química, magister en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Cofundadora de Qmakunapa Lab. Miembro de RedGCTI, ACPC y Red Colombiana de Mujeres Científicas.
En Colombia, el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación –desde Colciencias como Instituto y luego como Departamento Administrativo– ha sido la cenicienta de todos los gobiernos por el bajo presupuesto asignado, por las promesas incumplidas de llegar al famoso 1% del PIB para inversión y por una planta de cargos muy pequeña para la relevancia que debería tener este tema en el país.
El 17 de diciembre de 2019, en plenaria del Senado se aprobó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, tras un estudio de 4 años y luego de no haber sido avalado por el gobierno de Juan Manuel Santos. La propuesta, que había sido un llamado desde la academia y la sociedad civil, fue impulsada por el Partido Liberal, liderada por el Senador Iván Darío Agudelo, y tuvo una invitación a votar favorablemente por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Sin embargo, solamente semanas antes de esa plenaria se abrió la discusión con miembros de las universidades, gobiernos departamentales, centros de investigación y asociaciones para pedir que la creación del Ministerio de Ciencia tuviera una discusión más profunda, más allá de la principal motivación de que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTeI) tuvieran una silla permanente en el consejo de ministros. Uno de estos espacios fue el foro ‘Ministerio de Ciencia y Tecnología: ¿oportunidad o burocracia?’, realizado en la Universidad Icesi y organizado en conjunto con Avanciencia y la red Rupiv.
En enero de 2019 se promulgó la Ley 1951 de 2019, un documento de 3 páginas, con un segundo parágrafo en el primer artículo adicionado por la senadora María del Rosario Guerra, para crear un ministerio sin presupuesto adicional al de Colciencias para su operación.
Esta ley daba un período de un año para comenzar el funcionamiento de Ministerio de Ciencias. Adicionalmente, ese mismo año Colciencias debía ocuparse de implementar el Decreto 1467 de 2018, para que los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías pasaran a ser convocatorias públicas, abiertas y competitivas, una tarea compleja debido a que este decreto no había caído bien en muchos departamentos del país.
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El afán en la creación del Ministerio de Ciencia, además del cansancio, generó una demanda presentada por los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Específicamente se demandaron 2 errores constitucionales, aunque no se mencionó el hecho de que se creara un ministerio sin recursos nuevos, que debería ser lo más importante, como lo afirma el Observatorio de la Universidad Colombiana. Los errores encontrados por la CCJ fueron:
- La creación de nuevos ministerios es una facultad exclusiva del Gobierno; si la iniciativa es de congresistas, la ley tiene que contar con un aval del Ejecutivo.
- La Ley no reguló la estructura orgánica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desconoció lo dispuesto por el Artículo 150.7 de la Constitución.
En la intervención en sala plena de la Corte Constitucional hubo voces a favor de la demanda: la Universidad del Rosario, un grupo de ciudadanos (de manera conjunta) y Fecotraservipúblicos solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de la ley. Pero también hubo voces en contra: la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina Jurídica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Senador Iván Darío Agudelo, el Grupo Interdisciplinario de Promoción del Desarrollo de la Competitividad (Grid), la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la Universidad Libre (Sede Bogotá), la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), el Politécnico Grancolombiano, el ciudadano Libardo Rodríguez Rodríguez y el Procurador General de la Nación, quienes solicitaron la exequibilidad de la norma demandada.
Un poco más de 2 años después de ser publicada, el 4 de marzo de 2021 la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1951 de 2019, que creó el Ministerio de Ciencia, con efectos diferidos a 2 legislaturas completas, contadas a partir del 20 de julio de 2021.
¿Se acaba el Ministerio de Ciencias? ¿Qué efectos tiene la decisión de la Corte?
Las sentencias de inexequibilidad diferida prescriben que en un momento futuro, determinado o determinable, la norma a la que se refieren se encuentre retirada del ordenamiento, mas no que inexorablemente deba permanecer vigente durante todo este lapso; lo anterior con el fin de no paralizar la ejecución y el desarrollo de los planes y políticas a cargo de Ministerio de Ciencias. En otras palabras, por ahora, el Ministerio continúa operando como viene; el Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio del 2023 para tramitar una nueva ley que no incurra en los defectos de la actual.
Iván Montenegro, consultor e investigador independiente en temas de CTeI y miembro de la Red GCTI, explica: “Mientras tanto, el Minciencias con la Ley actual permanece tal cual. Temas como los derechos de las personas que están vinculadas a Minciencias y a los programas y proyectos que se desarrollan en esta materia tienen toda la continuidad, no habría ningún problema”.
Pero es claro que un titular que diga que la creación de un Ministerio es inconstitucional tendrá efectos en nuestras relaciones internacionales con los pares en temas de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¡Qué dirán nuestros amigos de la Ocde! Aunque las relaciones internacionales y la diplomacia científica ya venían muy débiles.
En eso concuerdo con la opinión de Gonzalo Ordóñez, de la Red GCTI y Profesor de Políticas de Innovación en la Universidad Externado de Colombia: “Ante todo, es una una situación bochornosa tanto para el ejecutivo como para legislativo. ¿Cómo es posible que no se sepa cómo se crea un ministerio como dice la norma? Y las normas no son caprichosas, son producto de concertación y son lo único seguro que tenemos. ¿Cómo no previeron este tipo de cosas?”.
