La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) presentó una agenda digital para el desarrollo de Colombia con horizonte en 2030. El documento, titulado ‘Una agenda digital para el desarrollo de Colombia 2030: prioridades para un entorno de inversión, innovación y conectividad sostenible‘, propone modernizar la regulación del sector, mejorar la gestión del espectro y generar condiciones que favorezcan el despliegue de infraestructura en todo el territorio nacional.
La propuesta llega en un momento de renovación de autoridades políticas y coincide con la Agenda Regulatoria 2026-2027 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Asiet plantea que Colombia cuenta con una base institucional madura, reconocida como referente en la región, y que ahora tiene la oportunidad de traducir esa madurez en reglas más simples, predecibles y neutrales frente a la tecnología.
¿En qué punto está la conectividad colombiana hoy?
El documento parte de un diagnóstico con cifras oficiales. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, Colombia alcanzó 49,75 millones de accesos a Internet móvil, con un tráfico que llegó a 1,86 millones de terabytes impulsado por el video, las redes sociales y los servicios conectados. En servicios fijos, el país superó los 10,3 millones de accesos, un crecimiento del 11,88 % frente a 2024 y una penetración equivalente a 50,93 accesos residenciales por cada 100 hogares.
El despliegue de nuevas tecnologías también avanza. Los accesos 5G pasaron de 2,1 millones en junio de 2024 a cerca de 7 millones en septiembre de 2025, aproximadamente el 14% de los accesos a Internet móvil del país. Para Asiet, estas cifras reflejan un mercado con propensión a una competencia balanceada, sobre una infraestructura que el gremio describe como columna vertebral del desarrollo digital.
«El desarrollo económico y social están intrínsecamente ligados a la disponibilidad de unas redes de telecomunicaciones modernas, robustas y resilientes«, subraya el documento.
¿Por qué preocupa el rezago en el despliegue de 5G?
Pese a los avances, el informe advierte una brecha frente a los referentes internacionales. A finales de 2024 las redes 5G cubrían al 15 % de la población colombiana, frente a un promedio del 85% en los países de la OCDE. Con base en cifras de la GSMA, Asiet estima que un retraso en el despliegue adecuado de 5G pondría en riesgo un valor socioeconómico cercano a 4.000 millones de dólares, equivalente al 0,9 % del PIB de Colombia.
El gremio sostiene que la política pública y la regulación deben evolucionar al mismo ritmo que los mercados. Un análisis de NERA, citado en el documento, estima que una desregulación eficiente podría generar incrementos de hasta 2,62 % del PIB, 1,61 % del empleo y 7,23 % de la productividad, además de favorecer el despliegue de fibra y 5G. El reto consiste en evolucionar hacia un marco más simple, flexible y orientado a resultados, que elimine cargas que hayan perdido justificación y genere mejores condiciones para la inversión y el despliegue de infraestructura.
¿Cómo afectan las cargas regulatorias y fiscales a la inversión?
Uno de los ejes centrales del documento es la presión fiscal sobre el sector. Según un estudio citado por Asiet, mientras las contribuciones, impuestos y tasas aplicables al sector representan en promedio 8,07 % de las ventas en América Latina, en Colombia esa proporción alcanza el 12,82 %, una de las más elevadas de la región junto con Perú (13,6 %). Mediciones sectoriales convergentes sitúan la carga fiscal total sobre la conectividad colombiana en 39,8 % del costo del servicio, la cuarta más alta de América Latina.
Esta presión ocurre sobre ingresos en descenso. El ingreso promedio por usuario móvil en Colombia cayó cerca de un 60 % en una década, al pasar de 8,6 dólares en 2014 a 3,4 en 2024, uno de los niveles más bajos de la OCDE. La OCDE, por su parte, recomienda de forma expresa eliminar el 4 % adicional aplicado a los servicios móviles.
El informe pone la lupa sobre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic), financiado con el 1,9% de los ingresos brutos del sector. La revisión de la OCDE aporta un dato concreto: el componente de inversión del Futic registró una ejecución presupuestal cercana al 60 % en 2024, frente al 90 % alcanzado en transferencias corrientes. Cerca de tres cuartas partes de esas transferencias corrientes se canalizan al Tesoro Nacional y a la radiodifusión pública, mientras la CRC recibe menos del 1 % del presupuesto del Fondo. Una simulación sobre 26 países de la región estima que eliminar los tributos específicos generaría para Colombia una ganancia neta de 5,5 dólares per cápita al año en la recaudación fiscal, al superar los efectos indirectos en adopción, productividad y formalización.
¿Qué papel juega el espectro en cerrar la brecha digital?
Asiet dedica un pilar completo a la gestión del espectro radioeléctrico, insumo esencial para modernizar las redes. El costo del espectro pasó de representar el 4,5% de los ingresos recurrentes de los operadores en 2014 al 7,4% en 2023, un incremento del 63%, mientras el precio por gigabyte cobrado al usuario cayó un 97% en América Latina entre 2016 y 2024. En el mismo periodo, los ingresos recurrentes por MHz por conexión descendieron un 64% en la región, de USD 0,29 a USD 0,11.
