Un fondo de comunicaciones al servicio de los colombianos

Por: Sergio Martínez Medina
Asesor de entidades públicas y privadas en Transformación Digital, regulación e innovación, Agencia Distrital para la Educación Superior (Atenea) y otras organizaciones.

Redefinir el Futic es la reforma pendiente para cerrar la brecha digital rural

Hay una contradicción que Colombia ya no puede seguir ignorando. Mientras los colombianos financian, a través de las tarifas de sus servicios de comunicaciones, un fondo creado para ampliar el acceso a Internet, miles de hogares rurales continúan esperando una conexión que nunca llega. El problema no es únicamente de cobertura; también es de prioridades. Con el paso de los años, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic) fue asumiendo nuevas responsabilidades hasta diluir el objetivo para el cual fue concebido: cerrar la brecha digital.

Esta reflexión no surge únicamente del análisis de cifras o normas. Durante mi paso por la Alcaldía de Bogotá tuve la oportunidad de recorrer zonas rurales de Usme y Sumapaz, donde una de las preguntas más frecuentes de las comunidades era por qué todavía no podían acceder a un servicio que para millones de colombianos ya hace parte de la vida cotidiana.

Explicar las limitaciones técnicas asociadas a la ausencia de infraestructura nunca resultaba suficiente. La sensación de abandono era evidente, especialmente cuando esas mismas comunidades ya contaban con servicios como energía eléctrica, vías, transporte, acueducto o instituciones educativas. Para ellas, el acceso a Internet no representaba un lujo tecnológico, sino una condición indispensable para estudiar, trabajar, acceder a servicios del Estado y participar plenamente en la economía digital.

Esa experiencia obliga a replantear una pregunta de fondo: ¿está el Futic cumpliendo hoy la función para la cual fue creado?

El diseño original del Fondo respondía a una lógica clara. Los operadores de telecomunicaciones realizaban contribuciones que el Ministerio TIC utilizaba posteriormente para financiar proyectos de conectividad en aquellos territorios donde el mercado no encontraba incentivos suficientes para invertir. En otras palabras, el Estado corregía las fallas del mercado y garantizaba que la ubicación geográfica no determinara el acceso de los ciudadanos al mundo digital.

Con el tiempo esa lógica comenzó a modificarse. Las reformas introducidas por las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019 ampliaron el ámbito de acción del Fondo hasta convertirlo en un mecanismo de financiación para múltiples programas del sector TIC. Además de la conectividad, el Futic empezó a respaldar iniciativas relacionadas con Transformación Digital, formación en competencias, televisión pública, servicio postal universal, adquisición de tabletas y hasta el cubrimiento de gastos de funcionamiento de algunas entidades del sector. Todas estas actividades pueden ser importantes, pero su acumulación terminó desplazando su propósito estratégico: llevar Internet a quienes aún no lo tienen.

Las consecuencias son visibles. Aunque Colombia registra niveles de penetración cercanos al 80 %, amplias zonas rurales y territorios apartados continúan con coberturas muy inferiores al promedio nacional. Allí persiste la brecha que precisamente justificó la creación del Fondo.

Por esa razón, el debate para el próximo cuatrienio no debería concentrarse únicamente en aumentar el presupuesto o lanzar nuevos programas de conectividad. La verdadera discusión consiste en redefinir el papel del Futic para convertirlo nuevamente en el principal instrumento de política pública destinado al cierre de la brecha digital.

Esta transformación exige 3 cambios estructurales.

El primero consiste en recuperar la capacidad de planear proyectos de conectividad con visión de largo plazo. La expansión de redes rurales no puede depender de los ciclos políticos ni interrumpirse cada vez que cambia el Gobierno Nacional. La conectividad debe convertirse en una política de Estado y no en un programa de gobierno.

Otro cambio implica fortalecer la capacidad de estructurar proyectos. Sectores como la infraestructura vial o la energía han demostrado que la calidad de un proyecto depende de una adecuada gestión técnica, financiera y de control de riesgos antes de iniciar su ejecución. La conectividad rural requiere ese mismo nivel de rigurosidad para atraer inversión, garantizar sostenibilidad y ofrecer servicios de calidad a las comunidades.

El tercero es una gobernanza más moderna para el Fondo. Administrar recursos destinados al cierre de la brecha digital exige autonomía técnica, criterios objetivos de priorización y mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto real de cada inversión sobre las poblaciones más rezagadas.

Estos componentes deben apoyarse en herramientas que hoy son perfectamente viables. Un sistema nacional de información soportado en Inteligencia Artificial permitiría identificar con precisión los territorios con mayores necesidades de conectividad, mientras que la construcción de perfiles regionales facilitaría diseñar soluciones ajustadas a las condiciones geográficas y sociales de cada zona. Todo ello bajo un principio esencial: la neutralidad tecnológica, de manera que cada territorio pueda acceder a la alternativa técnica más eficiente, sin imponer soluciones únicas para realidades completamente distintas.

Reformar el Futic no significa desconocer los avances alcanzados por el sector ni restar importancia a otros programas públicos, sino reconocer que el país todavía mantiene una deuda con millones de colombianos que siguen excluidos del ecosistema digital y que el principal instrumento financiero creado para resolver ese problema debe volver a concentrarse en su misión esencial.

El próximo gobierno tendrá múltiples desafíos en materia de Transformación Digital. Pero ninguno será tan determinante como garantizar que el Fondo destinado a cerrar la brecha digital vuelva a cumplir exactamente aquello para lo que fue creado: conectar a los colombianos que aún permanecen desconectados.

«Pero ninguno será tan determinante como garantizar que el Fondo destinado a cerrar la brecha digital vuelva a cumplir exactamente aquello para lo que fue creado: conectar a los colombianos que aún permanecen desconectados».

5 puntos clave

1. El país financia el Futic con las tarifas de los colombianos, pero la brecha digital rural persiste pese a una penetración nacional cercana al 80 %.
2. Con las reformas de 2009 y 2019, el Fondo diversificó sus usos más allá de la conectividad y diluyó su objetivo original de cerrar la brecha digital.
3. El próximo cuatrienio debe redefinir el Futic como el principal instrumento de política pública para conectar a los colombianos que aún no tienen acceso.
4. La reforma exige 3 cambios estructurales: planeación de largo plazo, capacidad de estructuración de proyectos y una gobernanza más autónoma y técnica.
5. Un sistema nacional de información con Inteligencia Artificial y el principio de neutralidad tecnológica permitirían focalizar mejor la inversión en los territorios más rezagados.

Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre financiación de conectividad e inclusión digital, vea «Las 2 conversaciones digitales de Colombia», de Galé Mallol Agudelo y «No restemos: sumemos en lo digital», de Paulo Iván Gómez Trujillo.