Para Ordóñez, quien es experto en temas de gobernanza de CTeI, se les debe explicar con urgencia a las entidades internacionales cuáles son las implicaciones de esta decisión y dar un parte de tranquilidad amplia sobre la legitimidad del Ministerio de Ciencias como ente rector del Gobierno para temas de CTeI.
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Hacer las cosas ‘al derecho’
Pero, definitivamente, entre la comunidad académica y de gestores de CTeI, esta decisión de la Corte Constitucional es una oportunidad para hacer las cosas bien, incorporar una estructura organizacional más fortalecida, un mayor presupuesto para la operación y nuevos mecanismos de ejecución de programas y proyectos de CTeI más estratégicos y menos atomizados.
Como dice Iván Montenegro: “Es importante hacer énfasis en la necesidad que el diseño de esa Ley tenga una efectiva participación de la sociedad civil y obviamente de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y uno de los temas clave es la gestión descentralizada de CTeI; ahí es muy importante innovar”. Montenegro también sugiere tomar como uno de los referentes la Ley que creó el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación en Chile, la cual tiene bastante detalle en sus objetivos, funciones y estructura orgánica.
También lo afirma la doctora Ángela Camacho, presidente de la Red Colombiana de Mujeres Científicas: “La decisión de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de las normas que permitieron la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con efecto diferido para Minciencias hasta 2023, nos da la oportunidad de repensar en el papel que este importante y fundamental ministerio debe jugar en la construcción de bases sólidas de conocimiento y equidad como factor primordial de desarrollo del país (de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible como lo propuso la misión de sabios de 2019)”.
Creo que se podrían abrir 3 debates importantes y crear un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación coherente con el desarrollo sostenible y regional, para los jóvenes del siglo XXI y para enfrentar los retos de la pandemia.
- Ciencia para el desarrollo sostenible y regional: esto incluye abrir el debate para cambiar el modelo conceptual de reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de CTeI. Parece no haber coherencia entre formular proyectos de impacto regional que solucionen problemas locales, con diálogo de saberes, y luego se da más reconocimiento a publicar en revistas internacionales. Y revisar si la dinámica de ‘grupo de investigación’ disciplinar responde a las necesidades del contexto actual que requieren soluciones desde nuevo conocimiento.
El desarrollo sostenible incluye la equidad de género, un aspecto en el que aún no se ha establecido una estrategia de equidad e inclusión para la política de CTeI, tema que discutimos el mes pasado en el Conversatorio ‘Equidad de género e inclusión en la políticas de CTEI’, de la Red Colombiana de Mujeres Científicas.
- Ciencia para los jóvenes del siglo XXI: el mecanismo para la financiación de la formación de alto nivel (maestrías y doctorados) no puede seguir siendo créditos condonables. Se deben crear mecanismos de becas o proyectos de investigación a largo plazo que financian formación de talento humano dentro de sus presupuestos, tanto salarios para los profesionales en formación como para las matrículas. También, programas más fuertes de vinculación de doctores en empresas. Como lo dijo el profesor Édgar Daza, director de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia, en el reciente ‘Encuentro de ACCEFYN: Financiación y formación en investigación doctoral’: “Nos volvimos exportadores de talento humano altamente calificado”, mandamos a formar profesionales al exterior y allá se quedan, porque no hay oportunidades en Colombia.
- Ciencia para enfrentar los retos de la pandemia: como se ha manifestado en varios escenarios recientemente, Colombia cuenta con el talento humano para lograr una seguridad farmacéutica, volver a tener investigación, desarrollo tecnológico y una industria nacional que garantice nuestro abastecimiento en medicamentos genéricos, fitoterapéuticos y nuevos medicamentos, y que vuelva a producir vacunas. Este debate se dio esta semana en audiencia pública.
Esperemos que en estos 2 años que da la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional abra los espacios a las entidades representantes del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación como universidades, gobiernos departamentales, asociaciones, centros de investigación, la Misión de Sabios, entre otros, para construir en conjunto un Ministerio y una Gobernanza del Sistema Nacional de CTeI.
[su_box title=”¿Qué hacía el Ministerio diferente a lo que estaba haciendo Colciencias?” style=”default” box_color=”#d32b40″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]
Con respecto a las novedades que trajo para la ciencia en Colombia que Colciencias se convirtiera en el Ministerio de Ciencia, Deyanira Duque, de la Asociación de Trabajadores de Colciencias (Asocolciencias), le dijo a El Espectador: “Cambiamos el aviso, cambiamos los tapetes, pero de resto no cambió nada”. De los 132 cargos aprobados en Colciencias para su planta de cargos, solo 46 están ocupados. Lo que explica la falta de coherencia al crear un ministerio sin más recursos para su operación.
En este año y 2 meses que lleva en funcionamiento el Ministerio, una de sus prioridades era sacar adelante el Conpes Política Nacional de CTeI, del cual se conoce solamente un primer borrador, que no menciona ni la pandemia ni estrategias de equidad de género, y el decreto “por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)”, que –para extrañeza de todos– no ha sido sancionado, como lo dice la reciente carta abierta de ACCEFYN al Presidente Iván Duque.
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La autora de esta columna agradece a Gonzalo Ordóñez, Ángela Camacho e Iván Montenegro por sus aportes.
Imagen principal: Pxhere.
