Lo que el Informe Nacional de Competitividad no quiso mirar

Por: Nicola Stornelli García
Analista de tendencias digitales.

Cada año leo el Informe Nacional de Competitividad esperando un diagnóstico que incomode. Este año, en el capítulo de Economía digital (páginas 101 a 119), encontré algo más cómodo: un balance que celebra donde hay poco que celebrar y calla donde hay que hablar fuerte. Para no opinar de oídas, lo contrasté con dos informes de la OCDE: la revisión de conectividad digital de Colombia, que el propio capítulo cita como OCDE (2026), y las Perspectivas del gobierno digital 2026, publicadas en junio y lo leí y releí, esperando encontrar alguna mera alusión a las nuevas realidades de conectividad y no la hallé. Como dijo el respetado analista del sector, Jorge Fernando Negrete: “La batalla entre la infraestructura digital terrestre y la posicionada desde el espacio ya comenzó”. Colombia tiene que mirar a esa nueva realidad.

Una deuda con el título equivocado

El capítulo bautiza como “la gran deuda” un rezago en el ritmo de conectividad. Pero el ritmo no es el problema. La OCDE reconoce que Colombia creció en banda ancha fija por encima del promedio de sus miembros y aun así llegó a 17,9 accesos por cada 100 habitantes, la mitad del promedio de 36,6. Vamos rápido en una carrera donde salimos muy atrás: el rezago es de nivel, no de ritmo.

Más llamativo: el texto afirma que Colombia tiene de las menores penetraciones de la OCDE “tanto fijo como móvil”, pero la Gráfica 2, que sostiene el argumento, solo muestra banda ancha móvil. La fija, que soporta el teletrabajo, la telemedicina y la educación virtual que el capítulo invoca aparece apenas en un mapa por departamentos de 2023.

Lo que el capítulo calla y la OCDE sí dice

La fibra ya era el 48,2 % de las conexiones fijas a finales de 2024, frente al 47 % del promedio OCDE; la calidad de la fija es favorable en el contexto regional y los precios bajaron hasta parecerse a los de la OCDE. En las 19 páginas, “fibra” no aparece ni una vez, y “precio” y “asequibilidad” tampoco. Del móvil sí se habla, con Ookla (45,33 Mbps); del fijo, donde las mediciones de Ookla ponen a Colombia por encima de 200 Mbps de mediana, nada.

La brecha que duele está en el campo y la adopción. Según la OCDE, las velocidades de descarga móvil rurales son 78 % más bajas que el promedio rural de la organización y las de fija, 43 % más bajas; en 2024, el 34 % de los hogares no tenía Internet, y el 58,1 % en regiones rurales y remotas. El colombiano rural navega a 17,6 Mbps frente a 80,2 del promedio rural de referencia, y el capítulo no trae una sola cifra urbano-rural de velocidad.

Éxito 1: las obligaciones de hacer, con la ley a medias

El primer “Gran Éxito” son las Obligaciones de Hacer, con las que los operadores pagan parte del espectro con obras. El capítulo dice que la Ley 1978 de 2019 permite destinar hasta el 60 % de la contraprestación. Es cierto, pero para 2019: el artículo 140 de la Ley 2294 de 2023 elevó el tope al 90 %, justo en el periodo que el capítulo evalúa (2023-2025), y esa ley no aparece en todo el texto. Equivocar el tope de un instrumento central cambia la lectura de cuánto del pago entra en la caja y cuánto se vuelve obra que el mismo ministerio autoriza, cuantifica y verifica.

La evidencia del éxito son 519.399 millones de pesos en 1.457 localidades, tomados del informe de gestión del propio Ministerio TIC: el ministerio certificando al ministerio. La ley obliga a entregar cada año al Congreso y a la Contraloría un informe sobre las obligaciones autorizadas; el capítulo no cita ninguno. Y la OCDE encuentra que la ejecución de la inversión del Fondo Único de TIC (Futic) cayó a cerca del 60 % en 2024 y depende cada vez más del espectro; el Futic no aparece una sola vez. Si hasta el 90 % del pago se hace en obras autorizadas por el mismo ministerio y el Futic ejecuta cerca del 60 % de su presupuesto de inversión, la pregunta cae por su peso: ¿quién mira esto?

