Las consecuencias de la pandemia por COVID-19, el conflicto en Ucrania, el cambio climático y la desaceleración económica generalizada han puesto de relieve la lucha contra la inseguridad alimentaria en el debate público mundial. América Latina y el Caribe no está al margen de esta situación.
El aumento de los precios de los fertilizantes y de los alimentos, que hoy se sitúan por encima de los niveles de años anteriores, tiene efectos inevitables en la seguridad alimentaria. Si los precios continúan subiendo, la producción alimentaria también se verá afectada con un impacto en los medios de vida de productores a pequeña escala y de la agricultura familiar.
América Latina y el Caribe vive en una permanente contradicción. Una región que podría producir alimentos para más de 1.300 millones de personas –es decir, el doble de su población–, registra altos niveles de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición, incluso superando los promedios mundiales. En 2021, el 40,6% de la población regional sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave.
Nos enfrentamos no solo a una crisis de inseguridad alimentaria, sino a un complejo escenario global en el que las estructuras nacionales no pueden responder por sí solas, porque están constantemente afectadas por factores externos.
Las soluciones y medidas para responder a esta situación deben ser tangibles y tienen que ser implementadas de manera conjunta, diseñadas con mayor sostenibilidad y resiliencia. Es imprescindible reconocer que los procesos de integración y cooperación regional son más necesarios que nunca.
En ese sentido, trabajar juntos por la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles es una oportunidad de fortalecer estrategias intersectoriales y transversales, así como de reafirmar un compromiso político regional para combatir el hambre y la pobreza.
Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hemos reforzado nuestra asistencia técnica para apoyar los procesos de articulación regional y a los gobiernos en la construcción de herramientas que contribuyan a reducir el impacto de esta situación.
En la última Conferencia Regional de FAO realizada en abril de 2022 en Quito, los Estados miembros de la organización definieron sus prioridades para abordar los desafíos que enfrentan los sistemas agroalimentarios, pues si no se toman medidas de respuesta inmediatas los efectos podrían ser irreversibles.
Junto a la Presidencia Pro-Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), actualmente ejercida por el gobierno argentino, estamos trabajando para identificar alternativas de recuperación que reconozcan las contribuciones del sector agroalimentario, y hemos expresado nuestra disposición de brindar asistencia técnica para fortalecer y actualizar durante 2023 el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, Plan SAN-CELAC, que fue aprobado por los gobiernos en el 2015.
En un contexto desafiante y con recursos económicos limitados, prepararnos para un proceso de integración regional sobre estos temas demanda recomendaciones y evidencia técnica para la toma de decisiones que contribuyan a hacer más eficientes las inversiones públicas y privadas, y mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas.
Es por eso que, junto a 4 agencias de Naciones Unidas, preparamos el informe del ‘Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2022’, que incluye un profundo estudio sobre las relaciones entre la calidad de la dieta, la seguridad alimentaria y la nutrición.
La región registra el costo más alto de una dieta saludable en todo el mundo, y si no nos hacemos cargo cuanto antes, esto tendrá graves consecuencias en la inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad, y un impacto en el desarrollo social y económico de la región, alejándonos del cumplimiento de la Agenda 2030 y vulnerando el derecho a la alimentación adecuada de millones de habitantes en América Latina y el Caribe.
Durante los últimos años, que han sido particularmente difíciles para la región, los gobiernos y otros actores clave han realizado importantes esfuerzos y han logrado desarrollar experiencias en el proceso de recuperación socioeconómica. La FAO acompaña a sus Estados miembros en la construcción de los mecanismos más adecuados para el diseño y la implementación de políticas que contemplen las realidades locales, los problemas estructurales y las condiciones internacionales, reduciendo la exposición de la región a la inseguridad alimentaria y la malnutrición.