Netflix acaba de estrenar ‘El dilema de las redes sociales’, un documental en el que varios ex altos ejecutivos e ingenieros de las compañías más poderosas de Silicon Valley hacen inquietantes cuestionamientos éticos sobre el uso que estas plataformas dan a la información de las personas, la cual utilizan para crear modelos predictivos y carnadas que aseguren el mayor tiempo en pantalla, sin importar que la información sea verdadera o falsa, cobijados por una total ausencia de regulación.
El documental, que se desarrolla entre testimonios reales y la dramatización, reitera el ya conocido argumento de que las redes sociales han exacerbado problemas como el ascenso al poder de regímenes autoritarios y populistas; han desinformado sobre el COVID-19 y el calentamiento global, y han llevado al aumento de las tasas de suicidio entre los adolescentes.
Los entrevistados, que en buena medida son los arquitectos de este nuevo mundo digital, enfatizan que la ausencia de regulación y competencia ha llevado a que estas compañías actúen como ‘gobiernos de facto’ en un sistema económico donde la información personal es la moneda de cambio.
Jonathan Taplin dice en su libro ‘Move Fast and Break Things’ (en español, ‘Moverse rápido y romper cosas’, que a su vez es el mantra de Mark Zuckerberg escrito en las paredes de Facebook), de 2017, que a pesar de que Internet se ha hecho fundamental para nuestras vidas así como para la economía, la decisión de cómo están diseñadas sus reglas nunca fue consensuada. Esas determinaciones fueron tomadas por ingenieros y ejecutivos de Google, Facebook y Amazon.
El resultado es lo que el expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, llamó un “‘salvaje Oeste’ sin privacidad o seguridad, que deja a cada ciudadano expuesto a la intrusión de criminales, empresas y gobiernos”.
Pareciera que reguladores y legisladores han hecho la vista gorda al problema, actuando como si las reglas que rigen al resto de la economía no se aplicaran a los gigantes de Internet. Los impuestos, las leyes de propiedad intelectual y la regulación antimonopolio se han ignorado durante años.
El contraste que hay entre las empresas de Internet y las compañías de telecomunicaciones altamente reguladas es evidente, y permite pensar que es posible regular las condiciones sobre las que este negocio se desarrolla, y no me refiero solo a Facebook, Google, Twitter y Amazon. En esta lista entran Uber, Airbnb, MercadoLibre, Rappi y demás negocios que se soportan en la infraestructura de las telcos.
La influencia de las redes sociales sobre las personas preocupa. Pero hay todo un sistema económico que habita en Internet y surge de manera disruptiva, el cual es cierto que trae enormes beneficios a las personas y a la sociedad, partiendo por la generación de empleo, pero cuya naturaleza innovadora lo deja fuera de cualquier marco regulatorio.
¿Qué se está haciendo? Y en particular ¿qué se está haciendo en Colombia para sacarlas del limbo en que se encuentran?
Una importante medida de control fiscal a las grandes tecnológicas Google, Amazon, Facebook y Apple (conocida como GAFA), se negocia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con el fin de que las empresas de Internet paguen impuestos en los países donde desarrollen alguna actividad digital, aunque no tengan una presencia física, lo que actualmente les permite llevar su dinero a paraísos fiscales, sin tributar.
Pero hasta el momento las negociaciones en la OCDE han fracasado por la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a quienes apliquen el impuesto, lo que ya sucedió con Francia, que fue el primer país en legislar sobre esta materia, imponiéndoles un impuesto de 3 % sobre sus ingresos si superan los 750 millones de euros anuales.
Un acuerdo en el ámbito de la OCDE será positivo para Colombia, dado que el país hace parte de este club de buenas prácticas y, además, cualquier decisión que se tome allí seguramente se convierta en un estándar internacional. El recaudo sería enorme y muy útil si se piensa en la inminencia de una reforma tributaria para paliar los estragos en la economía generados por la pandemia.
Los impuestos han sido el primer paso en la regulación de estos servicios. Desde 2019 en Colombia hay recaudo del IVA a plataformas como Uber, Cabify, Spotify, Deezer, Apple Music, Netflix y Prime Video. Igualmente sucedió con Airbnb, que acordó el pago de IVA a partir de este año.
Por otro lado, está la regulación de plataformas de intermediación de transporte y de mensajería que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo 2018-2022, a final de este año debería contar con una ley que regule la prestación de estos servicios y establezca un marco laboral para las personas que allí trabajan. De acuerdo con la revista Dinero, hay 6 proyectos de ley en el legislativo.
Sin embargo la responsabilidad del Gobierno colombiano y del Congreso va más allá de la papa caliente que son las plataformas de transporte, que por más de 5 años han evitado. La tarea es definir un marco jurídico que facilite el desarrollo de toda una industria basada en el conocimiento y defina unas reglas de juego en cuanto a protección de datos de los usuarios, competencia, propiedad intelectual y tributación.
Un buen ejemplo de esto son las ‘fintech’ (porque con la plata no se juega). Este sector cuenta con una regulación local actualizada y de vanguardia frente a los demás países de la región, que busca evitar la captación ilegal de recursos. No obstante, la OCDE ha sugerido generar un entorno regulatorio más favorable para su desarrollo.
No se trata de graduar a las grandes empresas tecnológicas de enemigos de la sociedad ni de satanizarlas, como se ha hecho por años con la televisión. Recordemos que gracias a sus servicios millones de personas han podido continuar con sus estudios y trabajos desde casa. Hasta las redes sociales han hecho su parte para mantener conectadas a familias y amigos. Pero sí deben asumir sus responsabilidades frente a la sociedad con un mayor respeto a la privacidad y devolviendo parte de lo mucho que se les ha entregado.