Éxito 2: líderes en el papel, rezagados en el uso

El resumen ejecutivo asegura que Colombia está “entre los líderes” del Índice de Gobierno Digital de la OCDE. La tabla del anexo dice 0,71 contra 0,70, un punto centesimal, y tercer lugar entre siete países de la región. En el índice de gobierno electrónico de la ONU, 0,78 frente a 0,89. Y el único indicador que mide si la gente usa lo que el Estado construyó es el peor: solo el 9,13 % de las personas interactúa en línea con las autoridades, contra el 65,35 % en la OCDE. En ciberseguridad, 65,87 contra 93,23.

Las perspectivas del gobierno digital 2026 confirman la cifra y desarman el titular. Ese 0,71 promedia seis dimensiones muy desiguales: 0,87 en gobierno impulsado por datos (OCDE, 0,74), 0,77 en abierto por defecto (0,59) y apenas 0,52 en “gobierno como plataforma” (0,71), la que mide sistemas compartidos e interoperabilidad. Hay que reconocer lo que Colombia hace bien: en datos abiertos marca 0,68 en OURdata contra 0,53 del promedio. Pero, según lo que reportó a la encuesta, no cuenta con correo digital, notificaciones ni una identidad digital que abra más de la mitad de los servicios en línea, algo que sí tienen 25 de los 36 miembros. Con la plataforma a medio hacer, los mejores datos abiertos de la región conviven con un 9 % de uso.

Como prueba de adopción de Inteligencia Artificial, el capítulo cuenta 113 sistemas de decisión automatizada, sin una línea sobre transparencia, supervisión o derechos de quienes reciben esas decisiones. La OCDE sí mira lo que el capítulo no: en su encuesta Colombia no registra auditorías, comités de revisión ni evaluación de riesgos previa al despliegue, y reconoce avances recientes (guía ética del MiniTIC, directiva de la Procuraduría, órgano consultivo del Conpes) que son guías, no controles. Conviene ser justo: solo 14 de 36 países exigen evaluación previa. Pero contar sistemas como si contar fuera avanzar es exactamente el error, sobre todo si he advertido lo que pasa al desplegar herramientas de análisis sobre infraestructuras sensibles, como el 123, sin marcos de control robustos.

Éxito 3: un regulador independiente al que el ministro sigue votando

El tercer éxito es la modernización institucional. El propio capítulo admite que el Ministro TIC tiene voz y voto en la CRC. La OCDE va más lejos: recomienda que el Gobierno no tenga asiento en la sesión de comunicaciones porque debilita su independencia. Si el éxito necesita esa salvedad, es una obra a medias.

Y aquí viene lo grave. El capítulo elogia la autonomía del regulador, pero no habla de competencia: “Tigo”, “Movistar”, “duopolio“, “concentración”, cero menciones. El mercado móvil cerró 2025 con la fusión Tigo-Movistar aprobada por la SIC con condicionamientos, que, según advirtió WOM, deja a Claro y al nuevo operador con más del 90 % del mercado. La CRC declaró dominante a Claro en 2021 y, según la OCDE, esa decisión no vino acompañada de medidas ex ante significativas.

Tampoco hay una palabra sobre el debate de 2026 para que los topes IMT se fijen por resolución del Ministerio y no por decreto; un capítulo que aplaude la «modernización» del marco del espectro sin mencionarlos parece un canto a la bandera. Lo mismo con los impuestos: la OCDE señala el IVA adicional del 4 % sobre los servicios móviles y recomienda que los precios de las licencias no sean excesivos. “Impuesto” aparece cero veces.

