esas misma preocupaciones, en un foro realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en noviembre de 2021, expertos analizaron la digitalización de la justicia. Allí se reiteró la situación actual de Colombia no solo en conectividad sino también en vías de acceso: «hay ciudadanos que no tienen acceso a la justicia de manera presencial o virtual, debido a la falta de vías y carreteras que le faciliten el desplazamiento y mucho menos para acceder a plataformas tecnológicas».

La conexión de Internet en todo el territorio nacional es del 56,5 %. Ese porcentaje corresponde al 66,5 % de las cabeceras y 23,8 % a los centros poblados y rurales. Departamentos como Chocó, Vichada y Vaupés cuentan con un pobre acceso a Internet. 

Teniendo en cuenta esas cifras de conectividad, para los expertos es evidente los obstáculos de algunas regiones para acceder a la justicia digital. No hay cifras de los avances en esas regiones apartadas desde la expedición del decreto, ni los avances logrados en la justicia colombiana en su digitalización durante la pandemia. 

Según el Ministerio de Justicia, los juzgados con función de conocimiento de Bogotá registraron un índice de evacuación del 96 %, las audiencias virtuales pasaron de 29.000 durante el 2019 a 856.756 en el 2020 y 781.781 en el 2021. No obstante, para la Fundación Karisma y la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia y el Semillero de Derecho Procesal de la Universidad de los Andes, esta ley no responde a las necesidades de las regiones. 

“Dado que la brecha digital es una realidad en el país, NO puede entenderse que el PL (proyecto de ley) que busca darle permanencia al Decreto 806/20 es la respuesta legislativa para acotar la brecha digital del país desde un enfoque de la administración de justicia. Es decir, el Congreso de la República mantiene la deuda legislativa de generar una normatividad que responda realmente a la brecha digital en el país, considerando todos y cada uno de los diferentes componentes”, afirma el comunicado enviado al Congreso.

Avances de la Transformación Digital de la Justicia 

El proyecto para lograr una Transformación Digital de la justicia está en manos del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia. El proyecto cuenta con una primera fase para los próximos 4 años (2021 – 2025) con una inversión de casi 1,2 billones de pesos. 

En marzo de 2021, el Departamento Nacional de Planeación aprobó el Conpes para financiar el programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia. El objetivo de esta política pública es lograr un sistema de justicia con estándares tecnológicos internacionales, ahorrar en tiempo y costo en los servicios y trámites judiciales, lograr pasar de 140.000 a 1.120.000 procesos con notificaciones digitales, entre otros. Este Conpes beneficiará a las Altas Cortes, a 5.446 despachos judiciales y un poco más de 31.000 servidores de la Rama Judicial.

Entre los avances que se han logrado a la fecha, el Consejo Superior de la Judicatura inició en 2020 el Plan de Digitalización de Expedientes de la Rama Judicial que ha permitido el acercamiento virtual entre el juez y las partes y disminuyeron las consultas presenciales. Asimismo se avanzó en el soporte electrónico de los expedientes. 

También se implementó el Soporte del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ), una arquitectura tecnológica que integra los trámites judiciales de los despachos y las Altas Cortes. Esta plataforma en su primera fase está disponible para las especialidades laborales y de tutela en los Distritos Judiciales de Armenia, Manizales, Pereira, Sincelejo y Bogotá y en los 5 procesos priorizados en las Altas Cortes. 

Con respecto a la actualización de equipos tecnológicos de los despachos y funcionarios, se ha realizado una renovación gradual de equipos de escritorio y portátiles, atendiendo poco a poco a las necesidades de los despachos y dependencias de la Rama Judicial. A su vez, las reuniones virtuales se han hecho en plataformas como Lifesize que corresponden al agendamiento y programación previo de los Servicios de Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming. 

En el seguimiento al plan de transformación digital publicado en septiembre de 2021 por el Consejo Superior de la Judicatura, el año pasado se atendieron un total de 327.063 servicios en la plataforma Lifesize y 627.067 reuniones en Teams. 

Las cifras de demanda de justicia para el año 2020 alcanzaron aproximadamente la cifra de 1.900.000 procesos. Sin duda un reto gigante para lograr un cambio en los procesos judiciales del país. Además de la demanda de justicia y avance en los procesos, como otros sectores del país que buscan una Transformación Digital, la conectividad y cierre de brechas sigue siendo una prioridad.


Imagen Principal: herbinisaac en Pixabay