En Gobierno Digital también debemos ponernos de acuerdo en lo fundamental

Por: Alexander Ricardo Andrade
Evangelista Fiware, Marso Fiware iHub.

Es el momento de implementar un e-KYC público y concebir la identidad digital como un servicio público esencial

Nuestra verdadera evolución hacia un Gobierno Inteligente y Cognitivo no requiere de nuevas leyes ni megainfraestructuras, sino de la voluntad política y la decisión para integrar los activos digitales que ya poseemos. La prioridad de nuestra política pública TIC debe ser implementar un e-KYC público y aplicar estrictamente el principio de ‘Solo Una Vez’, liberando por fin al ciudadano de la absurda carga de tener que demostrarle su identidad al Estado. Este puede ser el primer y fundamental pilar para una adopción masiva del Gobierno Digital.

Colombia tiene más de 25 años de acciones encaminadas a soportar la relación entre el Estado y los ciudadanos con tecnología digital. Un reto no menor en un país con profundas desigualdades y diferentes realidades en el contexto territorial.

La agenda del país no puede girar exclusivamente en la discusión sobre la pérdida de tracción y velocidad del Gobierno Digital que nos sacó del top 10 de países desde 2025 en la medición del Índice de Gobierno Digital de la OCDE, pues debemos recordar que en 2019 llegamos al tercer puesto a nivel mundial en esa medición. Otra discusión que exige más que reflexiones es lo que debemos hacer para recuperar la senda de crecimiento como país.

Entonces, pongámonos de acuerdo en lo fundamental: el Gobierno Digital y su evolución hacia el Gobierno Cognitivo, pasando por el Gobierno Inteligente requieren un mínimo de cumplimiento y en eso es donde debemos actuar, en especial porque las barreras no son tecnológicas ni normativas, pues contamos con un completo marco normativo desde 1995 que a la fecha ha evolucionado de forma paralela a los avances tecnológicos y a las necesidades de los ciudadanos o por lo menos eso dice el papel.

Si hablamos entonces de lo fundamental, nada más fundamental que librar a los ciudadanos de la carga de demostrarle al Estado que ‘yo soy yo’. Y es que en pleno 2026, en momentos de nuestra historia tecnológica donde una entidad financiera en Colombia puede otorgar un crédito para la compra de un vehículo con solo unos mensajes y envío de documentos vía WhatsApp, los ciudadanos deban presentar copia ampliada de su documento de identidad para firmar un acuerdo de pago del impuesto predial.

En realidad esto suena algo básico, poco atractivo y hasta superfluo cuando lo que se busca es dar un resultado contundente que nos deje como mínimo al mismo nivel de las sociedades que consideramos referentes para el modelo de país. Y quizás es más atractivo el anuncio del uso de IA en algún proceso o la construcción de un data center de última generación en el territorio nacional. Pero lo cierto es que en principio, nada de eso le resuelve al ciudadano, en su cotidianidad, la lucha para que las entidades públicas le reconozcan que ‘usted es usted’.

No necesitamos reinventar la rueda, solo hacer que las piezas encajen.

Lo más frustrante de esta situación es que Colombia no está empezando de cero. Sería injusto e impreciso desconocer que el país ha construido activos digitales de inmenso valor que ya quisieran para sí muchas otras naciones de la región.

Hoy contamos con la Cédula Digital, un hito de identificación biométrica liderado por la Registraduría; la Carpeta Ciudadana Digital, una plataforma pensada para centralizar nuestros documentos del Estado en un solo lugar; y un Marco de Interoperabilidad que técnicamente permite que las entidades dialoguen entre sí; aquí podríamos hacer muchos análisis sobre cómo operativizar esto y será entonces otra discusión futura.

El verdadero problema no es la ausencia de herramientas, sino la desconexión entre ellas. Tenemos los ingredientes, pero no hemos logrado emplatar. Si queremos recuperar el terreno perdido y pasar verdaderamente de un Gobierno Digital a uno Inteligente y eventualmente Cognitivo, debemos dejar de lanzar pilotos aislados y centrarnos en soluciones reales, integrales y de rápida implementación.