5G: llegó rápido, pero no llegó adonde duele

La competitividad digital se juega en el espectro, y el 5G es la prueba. La subasta del 20 de diciembre de 2023 asignó cuatro bloques de 80 MHz en 3,5 GHz a Tigo-Movistar, WOM, Telecall y Claro, por entre COP 318.000 y 411.384 millones cada uno. Recaudó cerca de COP 1,5 billones (unos USD 380 millones), contra un mínimo de 3,1 billones si se hubiera vendido todo; los remanentes de 700 MHz, 1.900 MHz y AWS no recibieron una sola oferta. El Ministerio lo calificó de “total éxito“. Es verdad con letra pequeña: se vendió todo lo de la banda de capacidad urbana y nada de las bandas bajas, las de cobertura.

¿Atrasó eso la llegada del 5G? No, y hay que decirlo sin regateos: Claro, Tigo y Movistar lo encendieron el 23 de febrero de 2024, dos meses después. Pero esa no es la vara. Según cifras de la CRC que recoge la propia Claro, de 29.820 sitios móviles solo el 10 % está habilitado para 5G, y Claro concentra el 68,4 % del tráfico 5G contra 15,9 % de Movistar y 15,7 % de Tigo. A finales de 2024, el 94,34 % de las antenas 5G activas ya era de Claro. Es un 5G que sigue las curvas de ingresos, no las de la brecha, y el Ministerio TIC reconoció en 2026 rezagos en bandas bajas y medias altas. Un 5G en 3,5 GHz no le sube un megabit al colombiano rural que navega a 17,6 Mbps.

Telecall y el 5G Standalone: mi apuesta

Aquí entra el 5G Standalone (5g SA). Todo el 5G colombiano del que encuentro registro es no autónomo: radio 5G sobre núcleo 4G. Eso da velocidad, pero no la deseada cuando nos hablan de 5G. El 5G ofrecido por los tres grandes no permite segmentación de red, latencias muy bajas para la industria, redes privadas ni una porción de red reservada para comunicaciones críticas como las de emergencia; para eso hace falta núcleo 5G propio. Hasta donde he podido verificar, ningún operador colombiano ha anunciado un SA comercial y la industria suele migrar pasado el tercer año de 5G, que Colombia cumple en febrero de 2027.

Mi apuesta es que ese SA lo lidere Telecall que lo ofreció al ganar una porción del espectro en la subasta del 5G. Un operador que llega sin red 4G no tiene núcleo heredado que amortizar: su arquitectura natural es nativa 5G, mientras los incumbentes tienen incentivos de sobra para exprimir primero lo instalado. Telecall, que prometió ser “un operador ágil, nuevo, digital” y es el quinto jugador del mercado, es la única pieza capaz de romper el ritmo que hoy impone Claro. Por eso importa que entre a operar. Todavía no lo ha hecho: a finales de 2024 no había iniciado su despliegue, y en 2026 el Ministerio TIC lo multó con 7.422 millones de pesos por incumplimientos, aunque le permitió conservar sus 80 MHz. Fue la decisión correcta, a condición de que cumpla: debe conectar 343 instituciones educativas y 11 estaciones 5G en carreteras. Pero necesita transporte, y ahí aparece Azteca.

La red de Azteca: la puerta que Claro no debe cerrar

Azteca Comunicaciones, del grupo de TV Azteca, opera desde 2011 el Proyecto Nacional de Fibra Óptica: más de 32.000 kilómetros que llegan a 893 municipios y cubren cerca del 83 % del territorio, de los cuales 20.000 se construyeron con recursos del Fondo TIC. Entró en reorganización en abril de 2025 y Claro pidió a la SIC autorización para comprar la red. Claro argumenta que es infraestructura necesaria y que en varios municipios es la única. Tiene razón en lo segundo, y por eso es el peor argumento para entregársela: donde es la única, quien la controle fija el precio de entrada de todos los demás.