El impacto de corregir esa desalineación es medible. El análisis citado estima que reducir el costo del espectro en 10 puntos porcentuales se asocia a 6 puntos porcentuales más de cobertura poblacional y a velocidades de descarga 8% superiores. El documento destaca además el Decreto 1017 de 2026, que habilita esquemas de compartición de espectro IMT entre titulares de permisos y terceros autorizados, como una oportunidad para acelerar el despliegue de servicios sin depender exclusivamente de nuevos procesos de asignación.
¿Por qué llegar a las zonas rurales cuesta tanto?
El carácter exponencial de los costos de despliegue está cuantificado para Colombia. Según cifras de la GSMA recogidas en el informe, el costo en valor presente neto por persona cubierta pasa de 32 dólares en el 88 % de cobertura poblacional 4G a dólares 771 en el 95 %, y se eleva hasta 1.888 dólares al intentar alcanzar el 96 %.
Bajo las condiciones actuales de mercado, señala el documento, la expansión de cobertura solo resulta rentable en Bogotá, con valor presente neto negativo en los 32 departamentos restantes. Alcanzar el 95 % de cobertura exigiría USD 4.500 millones para desplegar 8.400 nuevos sitios. A esto se suma un costo estructural: el Departamento Nacional de Planeación (DNP) identificó que el consumo de energía eléctrica es el factor de costo operativo más crítico en la prestación del servicio, y advirtió que el umbral de 2 MW de demanda exigido para negociar en el mercado no regulado resulta inalcanzable para estaciones base consideradas de manera aislada.
¿Cuáles son los siete pilares de la agenda?
El documento organiza sus recomendaciones en siete pilares, cada uno acompañado de un lineamiento de política pública:
- Mejora y simplificación regulatoria: revisar de forma sistemática el marco vigente para identificar obligaciones que hayan perdido justificación, apoyándose en análisis de impacto y evaluación ex post.
- Regulación basada en principios y flexibilidad tecnológica: avanzar hacia un marco neutral que evite asimetrías entre servicios que compiten por las mismas necesidades del usuario.
- Sostenibilidad de las inversiones y despliegue de infraestructura: eliminar barreras administrativas al despliegue y promover condiciones energéticas eficientes para la operación de las redes.
- Tasas y cargas regulatorias: avanzar hacia una reducción progresiva de las cargas sectoriales, incluida la contraprestación destinada al FUTIC.
- Fortalecimiento institucional y diálogo público-privado: profundizar la participación temprana del sector privado, la academia y la sociedad civil en el diseño de políticas.
- Gestión eficiente del espectro: avanzar hacia una política de largo plazo, predecible y orientada a maximizar el valor económico y social del recurso.
- Lucha contra la informalidad en el mercado digital: desarrollar una estrategia integral frente a la piratería, cuyas ganancias en la región podrían alcanzar los USD 995 millones según cet.la.
¿Qué revela la brecha digital sobre la adopción?
El cierre de la brecha, insiste Asiet no depende solo de la cobertura. De acuerdo con el Índice de Brecha Digital del MinTIC, las habilidades digitales y el acceso material explican en conjunto el 65,7 % de la brecha nacional (34,7 % y 31,0 %, respectivamente), mientras que la dimensión de motivación aporta apenas el 3,5 %. En la misma línea, cerca del 35 % de los colombianos vive en zonas con cobertura de red pero no accede a Internet, principalmente por barreras de asequibilidad de dispositivos, falta de habilidades digitales o desconfianza.
Por eso el gremio propone acompañar la modernización regulatoria con alfabetización digital continua, políticas que estimulen la demanda y una adopción responsable de la Inteligencia Artificial. La agenda vincula la conectividad con el acceso efectivo a educación, salud, actividad productiva y servicios públicos en las zonas rurales.
¿Qué está en juego de cara a 2030?
Asiet aclara que su propuesta no busca incorporar más regulación, sino eliminar distorsiones y asegurar que las reglas sean necesarias, proporcionales, tecnológicamente neutrales y predecibles. El gremio subraya que la intervención regulatoria debería responder a la existencia de fallas de mercado o riesgos concretos, antes que imponer obligaciones uniformes por el solo hecho de pertenecer a una determinada categoría.
El documento cierra con un llamado a la coordinación multisectorial: las políticas de conectividad no pueden abordarse exclusivamente desde las autoridades de telecomunicaciones, sino que deben articularse con las políticas económicas, el sector eléctrico y el sistema educativo. Para Asiet, traducir la madurez institucional de Colombia en acciones concretas de modernización es la condición para que la transformación tecnológica se convierta en mayor inversión, conectividad y bienestar para los ciudadanos.
