“La conectividad es fruto de una sola palabra mágica que se llama inversión. Es decir, tú tomas un recurso natural, como es el espectro radioeléctrico, le pones el músculo financiero, o sea la inversión, y con eso logras conectividad”, afirma Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA (Global System for Mobile Communications Association), la asociación mundial que representa a la industria de las comunicaciones móviles.
Directamente relacionada con el PIB, la Transformación Digital y el desarrollo de cada país, la GSMA viene publicando, desde 2018, documentos de políticas públicas digitales en contextos de elecciones presidenciales en América Latina, con el objetivo de aportar al debate y la reflexión sobre la digitalización en momentos clave para la región.
En el caso colombiano, se trata de la segunda edición, que da origen a un documento titulado ‘Colombia 2030: Políticas para la (r)evolución digital’. Este reporte presenta recomendaciones tecnológicas en dos grandes áreas de acción: la expansión de la infraestructura de conectividad y la inclusión digital como política de Estado.
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Entre el fair share y la inversión
La evolución de las telecomunicaciones en América Latina enfrenta un debate sobre la financiación de las redes de nueva generación y la reducción de las brechas de acceso. En este escenario, Gallitto plantea líneas estratégicas que la organización considera prioritarias para la agenda pública colombiana hacia el año 2030.
El núcleo del análisis de la GSMA se centra en el modelo de inversión actual, calificado por la industria como asimétrico. Según los datos expuestos por Gallitto, tres plataformas tecnológicas globales generan más del 60 % del tráfico total que circula por las redes móviles de la región. Sin embargo, estas corporaciones no participan de manera directa en el financiamiento de la infraestructura que soporta dicho volumen de datos, lo que genera una presión financiera creciente sobre los operadores locales. Esta tendencia es conocida como Fair Share o contribución justa.
“La inversión es la fuente de la conectividad y, al final del día, es una función de la capacidad del negocio para generar dinero. Si el negocio no es rentable, no puedes seguir invirtiendo”, explica Gallitto.
Según el vocero, el desarrollo futuro de la infraestructura tecnológica requiere una revisión de las condiciones de mercado. La asociación advierte que la disponibilidad actual de conectividad no garantiza de forma automática la viabilidad de las inversiones futuras, por lo que es necesario establecer un marco de certidumbre jurídica y previsibilidad regulatoria que incentive el despliegue de capital privado a largo plazo.
Espectro y cargas fiscales
Las recomendaciones de la GSMA sugieren un cambio de paradigma en la valoración del espectro. La organización propone que este recurso deje de ser gestionado bajo una perspectiva principalmente recaudatoria para el presupuesto nacional y pase a ser considerado un instrumento de inclusión y competitividad.
“Nuestro segundo eje es la inclusión digital como política de Estado. Esto implica reducir impuestos específicos que encarecen la conectividad, promoviendo dispositivos más asequibles, y modernizar la regulación. Existen tributos anacrónicos en Colombia, como por ejemplo el impuesto al telégrafo”.
Adicionalmente, la simplificación normativa e institucional se presenta como un requisito indispensable para agilizar el despliegue de antenas y fibra óptica. La coexistencia de regulaciones diversas a nivel municipal suele retrasar los cronogramas de obras técnicas, por lo que se plantea la necesidad de unificar los criterios de ordenamiento territorial y eliminar los obstáculos burocráticos que frenan la conectividad en las regiones apartadas.
Innovación regional y gobernanza de la IA
Uno de los puntos más destacados del informe de la GSMA presenta lo que parece una contradicción: aunque la cobertura de internet móvil en Colombia alcanza al 96 % de la población, el 35 % de los colombianos sigue sin estar en línea a pesar de vivir en zonas con cobertura. Las razones no están relacionadas con la disponibilidad del servicio, sino con barreras como la asequibilidad y la falta de habilidades digitales.
Por ello,la capacitación ciudadana y el desarrollo de habilidades técnicas representan el componente social de la estrategia propuesta para el periodo constitucional venidero. La GSMA sostiene que la inversión en infraestructura debe ser complementada con programas estatales de alfabetización digital y con el fomento a la creación de contenidos locales relevantes, factores que estimulan la demanda de conectividad y justifican el despliegue de nuevas tecnologías.
En el plano de la modernización productiva, la incorporación de la Inteligencia Artificial en la gestión de las redes de telecomunicaciones ya muestra aplicaciones operativas en la optimización del consumo energético y la prevención de fallas técnicas. No obstante, las recomendaciones sugieren el diseño de marcos normativos flexibles que promuevan la innovación local, evitando regulaciones restrictivas que inhiban el desarrollo tecnológico antes de su consolidación.
La articulación entre la certidumbre jurídica, la moderación fiscal en el uso del espectro y la corresponsabilidad de los actores del mercado digital configuran las bases de la hoja de ruta sugerida para evitar el rezago tecnológico. Las decisiones que se adopten en el próximo periodo de gobierno determinarán la posición competitiva del país en el entorno digital de la región para la próxima década.
