En apenas 10 días de gestión, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), bajo la dirección de Alexandra Falla Zerrate, tomó una serie de decisiones que reconfiguran las prioridades del sector: canceló una licitación de fibra óptica por 1,14 billones de pesos, ordenó la transformación del Sistema de Medios Públicos y aceptó la renuncia de su secretaria general a tres días de haberla posesionado.
Alexandra Falla Zerrate asumió como ministra de las TIC, designada por el presidente Abelardo de la Espriella. Su llegada coincidió con una emergencia nacional: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto y que, según los reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dejó cientos de personas fallecidas y miles de damnificadas.
En ese escenario, la agenda del despacho quedó marcada por dos frentes simultáneos: restituir la conectividad en las regiones afectadas por el sismo y revisar los procesos contractuales y los nombramientos heredados. El Ministerio definió como ejes de su gestión la conectividad, la inteligencia artificial, la innovación y el fortalecimiento de los medios públicos.
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¿Quiénes conforman el nuevo equipo directivo?
A mediados de agosto de 2026, la ministra Falla posesionó a tres personas para cargos clave del Ministerio, con perfiles provenientes de las telecomunicaciones, la regulación, la infraestructura digital y la gestión pública:
- Camilo Carrascal Vergel, viceministro de Conectividad. Ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en conectividad, regulación, infraestructura, inclusión digital, televisión digital y seguridad de la información.
- Germán Enrique Bacca Medina, viceministro de Transformación Digital. Abogado especializado en Derecho Financiero y Bursátil, con experiencia en la Superintendencia de Industria y Comercio y en la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Por último, posesionó a Magda Yolima Amaya Arévalo, secretaria general. Sin embargo, la permanencia de Amaya en el cargo fue breve. El 15 de agosto presentó su renuncia, que fue aceptada con efectos inmediatos, apenas tres días después de posesionarse. La salida se produjo luego de que el presidente De la Espriella le pidiera públicamente a la ministra, a través de la red social X, revisar los nombramientos en curso y verificar los antecedentes del personal.
La ministra respondió que atendería la instrucción de inmediato. El cuestionamiento se centró en el paso de Amaya Arévalo por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad vinculada al gobierno anterior, de Gustavo Petro. Se trató de la primera renuncia de peso dentro del gabinete del actual Gobierno.
¿Qué implica la transformación del Sistema de Medios Públicos?
El 16 de agosto, tras una reunión extraordinaria realizada el día anterior, la ministra Falla y la gerente de Inravisión (antes RTVC), Ángela Mora, anunciaron un plan de acción para reorganizar el Sistema de Medios Públicos. La medida forma parte de un proceso que, según la administración, comenzó el 7 de agosto de 2026. Estas fueron las principales decisiones:
- Finalización de la franja noticiosa y de opinión en radio y televisión. Según la entidad, esa operación informativa (de 6 a. m. a 10 p. m.) concentraba cerca del 90 % de los recursos y del personal destinados a actividades periodísticas.
- Revisión de los contenidos y formatos al aire, con el propósito de que respondan a criterios de independencia, pluralidad y rigor informativo. La nueva programación tendrá como pilares la cultura, el arte y la educación.
- Revisión de contratos y convenios interadministrativos. La administración informó que durante la actual vigencia se han suscrito más de 1.051 contratos, por un valor que supera los 100.000 millones de pesos, y que entre el 6 y el 7 de agosto se firmaron 87 contratos por cerca de 4.000 millones de pesos.
- Solicitud de acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para examinar el estado contractual y presupuestal de la entidad.
La entidad señaló que corresponderá a los organismos de control determinar si existen responsabilidades administrativas, fiscales o de otra índole. Inravisión mantiene, en paralelo, una programación especial para acompañar e informar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
¿Por qué se canceló el cable de fibra óptica para la Amazonia?
El 18 de agosto, el Ministerio anunció la cancelación de la licitación FTIC-LP-001-2026, correspondiente al proyecto del cable de fibra óptica de Putumayo, incluida su interventoría, un proceso cuyo valor estimado ascendía a 1,14 billones de pesos. Una licitación es el procedimiento mediante el cual el Estado selecciona públicamente a quién le adjudica un contrato de gran cuantía.
De acuerdo con la administración, el proyecto había sido diseñado inicialmente por 683.000 millones de pesos, según el documento Conpes 4167 de 2025, los Conpes son las decisiones de política y gasto que aprueba el Consejo Nacional de Política Económica y Social. En 2026, ese valor se incrementó en un 67,1 % mediante el Conpes 4195 de 2026, y la autorización de vigencias futuras, el permiso para comprometer presupuesto de años posteriores, se expidió el 4 de agosto de 2026.
Según el Ministerio, el proceso presentaba incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podían derivar en riesgos técnicos, ambientales y de cobertura. La cartera sostuvo que la decisión buscó proteger los recursos públicos, aunque la cancelación deja en pausa una obra concebida para llevar internet a una de las regiones con mayores brechas de conectividad del país.
¿Qué está en juego para la conectividad y la transparencia del sector?
Las decisiones de estos primeros diez días dibujan una gestión centrada en la revisión de lo heredado: contratos, nombramientos y grandes proyectos de infraestructura quedaron bajo escrutinio. El giro plantea, al mismo tiempo, interrogantes que solo el tiempo y los organismos de control podrán despejar: qué ocurrirá con la conectividad prometida a la Amazonia, cómo se garantizará la independencia editorial de los medios públicos y bajo qué criterios se reconstruirá el equipo directivo.
Para la ciudadanía, el punto de fondo es si esta reorganización se traduce en un uso más transparente de los recursos y en un cierre efectivo de las brechas digitales, o si los procesos suspendidos abren nuevos vacíos en el acceso a la información y a la conectividad en los territorios.
