Era inminente la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley que eleva a ‘servicio público esencial y universal’ el acceso a Internet, como ha pasado en distintas partes del mundo. No obstante, el cierre de la brecha digital dependerá de inversiones y coordinación, más allá de las buenas intenciones plasmadas en el texto que reformará la Ley TIC 1341 de 2009.
Hace tiempo se clama por medidas concretas y de amplio alcance para sacar al país del rezago en materia de conectividad a Internet, las debilidades en materia de competitividad que esto implica y, peor aún, la forma como, debido a la pandemia del Covid-19 y al prolongado aislamiento, se está ampliando la brecha entre los niños y adolescentes que tienen acceso a Internet y quienes no lo tienen.
Así que esta decisión del Congreso al aprobar la ley, que el pasado 8 de junio pasó a sanción presidencial, va en línea con una realidad palpable que es la desconexión al mundo que significa la ausencia de Internet de banda ancha, y que se produce en su gran mayoría en zonas apartadas y rurales donde también el agua potable es un ‘servicio público esencial y universal’, pero muchas veces no llega, a pesar de que lo ordene la norma.
En Colombia solemos pensar que a punta de leyes y decretos se solucionan los problemas. Si se aplicara la Constitución del 91, hoy no se estaría viviendo una manifestación social de reclamo contra las instituciones como la que viene aconteciendo en las calles de todo el país. Por eso, esta ley tiene que venir acompañada de un plan liderado desde el Ministerio TIC que coordine recursos del Estado y la participación de empresas privadas, para lograr la cobertura universal que se pretende.
En cuanto a los recursos, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) fue precisamente creado hace 12 años para “financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC”.
Un estudio independiente contratado por el Departamento Nacional de Planeación en 2018 sobre el FonTIC encontró que aproximadamente el 20% de los recursos se invirtieron entre 2010 y 2017 en programas que, “si bien son importantes, no han estado orientados al cierre de la brecha digital”.
Y el informe continúa afirmando que si dichos recursos por $1,2 billones del FonTIC, que fueron destinados a 34 programas en 7 años (es el promedio de gasto en un año del fondo), “se hubieran dedicado al programa de última milla enfocado en generación de demanda, triplicando la inversión, o hubieran ampliado la capacidad en redes móviles, hoy el país estaría mejor en los índices de uso de TIC”, señala.
La idea no es llorar sobre la leche derramada o, mejor dicho, sobre la plata desperdiciada, pero sí recordarles a sus administradores que los recursos del FonTIC procedentes del tributo de las empresas del sector deben ser bien administrados y dirigidos, para cumplir con el propósito por el cual el fondo fue creado: universalizar el acceso a Internet.
Por otro lado, ya es momento de discutir que Google, Facebook y Twitter tributen, así como se viene estudiando en Europa y los países de la Ocde. Estas gigantes son quienes más se benefician económicamente por la masificación de Internet, y por eso deben poner de su parte para el despliegue de la infraestructura que lo soporta. Se les acaban los argumentos para no hacerlo.
Infraestructura pública y la última milla
En cuanto al despliegue de infraestructura, debido a la complejísima situación geográfica del país es necesario continuar utilizando distintos sistemas o tecnologías de transmisión para cubrir las necesidades, pero eso sí, que cumplan con los estándares de velocidad y latencia requeridos para el funcionamiento adecuado que requiere cualquier actividad en Internet.
El Plan Nacional de Fibra Óptica que desplegó el gobierno pasado de la mano de la mexicana Azteca Comunicaciones llega a 786 municipios de los 1.103 que tiene el país. Un importante punto de partida para que empresas o cooperativas locales puedan desplegar la llamada última milla para ofrecer el servicio.
Precisamente la última milla es una de las partes más costosas de todo el despliegue de infraestructura, y en zonas apartadas no es rentable debido a que los ingresos no compensan la inversión. Por eso, acá debe entrar el Estado.
El Gobierno ha promovido varios proyectos en esta materia. Uno de los más ambiciosos es el ‘Plan de última milla’ que pretende conectar a 500 mil hogares de estratos 1 y 2, así como a Viviendas de Interés Social (VIS) con tarifas preferenciales.
Mediante incentivos, el Ministerio TIC trabaja para que proveedores de servicios de Internet (ISP), así como proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST), participen en procesos licitatorios. Actualmente, se inició la instalación de los primeros 342.000 accesos en 403 municipios, con una inversión de $465 mil millones.