Sume las piezas. Claro ya fue declarado dominante, concentra el 68 % del tráfico 5G y, si además fuera dueño de esta fibra, Telecall, WOM y los pequeños proveedores rurales dependerían de su competidor para transportar cada bit. La dominancia dejaría de ser de mercado para volverse estructural. El propio Ministerio TIC alertó a la SIC sobre los riesgos de la operación y recordó que aprobar la integración no equivale a autorizar la cesión de la concesión. Mi posición es simple: que la red no pase a manos de la empresa dominante y siga siendo infraestructura de acceso abierto o, si la SIC la autoriza, que sea con condiciones de acceso mayorista verificables desde el primer día que fue lo que le pidió la nueva TIGO recargada a la SIC. La OCDE pide reforzar justamente ese acceso y el capítulo calla.

Tres prioridades que no tocan la deuda

La introducción promete tres retos: la sostenibilidad de la conectividad rural, la infraestructura para una demanda creciente y la implementación de los instrumentos existentes. Las prioridades atienden uno y medio. La prioridad 1, las barreras de última milla (Decreto 1031 de 2024), es la más sólida y la más cercana a la OCDE, pero se queda corta: esta pide además mecanismos vinculantes, revisar tasas municipales y reforzar el acceso mayorista. Nada de eso figura.

La prioridad 2 propone fortalecer Fábricas de Productividad con enfoque digital: buena política productiva en el capítulo equivocado, pues las evaluaciones citadas miden ventas y empleo formal, no acceso. La prioridad 3 propone medir brechas de talento, y medir no es una política. Además, el texto proyecta un salto de 57.450 a 89.554 personas, un 56 % “en seis años”, pero la Gráfica 5 muestra que unos 50 de esos 56 puntos ocurren en un solo año: señal de un salto metodológico, no de una tendencia.

El anexo: una vitrina con fechas vencidas

Las compras por internet (12 % frente a 65,2 % en la OCDE) vienen de UNCTAD 2020, seis años atrás en un informe de 2026. La percepción de ejecutivos pone a Colombia primera de siete con 6,0 frente a 5,96, una encuesta de opinión con diferencia de cuatro centésimas, mientras que las habilidades tecnológicas (26 % frente a 77 %) nos dejan de 13 entre 16. Cuando el indicador favorece, ocupa titular; cuando no, ocupa una fila.

Lo que le pido al Gobierno

Primero, que quien certifica no sea quien recibe el aplauso: verificación independiente de las obligaciones de hacer, informe anual al Congreso y a la Contraloría, y transparencia sobre la ejecución del Futic. Segundo, subastar ya el espectro bajo: la Resolución 3214 de 2026 obliga a procesos de remanente al menos cada dos años y, hasta donde veo, no hay convocatoria. Con obligaciones de cobertura donde el mercado no llega y espacio para comunidades que operen sus propias redes, como propuse en mi columna sobre comunidades de conectividad.

Tercero, competencia de verdad: medidas ex ante para el dominante, sin ministro votando en la CRC y con análisis público de competencia antes de tocar los topes IMT. Cuarto, que Telecall cumpla y opere, con transporte e itinerancia que le permitan llevar un SA real a las ciudades, y que la red de Azteca no termine en manos de Claro. Quinto, evaluación de riesgos previa, auditoría y registro abierto para los 113 sistemas de IA, y una identidad digital que sirva para la mayoría de los trámites. Sin eso, el 9 % seguirá siendo 9 %.

Lo que no se mide, no se corrige

La deuda de Colombia no es de ritmo: es de calidad rural, de adopción, de competencia, de espectro y de financiación. De esas cinco, el capítulo toca una de manera parcial. La OCDE y la subasta del 5G cuentan la misma historia: un país que prende rápido y llega corto. Y hoy hay dos decisiones concretas que pueden empeorarlo o corregirlo: si Telecall entra a operar y si Claro se queda con la red de Azteca.

Un informe de competitividad que no habla de competencia, de impuestos ni del fondo que paga la conectividad rural no es un diagnóstico: es un inventario de leyes con balance favorable. Colombia necesita lo contrario.

(*) Analista de Telecomunicaciones y TIC para Impacto TIC.

Nota: Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la línea editorial de Impacto TIC.