Durante las últimas semanas varios políticos han denunciado la venta de redes y torres de compañías de telecomunicaciones que tienen participación pública, calificándolas de privatizaciones solapadas o marchitamiento intencional del patrimonio de los colombianos. Sin embargo, pasan por alto que se trata de prácticas del sector que se realizan hace años en todo el mundo.
Estas “denuncias” siembran suspicacias sobre estrategias empresariales que buscan reducir exposición en un sector donde los márgenes son cada vez menores a pesar de las grandes inversiones que se requieren para mantenerse a flote en mercados tan competidos como el colombiano.
Si bien el éxito no está asegurado en esta fórmula, porque dependerá de los términos de los contratos, el valioso control político sobre la administración de los recursos públicos se desvía hacia señalamientos carentes de análisis y comprensión de la industria, que no solo perjudican a las empresas que pretenden defender sino que desinforman sobre las dinámicas de un sector estratégico compuesto por empresas públicas y privadas.
Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo en un video donde critica la fusión de UNE y Tigo que “ellos (Tigo-Millicom) vendieron las torres, vendieron los activos de la empresa a una empresa que era de ellos mismos, de la que ellos eran propietarios, y ahora nosotros pagamos alquiler por esas torres”.
Sobre las afirmaciones de Quintero hay que precisar varios puntos: esa negociación por 1.200 torres sí se llevó a cabo en 2017 y Colombia Móvil (la sociedad UNE EPM Telecomunicaciones – Millicom) contó con la participación de las firmas de abogados Brigard & Urrutia y Jones Day, así como las abogadas Juliana Jaramillo y Janeth Martín, a nombre de UNE.
El comprador fue ATC Colombia S.A.S., subsidiaria de American Tower Corporation (ATC), la compañía de infraestructura de comunicaciones móviles más grande del mundo, la cual nada tiene que ver con Millicom como lo afirmó el alcalde.
Lo cierto de las declaraciones es que al vender las torres se firman acuerdos de largo plazo para que quienes enajenaron esa infraestructura después la alquilen, en un modelo conocido como retroarriendo.
Las ‘telcos’ toman esta decisión motivadas por una fuerte competencia; para enfocarse en los servicios de voz y datos; repartir dividendos entre inversionistas; aumentar liquidez, o para compra de activos fijos, materiales o inmateriales (Capex).
La calificadora Fitch Ratings señala que la tasa de posesión de torres de las empresas de telecomunicaciones en América Latina era del 25% en 2021, del 30% en América del Norte, 37% en Europa y 47% en Asia-Pacífico.
Wom, por ejemplo, vendió 3.800 sitios de torres en Chile a Phoenix Tower este año. El Grupo Entel (que es una empresa de capital público) vendió más de 3.000 antenas en Perú y Chile en 2019 a la firma ATC. Telefónica hizo lo propio en 2021 con la venta de torres (de Telxius), en España, Alemania, Brasil, Argentina, Chile y Perú a ATC. De hecho, esta compañía acaba de anunciar la venta de 700 torres tipo rooftop (azoteas de edificios) en Colombia.
Claro, por su parte, lleva adelante otra estrategia en Colombia: en 2020 puso más de 8.500 antenas en “arriendo” para empresas de telecomunicaciones y de distintos sectores.
Fibra óptica compartida
El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, trinó el 11 de octubre: “están marchitando la ETB, cediendo el control de activos estratégicos como la fibra óptica a privados por 50 años para regalarla”, en referencia a una carta enviada por un grupo de concejales y representantes donde adverten dicha situación y agregan que el proceso “se ha hecho a espaldas del Concejo Distrital y la ciudadanía”.
La denuncia hace referencia a un acuerdo entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la firma Ufinet en donde las dos compañías pondrían su infraestructura fija como parte de una red de fibra óptica neutral para el mercado mayorista de Bogotá y las ciudades aledañas.
La realidad es que el proceso no se ocultó, prueba de ello es una entrevista del diario La República el 25 de junio de 2021 con el presidente de la empresa, Sergio González Gúzman, donde habló sobre los detalles del acuerdo, que describió como “el más ambicioso que tiene la ETB en estos momentos”.
Pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) objetó la integración hace un año por considerar que se pondría en riesgo la competencia debido a que el distrito sería juez y parte. Es decir, no se concretó.
A diferencia de lo que intentan plantear, el despliegue de redes de fibra óptica neutral para uso compartido en centros urbanos, como Bogotá, donde ya hay infraestructura establecida, y es más complicada su instalación y costosa, es una práctica común.
Así como tampoco es exótico que se conformen sociedades para ampliar y fortalecer la capacidad de la oferta de servicios de banda ancha B2B o al hogar. Las empresas buscan socios para alcanzar mayor eficiencia y ahorro para mantenerse competitivas.
Por ejemplo, Telefónica creó una sociedad con el fondo de inversión KKR, llamada On*Net, para instalar y operar una red de fibra óptica neutral al hogar (FTTH) en 90 ciudades del país. Firma que acaba de comprar la división de infraestructura de la estatal chilena Entel.
Los esquemas de venta y compartición de infraestructura generan eficiencia y reducen costos, además de que son un elemento clave de cara al cierre de la brecha digital, así como la eventual llegada de la 5G. Sin este tipo de acuerdos (que hoy denuncian) el sector sí se marchitará junto a las metas de conectividad del gobierno.
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