La soberanía digital, entendida como la capacidad de un estado para ejercer control sobre su infraestructura, datos, software y el marco normativo del ciberespacio, se ha convertido en un tema de agenda nacional, tanto para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la protección de los derechos de la ciudadanía en la actualidad. La apuesta principal del gobierno actual en este tema es el proyecto BioNube, que busca reducir la dependencia del país de infraestructura extranjera mediante la construcción de 3 centros de datos.
Colombia, en su activa búsqueda por consolidarse en la economía digital global, enfrenta el imperativo de avanzar hacia una mayor autonomía en este ámbito. Sin embargo, esto no es un tema que comenzó en este gobierno, el país ha trabajado desde diferentes orillas para fortalecer su marco normativo asociado.
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Entendiendo la soberanía digital
El concepto de soberanía digital implica la autonomía y autodeterminación sobre los activos digitales. Se traduce en la capacidad de usar y organizar la tecnología de la información (TI) de manera autodeterminada, abarcando tanto la competencia técnica como la autorización para operar independientemente. Sus dimensiones clave incluyen:
- Soberanía de Datos: Implica el control sobre la generación, recolección, almacenamiento, procesamiento y flujo de los datos dentro de las fronteras nacionales. Esto incluye la capacidad de asegurar que los datos estén sujetos a las leyes y normativas locales, protegiendo la información sensible del acceso extranjero no autorizado y garantizando la privacidad de los ciudadanos. La Ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, ha enfatizado que “si Colombia quiere avanzar en un proceso de gobernanza propia del desarrollo del conocimiento y aplicación de la IA, debe ser dueña de las llaves de sus datos” , subrayando la conexión intrínseca entre la soberanía de datos y la capacidad de innovación en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.
- Soberanía de Infraestructura: Se refiere al dominio sobre la infraestructura tecnológica crítica, como centros de datos, redes de comunicación y servicios en la nube. El objetivo es reducir la dependencia de tecnologías importadas y asegurar la resiliencia y seguridad de esta infraestructura vital contra amenazas o interrupciones externas.
- Soberanía de Software: Abarca el fomento del desarrollo, adopción y uso de software, incluyendo el de código abierto, para disminuir la dependencia de proveedores tecnológicos específicos y mantener el control sobre los sistemas. Esto permite adaptar las soluciones tecnológicas a las necesidades propias y fortalecer la autonomía en este ámbito.
- Soberanía de Gobernanza: Se relaciona con el establecimiento de marcos legales, regulatorios y políticos que protejan los activos digitales y promuevan el control local. Esto incluye políticas sobre protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual y la regulación de plataformas digitales, asegurando que la estrategia de gobierno digital se alinee con los objetivos públicos.
Colombia ha comenzado a prestar una atención más decidida a este tema, aunque no parte de cero. Sandra Ortiz, profesora titular en regulación TIC de la universidad externado de Colombia, señala que el país ha tenido una trayectoria en la materia. “Colombia sí ha seguido un poco el tema de la preocupación en temas de datos, y el tema de las estrategias de ciberseguridad, y temas también muy asociados con infraestructura“, afirma Ortiz. Destaca la existencia de una Ley de Protección de Datos (ley 1581) que, si bien “ya tiene 13 años” y “se queda corta” en comparación con normativas más recientes como el reglamento general de datos de la Unión Europea, posicionó a Colombia como un referente regional.
En el ámbito de la ciberseguridad, Ortiz menciona la existencia de documentos Conpes desde 2016 y 2020, y una hoja de ruta en desarrollo con participación de la OEA. En infraestructura, se siguen recomendaciones de la OCDE, especialmente en lo referente a infraestructuras críticas. A esto se suma, según la experta, “las iniciativas que se presentó el año pasado sobre la ley de explotación de datos por parte del sector público“, orientada a la toma de decisiones de política pública y a evitar sesgos. El Conpes de Inteligencia Artificial también es visto como un ejercicio relevante para la soberanía, aunque con “grandes huecos” especialmente en lo referente al criterio transfronterizo y la necesidad de alinearse con marcos globales.
Varios países de América Latina están impulsando iniciativas y mostrando avances en materia de soberanía digital, aunque con distintos enfoques y niveles de desarrollo. Organismos como la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) han fomentado el debate sobre la transformación digital y la necesidad de políticas públicas que fortalezcan la autonomía tecnológica y la gobernanza de datos en la región. Aunque cada país avanza a su propio ritmo, hay un reconocimiento creciente de que los desafíos y oportunidades de la era digital, incluyendo la soberanía, requieren una perspectiva y, en ciertos ámbitos, una acción coordinada a nivel latinoamericano.
Construyendo los cimientos de la soberanía digital: Infraestructura, datos abiertos y software libre
La materialización de la soberanía digital en Colombia se apoya en iniciativas concretas destinadas a construir una infraestructura tecnológica propia, fomentar la transparencia a través de los datos abiertos y promover alternativas autónomas con el software libre. Estos pilares son fundamentales para reducir la dependencia externa y fortalecer las capacidades nacionales.
Las oportunidades, son considerables. La modernización de la infraestructura estatal, el impulso a la innovación y la mejora de los servicios al ciudadano son beneficios directos. Colombia, que ocupó el quinto puesto en el índice latinoamericano de Inteligencia Artificial en 2024, tiene el potencial de seguir escalando posiciones.
