En enero de 2026 la Presidencia de la República presentó la ‘Guía Ética para la Implementación, Desarrollo y Uso de Sistemas de Inteligencia Artificial en Entidades Públicas de Colombia‘, un documento que busca ordenar el despliegue de la IA en el Estado con criterios de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, en línea con las recomendaciones de la Unesco y otros organismos internacionales.
En paralelo, el mercado jurídico colombiano se prepara para esta nueva fase regulatoria con la entrada de plataformas de IA legal como Magnar, que apunta a dinamizar el trabajo jurídico en uno de los ecosistemas legales más grandes de la región.
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¿Qué establece la nueva Guía Ética para la IA pública en Colombia?
La guía estructura un marco de principios para que cualquier sistema de IA usado por entidades públicas tenga como eje la centralidad humana, el bien público, la equidad y la no discriminación. Entre los principios definidos están la transparencia y explicabilidad, la privacidad y gobernanza de datos, la robustez y seguridad técnica, así como la sostenibilidad ambiental y el bienestar social.
El documento insiste en que las decisiones de alto impacto —en especial aquellas que afectan derechos fundamentales— no deben quedar exclusivamente en manos de sistemas automatizados, sino que requieren supervisión humana y responsabilidad claramente asignada. Esto incluye la adopción obligatoria de evaluaciones de impacto algorítmico y auditorías periódicas para sistemas de alto riesgo, así como mecanismos de apelación accesibles para la ciudadanía.
¿Cómo se alinean estas reglas con los estándares de la Unesco?
La guía se apoya explícitamente en marcos internacionales como los principios de la OCDE, la Recomendación sobre la ética de la IA de la Unesco y los lineamientos del Alan Turing Institute. En el ámbito judicial, estas referencias dialogan con el marco global que la Unesco presentó para el uso de IA en cortes y tribunales, que establece 15 principios éticos para evitar sesgos, garantizar la supervisión humana y asegurar que la tecnología complemente, y no sustituya, el razonamiento jurídico especializado.
Las directrices de la Unesco para justicia algorítmica recomiendan limitar la IA a funciones de apoyo, prohibir su uso para evaluar veracidad, exigir transparencia, auditabilidad y una decisión final humana, así como formación especializada para los sistemas judiciales. La guía colombiana traduce ese enfoque al contexto nacional al exigir transparencia algorítmica, gobernanza de datos robusta y salvaguardas frente a usos invasivos como la vigilancia masiva o la puntuación social.
¿Cómo se integra la IA especializada en la práctica legal local?
El documento oficial reconoce que Colombia ya se mueve en un escenario de adopción acelerada de IA, pero con brechas en capacidades técnicas, infraestructura de cómputo, gobernanza interinstitucional y equidad en el acceso. El diagnóstico RAM de la Unesco y el PNUD ubica al país en un nivel “diferenciador” (3,4/5) en preparación para una IA ética, pero advierte la necesidad urgente de revisar la Ley 1581 de 2012 de datos personales, actualizar políticas de datos abiertos y crear lineamientos sectoriales para clasificación y supervisión de riesgos en IA.
En el sector justicia, las directrices globales llegan en un momento en que Colombia discute la transparencia de los sistemas automatizados, tras fallos como la Sentencia T-067 de 2025, que reconoce el derecho a acceder a información sobre algoritmos utilizados por el Estado y refuerza la exigencia de explicabilidad y auditabilidad. Este entorno normativo presiona a despachos, firmas y áreas legales corporativas a revisar cómo integran herramientas de IA sin delegar su responsabilidad profesional ni comprometer derechos de las partes.
Magnar: ¿Cómo funciona la IA entrenada para el derecho en Colombia?
En este panorama aterriza Magnar en Colombia. Es una plataforma de Inteligencia Artificial legal especializada en búsqueda, análisis y síntesis jurídica, entrenada sobre fuentes normativas y jurisprudenciales locales. La solución ya suma más de 20.000 personas usuarias en la región, entre ellas más de 1.000 en Colombia, y proyecta alcanzar 50.000 profesionales legales en el país para 2026.
“En Colombia y en la región existe una tendencia clara: el interés por incorporar IA para mejorar eficiencia y calidad es alto, pero persisten brechas de adopción a escala, gobernanza y confianza. Magnar busca cerrar estas brechas ofreciendo una solución con trazabilidad jurídica, altos estándares de privacidad e integración con herramientas clave como Microsoft Word y gestores documentales, permitiendo que la IA se incorpore al flujo real del día a día de los equipos legales” asegura Andrés Arellano, CEO de Magnar.
Magnar tiene como misión acelerar la práctica jurídica en Latinoamérica mediante una IA especializada, trazable y segura, entrenada sobre fuentes normativas y jurisprudenciales locales. A diferencia de las soluciones generalistas, la plataforma está diseñada para casos de uso reales del trabajo legal y entrega respuestas con referencias verificables que respaldan el análisis profesional.
Según Arellano, en la región “el interés por incorporar IA para mejorar eficiencia y calidad es alto, pero persisten brechas de adopción a escala, gobernanza y confianza”, por lo que la propuesta de valor se centra en trazabilidad jurídica, altos estándares de privacidad e integración con herramientas de uso cotidiano en la práctica legal. La empresa ha levantado rondas de financiamiento preseed y seed por un total de 800.000 dólares, recursos que destina a I+D, profundización de fuentes normativas locales y expansión regional.
¿Cuál es el futuro de la justicia algorítmica en el país?
La combinación de la guía ética nacional, el estándar global de la Unesco para justicia y casos de uso de IA legal especializada anticipa un escenario en el que la regulación y el mercado avanzan en paralelo. Por un lado, el Estado colombiano se compromete a exigir evaluaciones de impacto, auditorías sociotécnicas, registros públicos de sistemas de IA y mecanismos de transparencia algorítmica para entidades públicas, incluida la Rama Judicial.
Por otro, plataformas como Magnar se incorporan en uno de los mercados jurídicos más densos de América Latina —con más de 400.000 profesionales del derecho y un volumen de servicios jurídicos de 4,1 billones de pesos en 2023—, obligadas a cumplir con estándares de privacidad, seguridad de la información y supervisión humana que ya no son solo buenas prácticas tecnológicas, sino condiciones mínimas de legitimidad institucional.
En la medida en que estas dos dinámicas se mantengan alineadas, la IA en la justicia colombiana podrá evolucionar como una herramienta para mejorar acceso, consistencia y eficiencia, sin erosionar el debido proceso ni la confianza en el sistema judicial
