Solo 6 de cada 10 hogares en América Latina y el Caribe tienen acceso a Internet, y menos de la mitad dispone de un computador. Así lo revela una investigación de la Universidad de La Sabana que radiografía la desigualdad digital en 33 países de la región y llama a los Estados a actuar con políticas públicas diferenciadas.
El estudio ‘Disparidades de banda ancha y respuestas de política pública en América Latina y el Caribe’, elaborado por Ulf Thoene y Roberto García Alonso, investigadores de la Universidad de La Sabana, analiza los factores estructurales que perpetúan la brecha digital en la región. La investigación fue publicada en la revista científica indexada Telecommunications Policy, es uno de los análisis comparativos más amplios disponibles sobre el tema en el contexto latinoamericano.
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¿Qué tan profunda es la brecha?
De acuerdo con el estudio, en América Latina y el Caribe, apenas el 58 % de los hogares cuenta con acceso a Internet, y solo el 43 % tiene un computador. Estas cifras contrastan con la tasa global de penetración de Internet del 53,6 % reportada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en 2023, que en los países menos adelantados se desplomaba al 19,1%.
Colombia aparece en el estudio como uno de los países con mejor velocidad de Internet en la región, al lado de Chile, Uruguay, Panamá y Brasil. Sin embargo, los investigadores advierten que la velocidad no es suficiente si el acceso sigue siendo un privilegio determinado por el poder adquisitivo. “Las empresas de telecomunicaciones suelen llevar su cobertura a los lugares donde saben que la población tiene poder adquisitivo”, señaló el profesor Ulf Thoene.
¿Qué factores perpetúan la desigualdad digital?
La investigación identifica tres grandes obstáculos. El primero es la disparidad socioeconómica: quienes viven en condiciones de pobreza no pueden costear equipos ni planes de datos, lo que profundiza su exclusión frente a quienes sí acceden.
El segundo es la geografía: los países con mayor extensión territorial enfrentan barreras logísticas y de rentabilidad para desplegar infraestructura en zonas alejadas. En contraste, naciones de menor tamaño como Barbados, Santa Lucía o Trinidad y Tobago alcanzan tasas de penetración más altas precisamente porque la instalación de redes resulta más viable.
El tercer factor es la brecha de habilidades: algunas comunidades carecen de las competencias digitales para aprovechar la tecnología, aun cuando tienen acceso físico a ella, lo que impide que la conectividad se traduzca en oportunidades reales de empleo, educación o participación social.
¿Qué propone la investigación a los gobiernos?
El estudio no solo diagnostica, también formula recomendaciones concretas de política pública. Su premisa central es que las soluciones deben adaptarse al territorio. “Si para unos el paquete resulta extremadamente económico, será insostenible en el tiempo. Si para otros es excesivamente costoso, no podrán acceder a los servicios“, explicó el profesor Roberto García Alonso.
La investigación demostró, con un nivel de confianza del 90 %, que las ofertas diferenciadas por región tienen un impacto significativo en el uso de Internet. A esta medida, los autores agregan la necesidad de facilitar el acceso a equipos, impulsar programas masivos de alfabetización digital y construir alianzas público-privadas que hagan sostenible la expansión de la cobertura.
El estudio también resalta el impacto económico de la conectividad para las pequeñas y medianas empresas: cuando logran acceso a Internet, mejoran su productividad, innovan y abren mercados. Esto posiciona la conectividad no solo como un derecho, sino como un motor de desarrollo económico.
El trabajo de la Universidad de La Sabana reitera que sin políticas que garanticen acceso equitativo, la digitalización puede ampliar —en lugar de cerrar— las brechas históricas de desigualdad en la región.
