Por: Carolina Botero y Pilar Sáenz
Coordinadoras del K+LAB, Fundación Karisma.
Comercio & soberanía digital: lo que Colombia no puede negociar a ciegas
El principal desafío en materia de política digital hoy es fortalecer nuestra autonomía para definir nuestro propio modelo de desarrollo y regulación digital en un contexto de creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Para desarrollar y proteger la soberanía digital no basta con producir la tecnología; se requiere conservar la capacidad de tomar decisiones sobre los activos estratégicos del mundo digital.
Mientras Estados Unidos busca consolidar un ecosistema global articulado alrededor de su industria de Inteligencia Artificial mediante el comercio, la cooperación, el financiamiento y la diplomacia tecnológica, China impulsa una estrategia similar a través de infraestructura digital, plataformas, estándares tecnológicos e inversiones. Ambos modelos buscan expandirse internacionalmente y generar nuevas dependencias tecnológicas.
Para países como Colombia, el riesgo no es únicamente quedar rezagados en la adopción de IA: el verdadero riesgo es que las decisiones fundamentales sobre datos, infraestructura, estándares técnicos y plataformas sean el resultado de esa competencia geopolítica y no de una estrategia nacional.
La prioridad debería ser construir capacidades para decidir de manera autónoma qué infraestructura digital desarrollar, cómo gobernar los datos, qué estándares adoptar y cómo incorporar la IA de acuerdo con las prioridades del país. Para ello es indispensable gestionar estratégicamente los compromisos internacionales en materia digital y preservar la capacidad regulatoria del Estado para definir su propio modelo de desarrollo tecnológico.
En ese sentido, Colombia necesita una política de soberanía digital. No una basada en discursos grandilocuentes o en aspiraciones de autosuficiencia tecnológica, sino en una visión pragmática que permita decidir qué capacidades desarrollar, qué dependencias son aceptables, qué infraestructuras deben considerarse estratégicas y bajo qué reglas deberán operar.
En Europa avanzan en esa dirección. La soberanía digital ha dejado de entenderse únicamente como un asunto de ciberseguridad o protección de datos para convertirse en una política de autonomía tecnológica. Francia está migrando buena parte de la administración pública hacia Linux y promoviendo soluciones europeas de código abierto. Alemania impulsa formatos abiertos, fortalece capacidades nacionales mediante el Deutschland-Stack y busca mantener datos e infraestructuras críticas bajo jurisdicción europea. El objetivo no es aislarse tecnológicamente, sino reducir dependencias, evitar el ‘vendor lock-in’ (dependencia del proveedor) y conservar capacidad de decisión sobre activos estratégicos.
Sin embargo, trasladar automáticamente estas experiencias a Colombia sería un error. Entre otros elementos, nuestra realidad geopolítica es distinta. América Latina se encuentra dentro del área de influencia directa de Estados Unidos y hoy la política industrial estadounidense está redefiniendo crecientemente el entorno regulatorio de la región.
Una lectura transversal de los documentos estratégicos del segundo gobierno Trump muestra que la IA se ha convertido en el eje de una política industrial que combina la digitalización de sectores mediante datos interoperables, la estandarización de infraestructura, la incorporación de empresas tecnológicas estadounidenses como socios de implementación y la integración de IA para aumentar la productividad. Ese modelo se proyecta internacionalmente mediante acuerdos comerciales, cooperación, financiamiento y diplomacia, articulados con objetivos de seguridad nacional, política migratoria y competitividad económica.
Los nuevos Acuerdos de Comercio Recíproco (ART) ilustran bien esta estrategia. Países como Guatemala, El Salvador, Ecuador y Argentina ya han asumido compromisos que van mucho más allá del comercio digital tradicional. Se puede ver, por ejemplo, una tendencia a debilitar el modelo de protección de datos que se ha venido construyendo regionalmente. Además de facilitar el libre flujo transfronterizo de datos y reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para las transferencias de datos, estos acuerdos promueven la armonización con los estándares estadounidenses de privacidad, limitan la posibilidad de imponer determinadas regulaciones a los servicios digitales y, en algunos casos, eliminan obligaciones de localización de datos, como ocurre con el almacenamiento de información financiera en El Salvador. Adicionalmente, esos acuerdos refuerzan la protección del código fuente y de los algoritmos de las empresas frente a requerimientos regulatorios nacionales.
Todo ello demuestra que la política comercial estadounidense ya no regula únicamente el comercio digital. También establece reglas sobre datos, infraestructura y gobernanza tecnológica que favorecen la expansión internacional de su ecosistema de IA.
En ese contexto, la voluntad del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella –que impulsa un alineamiento con la estrategia digital estadounidense– debería ir acompañada de un análisis estratégico sobre sus implicaciones para la soberanía digital del país. Cualquier negociación internacional en materia digital exige evaluar no solo sus beneficios económicos, sino también si nos conviene en términos de política de soberanía digital, cuál es su impacto sobre la capacidad regulatoria del Estado y, por supuesto, su compatibilidad con el marco constitucional colombiano.
Durante los próximos años, la principal disputa entre Estados Unidos y China no será únicamente quién desarrolla la mejor IA, sino quién define las reglas bajo las cuales esa tecnología funcionará. La pregunta para Colombia no es de qué país provendrá la tecnología, sino cómo preservará la capacidad de decidir sobre sus datos, sus infraestructuras digitales y las reglas que gobernarán su economía digital. Esa es la decisión estratégica que el país debería comenzar a construir desde ahora.
«La pregunta para Colombia no es de qué país provendrá la tecnología, sino cómo preservará la capacidad de decidir sobre sus datos, sus infraestructuras digitales y las reglas que gobernarán su economía digital».
5 puntos clave
- El riesgo real para Colombia no es rezagarse en Inteligencia Artificial, sino perder la capacidad de decidir sobre datos, infraestructura y estándares digitales.
- Colombia necesita una política pragmática de soberanía digital, no discursos de autosuficiencia tecnológica.
- Francia y Alemania avanzan hacia la soberanía digital mediante migración a código abierto y proyectos como el Deutschland-Stack, aunque su contexto geopolítico no es directamente replicable en Colombia.
- Los nuevos Acuerdos de Comercio Recíproco de Estados Unidos con países de la región ya imponen compromisos sobre flujo de datos, privacidad y regulación digital.
- Cualquier negociación digital internacional debería evaluarse por su impacto en la soberanía digital, la capacidad regulatoria del Estado y su compatibilidad constitucional.
Nota editorial de Voces TIC: Para ampliar esta discusión sobre datos, infraestructura y ciberresiliencia, vea «Territorios que gobiernan con datos», de Ricardo Munévar Molano y «Ciberresiliencia digital: de la estrategia a una capacidad país que genera confianza», de Jorge Fernando Bejarano.