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Desde Bogotá, el sector privado impulsa la gobernanza de la IA en América Latina



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El sector privado en América Latina comenzó a trazar su propia hoja de ruta para la gobernanza de la Inteligencia Artificial. Desde Bogotá, y con el impulso del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), empresas y gremios de la región buscan definir reglas comunes para una adopción ética y coordinada de esta tecnología.

Publicado el 13 de abr de 2026

Jorge Hernández

Periodista de tecnología, escritor y libretista. Editor en ImpactoTIC



El CIPE lanzó en Bogotá una iniciativa de gobernanza de la Inteligencia Artificial en el sector privado para América Latina

“Estamos lanzando una hoja de ruta de cómo debe ser la gobernanza de la Inteligencia Artificial para el sector privado en América Latina”, afirmó Ángela María Vélez,  directora del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE) en Colombia. Unas declaraciones realizadas en medio del encuentro internacional ‘IA en América Latina: el rol de las empresas en su gobernanza’.

El punto de partida fue la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde representantes del sector empresarial y organizaciones regionales se dieron cita para alinear posiciones frente a uno de los debates más vigentes: cómo regular y aprovechar la Inteligencia Artificial sin frenar la innovación.

La iniciativa, liderada por el CIPE, plantea un marco de referencia para la adopción ética y regulada de la IA en el entorno empresarial, con una primera coordinación entre actores de Colombia, Chile y Perú.

Para ser más exactos, el esfuerzo cuenta con el respaldo de organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Cámara Colombiana de Informática y Tecnología (CCIT), el Centro Nacional de Consultoría (CNC), la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (ACTI), la Fundación Kodea y Comex Perú, entre otros.

Durante la apertura, Abdulwahab Alkebsi, director general de programas en CIPE, anunció que la organización ha considerado a Bogotá como una sede estratégica para sus programas en América Latina. Según Alkebsi, la ciudad representa un punto de conexión clave para fortalecer la democracia y los mercados en la región a través de la cooperación tecnológica.

Desarrollo de la hoja de ruta regional

Según sus creadores, la hoja de ruta presentada no fue diseñada de manera unilateral por las organizaciones, sino que se construyó a partir de aportes directos de empresas que enfrentan la Transformación Digital. Para ello, se realizaron talleres y encuestas regionales en Colombia, Chile y Perú, recolectando datos sobre el estado actual de la apropiación tecnológica.

La propuesta presentada plantea la creación de una ‘Plataforma Regional del Sector Privado sobre IA’, concebida como mecanismo de concertación y diálogo para construir estándares comunes, principios de uso responsable y lineamientos regulatorios armonizados.

En su primera fase, prevista entre 12 y 18 meses, contempla acciones concretas como:

• Establecimiento de principios regionales de gobernanza

• Definición de parámetros regulatorios consensuados

• Fortalecimiento de capacidades para micro, pequeñas y medianas empresas

• Lineamientos sobre seguridad económica y gestión de riesgos

• Acceso a financiamiento para adopción tecnológica

• Expansión de talleres técnicos a otros países de la región

Ángela María Vélez explicó que el plan inicial es convocar a nuevos actores regionales, mencionando específicamente el interés en incluir a países como Costa Rica y Uruguay para ampliar el alcance de la iniciativa. El proyecto también contempla la creación de métricas regionales para medir el progreso de la adopción digital.

Según Vélez, el punto de partida en la región, en cuanto a la adopción de la IA, se sitúa actualmente entre un 20 % y un 30 % de adopción, y se espera que en un plazo de 2 años se puedan evidenciar avances significativos en estos indicadores.

Uno de los pilares de la propuesta es la unificación de estándares comunes que permitan a las empresas de América Latina actuar como una voz colectiva en foros internacionales. La intención es evitar que la región quede rezagada frente a los avances de economías más desarrolladas en materia de regulación y uso de Inteligencia Artificial.

Desafíos en la adopción empresarial

El evento de lanzamiento identificó brechas entre los países de la región. De acuerdo con las intervenciones de los panelistas, mientras países como Brasil muestran un nivel de adelanto superior, otros aún se encuentran en etapas iniciales de implementación, lo que requiere soluciones diferenciadas para cerrar estas asimetrías.

Un punto de atención recurrente fue la situación de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Se indicó que más de 90 % de los afiliados a las cámaras de comercio pertenecen a este segmento, por lo que cualquier marco de gobernanza debe ser inclusivo y accesible para unidades económicas de menor escala.

En los talleres previos al lanzamiento de la hoja de ruta se detectaron barreras culturales y operativas. Entre ellas, la resistencia al cambio, el desconocimiento de las herramientas y la falta de infraestructura de seguridad digital. Los expertos señalaron que la IA suele verse como un tema técnico aislado y no como parte de la estrategia corporativa integral.

Asimismo, se discutió la necesidad de fortalecer las capacidades humanas. Los participantes coincidieron en que la formación y el entrenamiento son fundamentales para que la transición digital no genere exclusión laboral, sino que potencie la productividad de los trabajadores en los sectores público y privado.

Futuro de la cooperación regional

El lanzamiento incluyó además un llamado a la colaboración permanente entre el sector privado y los gobiernos. La hoja de ruta se plantea como un ‘documento vivo’ que deberá actualizarse conforme evolucione la tecnología, manteniendo siempre el enfoque en el desarrollo económico y la transparencia.

El evento cerró con la invitación a más organizaciones a sumarse a esta red de gobernanza. Se espera que los resultados de esta primera etapa sirvan de base para futuras políticas públicas que fomenten la innovación sin comprometer los estándares éticos exigidos por la sociedad civil y los organismos internacionales.

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