WOM Colombia logró la semana pasada el tan anticipado acuerdo de reorganización empresarial que le permite mantenerse a flote. Con ello, también se destraba una pieza fundamental del engranaje de la industria de telecomunicaciones en el país, que avanza hacia su reconfiguración con la futura fusión de Tigo y Movistar.
La Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reorganización empresarial por 3,22 billones de pesos, con la aprobación del 86 % de los acreedores, en el marco de la Ley 1116 de 2006. Con ello, la compañía contará con hasta 18 años para saldar sus compromisos más críticos, primordialmente con el Ministerio de las TIC por 1,5 billones de pesos. El resto de las obligaciones deberá pagarse en un plazo de 10 años.
Según un comunicado de WOM, se dará prioridad al pago en 2026 a por lo menos 2.000 pequeñas empresas acreedoras, cuyas deudas son inferiores a 100 millones de pesos.
Esto deja por fuera del pago inmediato a las nueve pymes que el año pasado denunciaron una deuda acumulada de $9.000 millones. Estas empresas deberán conformarse con la promesa de recibir la totalidad de su dinero —con suerte— en una década. Desconozco los detalles del acuerdo alcanzado ante la Supersociedades, pero supongo que estas hacen parte del 14 % que no estuvo de acuerdo con lo pactado.
Definitivamente la mayor de las ‘gabelas’ proviene del Estado colombiano, su principal acreedor, que además ha sido corresponsable indirecto del desastre generado en el sector por Partners Telecom, debido a una permisividad desconcertante frente al incumplimiento sistemático de sus compromisos desde que llegó al país.
Desde la subasta de espectro de 2019 —en la que sus ejecutivos pujaron más dinero por un bloque de 4G para arrepentirse después sin recibir sanción alguna—, la actitud de WOM no cambió: incumplió con las coberturas y pagos exigidos en ese proceso, así como con los pagos y despliegues correspondientes a la asignación de espectro para 5G de 2023.
Recordemos que Thor Björgólfsson, el islandés dueño de Novator Partners —anterior propietario de WOM Colombia—, llegó al país con el antecedente de haber contribuido al colapso del sistema bancario de Islandia en 2007, una crisis que obligó al Estado a asumir las deudas para evitar un desastre mayor. ¿Coincidencia?
Ahora, WOM tiene hasta 2043 para pagar por el espectro radioeléctrico con tal de que continúe su operación.
Julián Molina, ministro de las TIC, lo explicó hace un mes en W Radio: “En el caso de WOM, tenemos un preacuerdo mediante el cual hemos otorgado 1,5 billones de pesos para refinanciar sus deudas. Esto representa para el Ministerio una ausencia significativa de ingresos, pero consideramos que es una medida necesaria para que el mercado continúe prestando el servicio y subsidiándolo de manera natural, en beneficio de los consumidores”.
¿Por qué es tan importante que esta empresa siga operando? Hay varias razones. Entre ellas, que se garantice el pago de las deudas con sus 5.000 acreedores, se protejan 1.500 empleos directos y alrededor de 4.000 empleos indirectos, y se mantenga la prestación del servicio a más de 6 millones de usuarios. Pero lo más relevante es que su permanencia facilitará la toma de decisiones de las autoridades nacionales respecto a la venta a Millicom de UNE EPM Telecomunicaciones y de las participaciones del Estado y Telefónica en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), ya que evitaría la consolidación de un duopolio entre Tigo y Claro.
Para quienes cubrimos este sector desde hace años, resulta sorprendente que mientras el Estado se mostró inflexible con Claro y Movistar en 2017 cuando les obligó a pagar 4,7 billones de pesos como compensación derivada de la cláusula de reversión de activos establecida en 1994, el año en que los celulares llegaron al país, con WOM ha actuado como un cachorro asustado.
Pero esta última e inevitable decisión responde, seguramente, a lo que se negoció entre el exministro Mauricio Lizcano y el fondo de inversión Sur Holdings –que no tiene nada que ver con los problemas pasados–, para que este asumiera tanto el control como la deuda de la compañía.
Resta ahora, entre las responsabilidades del Gobierno, como lo subrayó la nueva administración de la telco en su comunicado, que ante una eventual fusión entre Movistar y Tigo, la Superintendencia de Industria y Comercio adopte “medidas contundentes y oportunas para proteger la competitividad, evitar un duopolio de facto y garantizar, a largo plazo, un mercado móvil sólido y con tres operadores”.
A pesar de todos los beneficios regulatorios y fiscales que WOM ha recibido, es fundamental que estas decisiones se mantengan para avanzar hacia la consolidación del mercado. Porque sin una reconfiguración del sector que permita la viabilidad financiera de los operadores, Colombia seguirá atrapada en un modelo de baja rentabilidad que llevaría a un desenlace peor.
El verdadero objetivo final no es rescatar a una empresa puntual, sino permitir que el ecosistema recupere su capacidad de inversión y sostenibilidad. Solo con un mercado más concentrado, con economías de escala y regulado con visión de largo plazo, se podrá garantizar que los actores que permanezcan ofrezcan servicios de calidad, cumplan con sus obligaciones y avancen en el despliegue del 5G.