Si en el sector financiero el estándar KYC (Know Your Customer) revolucionó la inclusión bancaria permitiendo abrir una cuenta en 3 minutos desde un celular, ¿por qué el Estado no adopta un esquema e-KYC Público unificado?

1. Estándar e-KYC para el Sector Público: Aprovechando la Cédula Digital y la autenticación biométrica, el Gobierno debe habilitar un servicio web unificado de verificación de identidad de marca blanca para todas las Alcaldías, Gobernaciones y Ministerios. Ningún funcionario debería pedir un PDF o una fotocopia para verificar quién es el ciudadano; una validación biométrica cruzada contra la base de datos oficial debe ser suficiente para autorizar cualquier trámite.
2. Consolidación de la Infraestructura Pública Digital: Debemos concebir la Identidad Digital, los Pagos Digitales del Estado y el Intercambio de Datos no como proyectos de TI, por el contrario, la visión debe ser concebirlos como servicios públicos esenciales, tan básicos como el agua o la energía. Una Infraestructura Pública Digital sólida permite que la Carpeta Ciudadana no sea un simple repositorio pasivo de documentos, sino la herramienta que le avise al ciudadano cuándo se le vence un documento y le permita resolverlo en un clic.
3. Aplicación estricta del Principio de ‘Solo Una Vez’ (Decreto Ley 2106 de 2019): Más que un principio artículo, debe ser una restricción técnica. Ninguna entidad pública debería tener la facultad técnica de solicitarle a un ciudadano un documento o dato que ya repose en otra entidad del Estado (RUT, certificados catastrales, antecedentes, entre otros). Si el dato existe en el ecosistema público, el trabajo de ir a buscarlo es del algoritmo, no del ciudadano.

La Inteligencia Artificial y los grandes centros de datos son fundamentales para la competitividad del país a largo plazo, sin duda. Pero la confianza ciudadana no se recupera con anuncios sofisticados sobre algoritmos, sino cuando una persona mayor logra hacer un trámite de pensión sin salir de su casa o cuando un emprendedor crea una empresa en minutos sin pisar una ventanilla, recordemos que el informe Business Ready (B-READY) se relaciona con la competitividad.

Avanzar hacia un Gobierno Cognitivo; aquel que aprende, predice y actúa en segundo plano para facilitarle la vida a la gente, no requiere una ley nueva ni miles de millones de pesos en infraestructura inédita. Requiere voluntad de integración, interoperabilidad obligatoria y, sobre todo, la decisión política de entender que librar al ciudadano de la carga de probar su identidad es el acto más ‘milagroso’ de eficiencia pública que podemos ejecutar hoy.

“Librar al ciudadano de la carga de probar su identidad es el acto más ‘milagroso’ de eficiencia pública que podemos ejecutar hoy”.

5 puntos clave

1. Volver a lo fundamental para recuperar el rumbo: tras perder tracción en las mediciones de la OCDE, la discusión no puede quedarse en reflexiones pasivas; debemos actuar sobre lo básico para retomar el crecimiento.
2. Articular lo que ya existe, no reinventar la rueda: Colombia ya cuenta con activos valiosos como la Cédula Digital o la Carpeta Ciudadana; el problema no son las herramientas, sino la falta de conexión entre ellas.
3. Priorizar la cotidianidad sobre el show tecnológico: de nada sirven los grandes anuncios de Inteligencia Artificial si el Estado le sigue exigiendo al ciudadano fotocopias para probar su identidad.
4. Implementar un e-KYC Público e Infraestructura Digital: debemos habilitar un estándar unificado de verificación biométrica en todas las entidades y concebir la identidad digital como un servicio público esencial.
5. Aplicar estrictamente el principio de ‘Solo Una Vez’: hay que prohibir técnicamente que se exijan documentos que ya reposan en el Estado; cruzar la información debe ser tarea del algoritmo, no del ciudadano.

Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre visión país y gobierno basado en datos, vea «Visión país digital: una economía digital que enriquece», de Adriana Molano Rojas y «Territorios que gobiernan con datos», de Ricardo Munévar Molano.