Mauricio Lizcano cerró su gestión en el Ministerio de las TIC con un ‘home run’: el anuncio de la consecución de un comprador para WOM. Con esta movida se disipó la posibilidad de que el mercado nacional de las telecomunicaciones móviles quede conformado por solo dos grandes empresas, una preocupación que había surgido en torno a la fusión entre Tigo y Movistar, la cual ahora —en principio— avanza sin contratiempos.
La divulgación se hizo en las oficinas del gobierno, con Lizcano al centro de la foto. No era para menos, acababa de lograr resucitar a WOM gracias a las concesiones brindadas a SUR Holdings, su nuevo propietario.
Estas incluyeron una ampliación de 3 años en los plazos de pago para que la compañía pueda saldar las deudas relacionadas con el uso del espectro para 4G, manteniendo las fórmulas de indexación establecidas. Además, el MinTIC, como acreedor del 45 % de la deuda, otorgó beneficios para facilitar su pago. Nada mal para los nuevos dueños de WOM.
Donde no hubo modificaciones fue en que los pagos de la subasta 5G se realizarán según los tiempos previstos, es decir, a partir de junio de 2025, un año después de la entrada en vigor del acto administrativo.
Si bien hubo importantes concesiones, que se suman a todas las que recibió por parte del Estado colombiano el fondo de inversión Novator Partners (WOM) desde su llegada al país en 2019, se aseguró que la permanencia de WOM equilibre la balanza competitiva, evitando el “coco” del duopolio y promoviendo un ecosistema más dinámico para desarrollo futuro del sector.
Mauricio Lizcano también supo leer con pragmatismo que una consolidación estratégica, como la posible fusión entre Tigo y Movistar, era resultado de la dinámica del mercado y podría fortalecer a dos actores fundamentales que durante varios años vieron cómo sus márgenes se reducían. Decisión que respaldó en su momento y cuya aprobación está en manos de la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque.
Sin embargo, actuaciones como la subasta de 5G de 2023 no pueden considerarse un éxito de la gestión debido a la evidente falta de planificación y análisis previo sobre la capacidad financiera de los licenciatarios. Aunque Claro y Tigo-Movistar superaron las metas de despliegue, la inacción de WOM y Telecall pone de manifiesto un problema estructural: se adjudicó espectro a empresas sin garantías suficientes para asegurar el cumplimiento de los compromisos en despliegue e inversión.
Esto fue resultado del apuro político por cumplir cronogramas, lo que dejó en evidencia la falta de mecanismos previos para asegurar que todos los licenciatarios cumplan con sus obligaciones. Como resultado, la mitad de los actores no sólo no han desplegado infraestructura, sino que tampoco cumplieron con los pagos en los tiempos inicialmente establecidos ni con las obligaciones sociales asociadas, por lo que el Ministerio movió los plazos de la entrada en vigor se los actos administrativos para darles más tiempo.
En cuanto a los resultados en materia de conectividad, y aunque Mauricio Lizcano menciona cientos de miles de nuevas conexiones obtenidas por medio de programas como ‘Líneas de Fomento’, ‘Líneas de Fomento 2.0’ y ‘Conectividad para cambiar vidas’, me remito a los fríos datos disponibles, y estos muestran que en el segundo trimestre de 2024 los accesos fijos a Internet decrecieron en 50.000 conexiones con respecto al mismo periodo del año anterior, cerrando en 8,99 millones.
Las inversiones públicas en infraestructura lograron que algunos de los departamentos con menor conectividad fija, como Vaupés, Vichada, Amazonas, Guainía y Guaviare, presentaran un incremento interanual en las conexiones respecto a junio de 2023. Sin embargo, Chocó, La Guajira y Córdoba registraron una disminución.
En paralelo, los accesos móviles mantienen una tendencia orgánica de crecimiento gracias al 4G, que, según el informe de conectividad, aumentaron en 6,1 millones, alcanzando los 47,5 millones en junio del año pasado. No obstante, estas conexiones presentan diversas características de uso que, probablemente contribuyan a cumplir la meta de cobertura del 85 % en el papel, pero están lejos de ser el motor necesario para posicionar al país como la ‘potencia latinoamericana en Inteligencia Artificial’ que se ha prometido.
Foco en Inteligencia Artificial
Precisamente el desarrollo de la IA fue uno de los grandes focos del exsenador caldense, que trabajó para cumplir los lineamientos del CONPES 3975 (de 2019) sobre Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (IA) e ir más allá luego del ‘boom’ de esta tecnología a finales de 2022.
Durante estos meses, Lizcano dejó contratados 60 centros de formación en IA, cuya ejecución debe comenzar en febrero. También estructuró y contrató un centro de producción de Inteligencia Artificial en Zipaquirá, con una inversión de 10.400 millones de pesos, que contará con capacidades de súper computación y el desarrollo de dos modelos de IA nacionales enfocados en medio ambiente y salud. Asimismo, lideró la cumbre ministerial de América Latina y el Caribe, impulsó un nuevo CONPES —actualmente en elaboración— y presentó un proyecto de ley destinado a facilitar el uso de la información para la toma de decisiones en política pública y el desarrollo de la IA.
Aunque los anuncios realizados durante la administración de Mauricio Lizcano, amplificados por numerosas campañas publicitarias, representan un paso importante hacia el fortalecimiento de la IA, aún queda por ver si estos proyectos se concretarán de manera efectiva y si están alineados con una estrategia integral que un Estado como el nuestro debe adoptar frente a esta tecnología. Por ejemplo, se echa de menos la participación activa del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.
El vertiginoso crecimiento de la IA en todas las áreas de la producción y en la vida diaria plantea el riesgo de que se tomen decisiones apresuradas que prioricen los anuncios sobre una planificación robusta.
Para que estos esfuerzos sean sostenibles y verdaderamente transformadores, es fundamental garantizar que estén respaldados por una infraestructura sólida, mecanismos de seguimiento claros y un marco ético sin sesgo político que oriente su implementación hacia el bienestar social y económico del país.
Las manchas de la labor ejecutiva del ahora exministro
Una de estas es su responsabilidad directa en que Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) se haya convertido en una herramienta de propaganda del gobierno y difusora de información falsa.
RTVC es una entidad adscrita al MinTIC. Esto implica que éste supervisa y define lineamientos estratégicos para garantizar que cumpla con sus objetivos como medio público. La cartera de comunicaciones es responsable de asignar recursos financieros, pero también de supervisar su adecuada ejecución. Si esos recursos se utilizan para fines ajenos tiene la obligación de intervenir para corregir el rumbo.
Aunque RTVC goza de autonomía operativa, esta se desarrolla bajo la supervisión del MinTIC, lo que convierte a Mauricio Lizcano en el último responsable para prevenir y resolver desviaciones que afecten el cumplimiento de su misión como medio público.
De igual forma, durante el año y ocho meses de su paso por el sétimo piso del edificio Murillo Toro gastó $50.667.062.241, de acuerdo con la representante a la cámara Jennifer Pedraza. 12 mil millones más de lo que ese Ministerio utilizó para dicho propósito durante todo el gobierno de Iván Duque.
Su costosa vanidad lo llevó a aparecer en todos los medios de comunicación día y noche, lo que me hizo recordar las tormentosas cuñas radiales del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía. Incluso, es el primer Ministro que sirve de modelo para la portada de todos los Boletines de Conectividad TIC que se publicaron durante su tiempo en el cargo, en imágenes de alguna de sus decenas de entregas de computadores o “Microbits”.