BioNube: La principal apuesta de soberanía digital
Este ambicioso proyecto busca garantizar la soberanía y seguridad de los datos del Estado colombiano mediante la creación de una infraestructura de nube propia. Iniciativas como BioNube, la propuesta de nube soberana para el estado colombiano, y la creación de nuevos centros de datos, son vistas con buenos ojos desde el sector tecnológico. Maximiliano Rico, líder de sector público de Oracle para Colombia y Ecuador, considera que “las iniciativas de data centers o de soberanía digital en Colombia son una excelente oportunidad no solo para modernizar la infraestructura de múltiples entidades en el sector público, sino también para abordar proyectos de innovación como AI/machine learning, Generative AI y Automatización con AgenticAI”. Rico menciona que Oracle abrió hace un año la primera nube pública en Colombia “que tiene esas características de gobernanza de datos, garantizando que los datos y su procesamiento se realicen en territorio nacional, bajo la regulación colombiana“.
No obstante, la búsqueda de soberanía digital enfrenta retos significativos. Para Sandra Ortiz, uno de los principales es la actualización normativa y la regulación de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial. Sobre la legislación de IA, advierte que “regular un tema de tanta envergadura con 37 iniciativas legislativas donde no hubo una clarificación de los riesgos, creo que sea toda la regulación“. Añade que la tecnología evoluciona rápidamente, dejando a la regulación con un “efecto rezagado”, y subraya la necesidad de escuchar a todos los agentes involucrados.
BioNube cuenta con una inversión superior a los 80 millones de dólares, capacidad energética proyectada de hasta 30 MW, y con la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos para su desarrollo e inversión. Adicionalmente, se ha mencionado la participación de Microsoft en la evaluación de terrenos.
Interoperabilidad Estatal: El Papel de X-Road:
Para que el Estado funcione de manera eficiente y ofrezca servicios ágiles a los ciudadanos, es crucial que sus diferentes entidades puedan intercambiar información de forma segura y estandarizada. X-Road es la plataforma adoptada por Colombia para gestionar este intercambio de información de manera controlada, sirviendo como base para los Servicios Ciudadanos Digitales.
Basada en software de código abierto (originalmente desarrollado por Estonia y Finlandia), esta solución garantiza la confidencialidad, integridad e interoperabilidad entre las entidades conectadas. Software Colombia ha adaptado la versión oficial para el contexto nacional. A pesar de sus ventajas, la integración de los diversos y a menudo heterogéneos sistemas de información del sector público a X-Road es un desafío técnico y organizacional continuo que requiere un esfuerzo sostenido.
Desafíos en el ecosistema digital colombiano
A estas iniciativas se suman otras como la plataforma de Datos.gov.co, que busca promover la apertura, actualización, mejora y reutilización de los datos del gobierno para generar valor social y económico. Sin embargo, desde una análisis más amplio Maximiliano Rico identifica otros desafíos, como la necesidad de que los proyectos “contemplen garantías de seguridad, de continuidad, de innovación permanente y que estén alineados a los cánones de sostenibilidad“. Un reto crucial, según Rico, es el talento: “Sin talento no tenemos cómo impulsar estos proyectos: es como tener un Ferrari con un piloto que no sabe manejar”. Además, enfatiza la importancia de “incorporar en estos proyectos la adopción de tecnologías de inteligencia artificial en las entidades de sector público”.
Respecto a la infraestructura, Rico plantea una pregunta fundamental: “¿es prioritario ser dueños de la infraestructura o garantizar el acceso a ella dentro del país?”. Argumenta que “la rápida obsolescencia tecnológica del hardware, que actualmente se sitúa en ciclos de tres años o menos, exige una planificación de inversiones constante y ágil”, sugiriendo la opción de delegar la gestión de la innovación y actualización a especialistas. Desde su perspectiva, la búsqueda de soberanía se orienta más a “tener un mayor control de los datos, y su gestión en territorio nacional, para lo cual los proveedores de tecnología siguen siendo un aliado importante“.
El rol de los diversos actores es crucial. El gobierno, a través de entidades como el MinTIC y el DNP, es el principal impulsor de las políticas TIC. La superintendencia de industria y comercio vigila la protección de datos. Asociaciones industriales, la academia –con universidades como el Externado y la Javeriana siendo espacios de debate– y organizaciones de la sociedad civil como Fundación Karisma, desempeñan roles importantes en la configuración de este ecosistema. Sandra Ortiz resalta la importancia de las recomendaciones de organismos internacionales como la OEA y la OCDE, y la necesidad de una “gobernanza abierta“, donde “la connotación no es estado ciudadano en este ámbito, como tradicionalmente nos hemos movido a estados ciudadanos, sino que hay estado con diferentes agentes que uno tiene que mirar cómo juegan“.
Sobre la financiación de proyectos como Bionube, que involucra capital de países como Emiratos Árabes, Ortiz comenta que aunque las discusiones suelen centrarse en EE.UU., China y Europa, hay otros actores relevantes, aquí “lo que sí se tiene que mirar por parte de Colombia es cómo se cumplen esos marcos éticos y la responsabilidad que se le da al que nos está financiando o el desarrollador de este tipo de tecnologías“. La finalidad última, subraya, debe ser “garantizar los derechos de las ciudadanos y de las empresas”.
Colombia ha avanzado en soberanía digital, especialmente en protección de datos y ciberseguridad, pero enfrenta desafíos significativos en la actualización de sus marcos normativos, la regulación efectiva de tecnologías emergentes como la IA, y la definición de un modelo de gobernanza que equilibre innovación con protección de derechos, involucrando a múltiples actores y considerando una perspectiva regional. .
La colaboración entre el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil será fundamental para capitalizar las oportunidades y asegurar que la soberanía digital se traduzca en un beneficio tangible para el país y sus ciudadanos. Como reflexiona Sandra Ortiz, esta es “una reflexión de la soberanía, no solamente en Colombia, sino la soberanía a nivel de región”, indicando la importancia de una perspectiva más amplia en las discusiones globales.
