En el marco del reciente Encuentro Nacional de Facultades de Educación, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), la conversación sobre el futuro del aprendizaje en Colombia también se enfocó desde una mirada técnica y estratégica, a partir de los hallazgos publicados en el libro ‘Decisiones que cambian la educación‘.
Para profundizar sobre cómo la tecnología y la gestión de la evidencia pueden incidir en una trayectoria escolar en riesgo Paola Caro, líder de Datos y Uso de Evidencia en la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), explicó algunas de las barreras estructurales que impiden al país dar un salto cualitativo: la fragmentación de la información y la pérdida de trazabilidad en la infraestructura digital.
Para la organización ExE, la educación es el motor que permite que las demás agendas de desarrollo, como la competitividad y la inclusión financiera, tengan tracción. Sin embargo, el sistema enfrenta un obstáculo crítico: la información no siempre se traduce en decisiones efectivas. “No transformación de los datos en decisiones que impulsen trayectorias completas, continuas y de calidad”, señaló Caro, destacando que el problema radica en la falta de una cultura de uso de la evidencia y en la debilidad de las plataformas actuales.
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¿Cómo afecta la falta de datos actualizados a la educación nacional?
Caro se refirió a la suspensión de la Encuesta de Educación Formal (EDUC) en 2023. Este instrumento era la principal fuente para caracterizar la infraestructura en las sedes educativas, evaluando tres variables mínimas: dispositivos electrónicos, conectividad a internet y suministro de electricidad.
La suspensión de esta medición para reformular el instrumento ha generado un vacío técnico. “Perdimos la serie histórica que traíamos desde 2013; para 2024 y 2025 no tenemos medición de cómo ha cambiado el porcentaje de sedes con disponibilidad de equipos de cómputo”, afirmó la experta. Esta “ceguera de datos” dificulta la planeación de políticas públicas basadas en la realidad de los territorios, especialmente en zonas rurales donde la brecha de acceso sigue siendo una deuda pendiente.
¿Cuál es la propuesta para una infraestructura de información sólida?
Para mitigar esta fragmentación, la propuesta de ExE se centra en el desarrollo de una Plataforma Nacional de Información Educativa articulada. Este proyecto requiere una inversión estimada de 6.310 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 0,09 % del Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a inversión en educación.
El objetivo no es solo crear un repositorio de datos, sino adoptar un Marco Nacional de Interoperabilidad. Según los documentos técnicos presentados, esto debe realizarse en coherencia con la Ley 2052 de 2020 y el Decreto 620 de 2020. La meta es garantizar la protección de la información personal, asegurar la trazabilidad del uso de los datos y fomentar una ética digital en todas las instituciones. “Mejorar la calidad educativa no depende de una sola reforma. Requiere gobernanza ordenada, talento humano cualificado; evaluación como brújula del mejoramiento e información como un activo estratégico”, puntualizó Caro.
Frente a la infraestructura física, recomendó el uso de los datos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para monitorear la ejecución del presupuesto nacional. Según Caro, este fondo reporta indicadores clave que permiten diferenciar el impacto real en los territorios:
- Aulas nuevas vs. mejoradas: La distinción técnica entre construir desde cero o intervenir infraestructuras existentes entre 2022 y 2024.
- Dotación escolar: No solo se trata de paredes; el FFIE reporta la entrega de mobiliario (sillas y pupitres) y la dotación de laboratorios y bibliotecas, elementos esenciales para el aprendizaje técnico y científico.
- Detalle territorial: Aunque los datos nacionales son visibles, señaló que existe un reto en la disponibilidad de datos detallados a nivel territorial en las plataformas abiertas.
La infraestructura no debe entenderse solo como ladrillos, sino como un ecosistema que incluye servicios básicos (luz e Internet), dotación pedagógica y, fundamentalmente, una infraestructura de datos que permita saber dónde se necesita cada peso invertido.
¿Cuál es el rol de la inversión privada en la innovación educativa?
La gestión de la innovación educativa también se nutre del sector privado. El informe ‘Empresas, Sociedad Civil e Inversión Social en Educación‘, elaborado por ExE en alianza con la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) y la Fundación ANDI, revela un esfuerzo por centralizar la visibilidad de las acciones mediante el Sistema de Información de Iniciativas y Programas en Educación (SIIPE).
Este sistema permite mapear y medir los resultados de la inversión social, buscando que los recursos de las cajas de compensación y empresas no se dispersen en intervenciones aisladas. La apuesta es que el liderazgo educativo, tanto en las rectorías como en los niveles intermedios de las secretarías de educación, utilice estos sistemas de información para orientar programas de aprendizaje que realmente impacten indicadores clave como la deserción y la repetición.
El camino hacia una educación de calidad en Colombia requiere una transición de la intuición a la evidencia. La implementación de una ruta integral que combine acciones legales, técnicas y culturales será determinante para que los datos dejen de ser cifras en un informe y se conviertan en la herramienta que garantice el derecho fundamental a aprender en la era digital.