En 2018 (dato más reciente de gastos del FonTIC en su sitio web), se invirtieron $304 mil millones en la ampliación del Programa de Telecomunicaciones Sociales, de los cuales 3 cuartas partes se dirigieron a conectividad de centros de acceso comunitario e instituciones públicas.
Por otra parte, en días pasados la cartera de comunicaciones adjudicó la licitación para el proyecto de Última Milla Móvil, que ofrece servicios de Internet móvil y voz gratuitos a 340.000 estudiantes de estratos 1 y 2, y emprendedoras.
Un proyecto que merece aplausos. Pero la cruda verdad es que servirá para sumar puntos en los índices internacionales de conectividad, porque sabemos que no se puede estudiar o trabajar por medio del celular. Además de ser incómodo, se consume una gran cantidad de datos (y el plan incluye 5 GB mensuales), a pesar de que hay 20 URL de libre acceso.
Los privados, el otro componente clave
Como se manifestó en esta columna hace unos meses, es particularmente útil que el Ministerio TIC permita el uso libre de la banda de 6 GHz para Wi-Fi, pues eso facilitará el cierre de la brecha digital, brindando más capacidad en accesos, velocidad y calidad en el servicio tanto en áreas rurales como urbanas, con menores costos en el despliegue.
Los proveedores de acceso inalámbrico a Internet por lo general son cooperativas que operan en zonas rurales, y actualmente proveen el servicio a 455.000 hogares colombianos. Mediante el uso del estándar Wi-Fi 6E podrán incrementar su cobertura, aumentar la velocidad y ampliar 4 veces el número de abonados que tienen por canal.
En esta línea hay proyectos como TV White Spaces de Microsoft. Este también aprovecha las bandas de espectro radioeléctrico libres que, en este caso, ha dejado la migración de los canales analógicos de televisión a digital (TVWS). En su piloto, ya conecta de forma eficiente y con velocidades de 30 Mbps a 150 instituciones educativas, dando acceso a la red a 17.000 personas, de acuerdo con información publicada en este medio.
Entre tanto, los operadores nacionales de telecomunicaciones Claro, Movistar y Tigo-UNE han cumplido con sus responsabilidades de conexión de zonas apartadas y trabajan en el despliegue de FTTH (Fiber To The Home: fibra óptica al hogar).
Claro tienen la mayor cobertura nacional móvil e Internet fijo en zonas urbanas; Movistar, como heredera de Telecom tiene, además de Internet móvil, la más extensa red fija del país en las regiones, así como fibra óptica, mientras que Tigo-UNE será pionera en el uso de Open RAN en sus redes 4G de zonas rurales y posee un importante despliegue de FTTH.
Precisamente Open RAN será un importante ingrediente en la receta para que Internet llegue a todo el territorio nacional.
¿De qué se trata? El Open RAN utiliza hardware estándar de varios proveedores, definiéndose la funcionalidad por el software, lo que a su vez le otorga mayor flexibilidad. Esto aumenta el portafolio de proveedores, y permite mayor innovación y eficiencia. Adicionalmente, estas redes son en teoría más baratas de desarrollar, fabricar y mantener que las convencionales.
El acceso universal a Internet depende de una amalgama de estándares, tecnologías, políticas, regulaciones y sociedades entre el sector público y privado, coordinadas desde el Estado.
Por eso, el Estado debe brindar condiciones que faciliten el trabajo de quienes conforman el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, en la subasta de espectro radioeléctrico para 5G dar más peso a las condiciones de cobertura que a los ingresos que esta puede generar. Y también resguardar la competencia en el desequilibrado mercado móvil.
Asimismo es clave mantener libres de IVA equipos informáticos de gama media, computadores, tabletas y teléfonos inteligentes, como hoy lo contempla la ley; ampliar el alcance del programa Computadores Para Educar, y continuar con las iniciativas para dotar de competencias digitales a toda la población.
El Ministerio TIC ha llevado adelante una importante labor por medio de programas y planes destinados a conectar al país a Internet, y esa labor merece ser reconocida. Ahora, con esta ley que solo espera la firma del presidente Iván Duque, sería un mensaje importante ampliar sus recursos para lograr el objetivo final y que no se quede en otra declaración de buenas intenciones.
Foto: Barrett Web Coordinator (CC BY 2.0).
