Las compañías de Internet, telefonía y televisión por suscripción recibieron con cautela el anuncio de que el presidente Gustavo Petro asumirá el control de las comisiones reguladoras de servicios públicos. Saben que el problema hoy está en las alzas de precios del sector eléctrico, pero como los ratones, en adelante se moverán con precaución y reserva para no despertar al gato.
Si bien las discusión de los precios de la energía es ajena a los servicios TIC y no hay por ahora un decreto que defina el alcance de la determinación, que según el presidente se ajusta a la ley, podrá imponer su autoridad en cuestiones técnicas que requieren de análisis y valoración de expertos sobre un sector compuesto por cientos empresas heterogéneas que desarrollan sus servicios en todo el país.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se ve directamente perjudicada porque es una de las 3 entidades reguladoras de servicios públicos, junto a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible (CREG). Esta última es la más comprometida, pues los reclamos por los altos precios no cesan y desde el gobierno le adjudican parte de la responsabilidad por la inusual inflación del año pasado.
En materia de comunicaciones y servicios audiovisuales, de acuerdo con la Ley 1978 de 2019, la CRC promueve la competencia en los mercados y el pluralismo informativo, debe evitar el abuso de posición dominante, regula los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, y garantiza la protección de los derechos de los usuarios.
Para eso, se conforma por 2 sesiones: de Contenidos Audiovisuales, que consta de 3 comisionados, uno elegido por los operadores públicos regionales televisión, otro de la sociedad civil elegido mediante concurso público y un tercero del sector audiovisual elegido mediante concurso público; mientras que la sesión de la Comisión de Comunicaciones la conforman el ministro TIC (que puede delegar algún viceministro), un comisionado elegido por el presidente de la República y 3 comisionados elegidos a través de un proceso de selección mediante concurso público.
Aunque la CRC no está sujeta a ningún control jerárquico y goza de independencia administrativa, la constitución de la sesión de Comunicaciones con el ministro y un comisionado puesto por el ejecutivo entre 5 miembros le da un alto grado de influencia en las decisiones al presidente. ¿Se necesita mayor intervención?
En cuanto a los precios de las telecomunicaciones, la Ley 1341 de 2009 establece que “son de libre fijación por parte de los proveedores de redes y servicios”. Y la intervención de la CRC sobre estos solo se puede dar si se comprueba que no existe suficiente competencia, si se presenta una falla de mercado o se establece que la calidad de los servicios ofrecidos no se ajusta a los niveles exigidos. Es decir, hay varios caminos que facilitan una eventual intervención en el sector.
Por ejemplo, en 2021 la Comisión declaró como operador dominante en el mercado de servicios móviles a Claro Colombia, sin tomar medidas particulares como los cargos asimétricos, acción que sí aplicó a esta misma empresa en 2013 mediante cobros diferentes por la interconexión con otros operadores. ¿El presidente Petro la querrá revivir?
O las quejas en la prestación de servicio en alguna región pueden facilitar también la intervención de los precios, que siempre será una medida efectista que producirá aplausos en las mayorías.
Si nos ajustamos a los datos concretos y verificables, los operadores TIC no tendrían que preocuparse por una eventual intervención presidencial en los precios, en particular porque Colombia tiene uno de los servicios de Internet móvil más baratos del mundo, con 0,49 dólares por 1 GB, solo superado en la región por Uruguay.
Colombia es uno de los mercados más competidos del continente en comunicaciones móviles, lo que se incrementó con la llegada de Wom, que motivó una caída en los precios de los planes como respuesta a la agresiva estrategia del recién llegado. El ingreso promedio por usuario (ARPU) fue de 18.858 pesos en junio de 2022, presentando una disminución de 2,3 % frente al mismo mes de 2021.
En cuanto al precio promedio de la banda ancha fija, es el país en el primer lugar en América del Sur entre los más económicos, con un precio promedio de 20,75 dólares mensuales, seguido por Argentina y Paraguay, y en el puesto 42 entre 220 países analizados en 2022.
Pero los usuarios consideran que la televisión por suscripción es el servicio TIC más costoso que pagan, de acuerdo con una encuesta contratada por la CRC.
Sin argumentos para intervenir y ajustar precios, lo sensato es dejar las cosas como están. Porque funcionan.
Vale la pena repasar el ejemplo de Argentina, donde el gobierno congeló los precios por 2 años por medio de un decreto de 2020, con el que más de 1.700 empresas de distintos tamaños vieron cómo sus ingresos languidecían al compás de la inflación, lo que produjo un impacto inmediato en las inversiones en infraestructura y en el deterioro de la calidad.
